El proceso de desregulación financiera puesto en marcha por el nuevo gobierno se extendió a la actividad aseguradora. La Superintendencia de Seguros flexibilizó las exigencias del denominado “inciso K”, que direccionaba una porción de las inversiones del sector hacia proyectos productivos y de infraestructura. Desde 2012 la normativa obligaba a las compañías de seguro a destinar una parte de sus fondos al financiamiento de la economía real a través de la compra de diferentes instrumentos emitidos por pymes y obligaciones negociables lanzadas por firmas de mayor envergadura como YPF. Dependiendo del segmento donde operaban, las aseguradoras debían colocar entre el 8 y 18 por ciento de sus carteras a ese tipo de inversiones consideradas estratégicas. Las nuevas condiciones dictadas por el superintendente Edgardo Podjarny eliminan los pisos y habilitan a las empresas a desprenderse paulatinamente de esas inversiones a lo largo de los próximos 24 meses. Esos activos suman un total de 23 mil millones de pesos.

La desarticulación de la medida, celebrada por la actividad, impactará sobre el costo del financiamiento y la demanda de instrumentos para las empresas medianas que busquen ampliar su capacidad productiva. La medida borrada ayer por la gestión macrista fue introducida a finales de 2012 “para canalizar el ahorro popular e institucional hacia un financiamiento productivo que garantice el círculo virtuoso de crédito, inversión, crecimiento, empleo y nuevas inversiones”. Con el objetivo de redireccionar un porcentaje de inversiones a instrumentos que financien la economía real se incluyó el inciso K al punto 35 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. En ese momento, las colocaciones destinadas a financiar proyectos productivos representaban el 0,16 por ciento de sus carteras. Si bien las aseguradoras resistieron la medida, en tres años las empresas llegaron a invertir en promedio el 15 por ciento de sus carteras en ese tipo de iniciativas y las críticas se concentraron en la falta de oferta de activos elegibles. De hecho, existía sobredemanda y faltaban inversiones viables.

De todas formas, el recambio de autoridades habilitó el reclamo del lobby asegurador para revertir la exigencia. La solicitud fue efectiva. La Superintendencia de Seguros eliminó los pisos y habilitó un cronograma para que las aseguradoras liquiden esos instrumentos. Entre las firmas reconocidas, la más demandada individualmente por el sector fue YPF. Pero además en el menú elegible para las aseguradoras existían obligaciones negociables de empresas como Newsan, Grimaldi, Impsa, Quickfood, Electroingeniería y Medanito, entre otros. Además existen múltiples fideicomisos financieros pymes y fondos comunes de inversión en infraestructura aptos para aseguradoras.

La satisfacción de la demanda sectorial implica dar por tierra con el “subsidio” al financiamiento a la economía real que representaba la exigencia de inversión a las compañías de seguros. El direccionamiento de la demanda hacia las pymes, iniciativas en las economías regionales y proyectos productivos ampliaba un mercado limitado y mejoraba las condiciones de tasa de interés, el costo del financiamiento. La resolución 39.645 de la SSN publicada ayer en el Boletín Oficial eliminó asimismo al Comité de Elegibilidad de las Inversiones de las Compañías Aseguradoras que funcionaba en el ámbito del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La inserción del Inciso K en 2012 no fue una medida aislada sino que estaba alineada con los objetivos de la legislación que regula las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y la Línea de Créditos para la Inversión Productiva del Banco Central. Ese conjunto de herramientas intentaron a lo largo de los últimos años redireccionar una porción del ahorro hacia la economía real, un comportamiento que no está en la naturaleza del sector financiero que privilegia colocaciones meramente financieras. Las autoridades del organismo de la seguridad social dieron señales de que sus prácticas de inversión relegarán los proyectos productivos y de infraestructura (ver aparte) y el BCRA relajó los requerimientos y exigencias para los préstamos de mediano plazo que deben colocar los bancos.