Los fondos buitre tienen hasta pasado mañana para argumentar ante el juez Thomas Griesa si el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda externa debería continuar. Los acreedores carroñeros que ya aceptaron la oferta del gobierno de Mauricio Macri fueron los primeros en acompañar el pedido del país para dar por tierra con las medidas judiciales. Esos fondos, una pequeña parte del 7,6 por ciento que todavía no regularizó su situación, se anotaron en los primeros lugares de la fila para cobrar en efectivo. Lo harán apenas se modifique la legislación argentina que impide otorgarles un tratamiento privilegiado. Para intentar que el grupo más agresivo, acepte los términos de la propuesta, volvió a trasladarse a Nueva York el secretario de Finanzas, Luis Caputo. De todas formas parte de su equipo está instalado en esa ciudad hace dos semanas para interactuar con los buitres a través del mediador impuesto por la corte, Daniel Pollack.

La respuesta del octogenario magistrado sobre el bloqueo llegaría a partir del viernes. A pesar de la celeridad mostrada en las últimas decisiones, es probable que la decisión de Griesa se conozca recién la próxima semana. Una expresión favorable de la Corte del Distrito Sur de Manhattan no implica el levantamiento inmediato del impedimento legal para pagarle a los inversores genuinos que tienen bonos regidos por legislación neoyorquina y europea.

Para convencer a los buitres, el equipo económico planteó que la finalización de la medida cautelar entre en vigencia en simultáneo con el pago en efectivo a los acreedores que firmen un preacuerdo hasta el 29 de febrero. Por lo tanto, ese escenario recién llegaría una vez que se derogue dos leyes vigente –Cerrojo y Pago Soberano– en el Congreso. Desde el Gobierno aseguran que con la escisión de un bloque de legisladores del Frente para la Victoria ya cuentan con los votos necesarios para avanzar en ese camino en ambas cámaras.

De acuerdo con los documentos presentados por el país a lo largo de las últimas semanas, el juez debería levantar las trabas incluso si en ese primer bloque de adhesiones no se encuentran todos los buitres como Elliott Management o Aurelius. Los nuevos abogados plantean que con las modificaciones legislativas el Gobierno tendrá vía libre para arreglar con ellos más adelante. El objetivo es recuperar el acceso fluido al mercado financiero internacional.

Ningún escrito oficial o declaración del Ministerio de Hacienda y Finanzas precisaron si los términos para quienes no regularicen su situación en esta primera instancia serán los mismos que los ofrecidos dos semanas atrás o podrían ser mejorados. Informalmente aseguran que las condiciones serán las mismas. Con esos buitres está la parte más dura de la negociación. Si todos acceden a la generosa propuesta la porción de la deuda todavía en default caería del 7,6 al 2,0 por ciento. En ese grupo se encuentran acreedores que iniciaron demandas en otras jurisdicciones, fundamentalmente en tribunales de Europa, y títulos que no fueron presentados en ninguna corte o están “perdidos”.

La propuesta del ministro Alfonso Prat-Gay para los buitres implica pagarles entre 1,5 y 3 dólares por cada dólar de capital original (la rentabilidad es más abultada cuando se contempla que muchos de esos títulos fueron adquiridos a precio de remate después del default). La ganancia varía de acuerdo al camino legal elegido por cada uno de esos fondos.

El equipo económico todavía no terminó de precisar cuánto recibirá cada buitre –son miles de demandas– si acepta la oferta pero informó una cifra global aproximada a desembolsar: 8200 millones de dólares en efectivo, contemplando el pago a los bonistas nucleados en la italiana Task Force Argentina. Para obtener esos recursos emitirá nueva deuda externa en el mercado internacional. Si pretende captar esos fondos el endeudamiento será por un monto superior.