El jefe del bloque de Diputados por el PRO, Nicolás Massot, señaló ayer que el oficialismo buscará derogar en marzo la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano para poder avanzar en la resolución de la negociación con los fondos buitre y despegar el camino para volver a tomar deuda en el mercado de capitales. “Es un pedido que nos ha hecho el ministro de Economía para poder continuar. Entendemos que las negociaciones van por buen camino. Con buenos términos para la Argentina y es importante en este sentido la predisposición de los negociadores y del juez, así que ahora nos toca hacer una movida a nosotros que la vamos a encarar en el mes de marzo”, aseguró el legislador.

La derogación de ambas leyes y el pago a los holdouts con los que el gobierno acuerde antes del 29 de febrero próximo son las condiciones que el juez neoyorquino Thomas Griesa fijó para levantar la restricción que pesa sobre la Argentina para el pago de la deuda reestructurada y permitir retornar al financiamiento internacional. “Para decirlo de forma simple: la elección de Macri como presidente cambió todo, terminó con el reinado de doce años del anterior partido gobernante liderado por Cristina Kirchner”, sostuvo el magistrado el viernes y luego aclaró que “si la Corte se negase a remover las medidas cautelares, estaría denegando injustamente a los demandantes que acordaron la posibilidad de resolver sus disputas en forma amigable”. “La medida cautelar original explícitamente le dio a esta corte el poder para modificarla y enmendarla como fuera necesario para conseguir sus objetivos y para dar cuenta de los cambios de escenario”, indicó el juez aunque supeditó esa modificación a que Argentina “elimine los obstáculos legales”.

Massot confirmó que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, ya les pidió que avancen para cumplir los deseos del juez estadounidense. “Hay muchos anuncios que ya se han hecho y que van a necesitar un tratamiento legislativo. En ese sentido es muy esperable que en el corto plazo debamos tratar las reformas necesarias para poder cerrar las reformas con los bonistas. Es algo que ya se sabe, pero es muy probable que el presidente lo anuncie”.

Por otra parte, al ser consultado sobre las modificaciones anunciadas en el Impuesto a las Ganancias y a la decisión de trasladar para el próximo año la discusión respecto a una nueva escala de alícuotas, el legislador señaló que “es muy difícil hacer todos los cambios de repente”. “Argentina viene muchos años de postergación en muchos sentidos. Ganancias, o una reforma tributaria en general, es uno de ellos. Ganancias era un impuesto que no se tocaba hacía más de siete años, cuando en un contexto inflacionario debería tocarse anualmente. Nosotros estamos ante la presión de actualizar siete años en 60 días. Por supuesto que lo queremos hacer y sabemos que hay que hacerlo”, aseguró, pero en línea con lo adelantado por el presidente Mauricio Macri dejó entrever que no será este año. “No estamos diciendo que hasta acá llegamos y que no hace falta cambiar más, pero el país tampoco puede cambiar todo de golpe. Este fue un muy buen primer paso, muy significativo para casi 200 mil trabajadores, pero no hay margen para seguir concediendo cuestiones que hay que conceder en algún momento, pero que no lo podemos hacer de repente. Como además las escalas deben discutirse legislativamente, cosa que con el mínimo no imponible no hacía falta, lo que se plantea es discutámoslo en el Congreso y veamos además de cómo modificamos las escalas, cuando lo hacemos vigente porque eso tiene también impacto fiscal y nosotros tenemos que ser responsables”. Desde los gremios cuestionan al gobierno, pues afirman que concedió medidas de alto costo fiscal a capitales concentrados como la minería y los grandes pooles sojeros, dejando en suspenso la promesa de campaña de modificar las escalas del Impuesto a las Ganancias.