Miguel Angel Gutiérrez, uno de los nuevos directores de YPF y candidato a reemplazar a Miguel Galuccio como presidente de la petrolera, fue demandado ayer en la Bolsa de Comercio por el supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas con la compra que realizó en diciembre de 2013 de la empresa Percomin, propietaria de la cadena de electrodomésticos Las Malvinas, operación por la que le reclaman 52,7 millones de pesos.

Percomin es una empresa familiar fundada en 1957 por Mario Ferraro. Luego de su muerte en 2006, sus hijos Marcelo y Martín se hicieron cargo de la firma, la cual llegó a tener ocho sucursales en Capital y Gran Buenos Aires. En 2010 abrieron una fábrica en el parque industrial Canning de Ezeiza. Primero producían sólo microondas SMEG y después se fueron diversificando al fabricar hornos, anafes, cocinas y estufas de distintas marcas como Moulinex, Electrolux, Yelmo, Atma y Patrick. La expansión vino de la mano de un crédito del Bicentenario por 4,5 millones de pesos que fue certificado por el gobierno y otorgado por el Banco Credicoop. Entre 2010 y 2013 llegaron a fabricar más de 30 mil unidades mensuales y emplear a 114 personas. El crecimiento fue rápido y en un momento comprendieron que necesitaban mayor capital de trabajo para sostener la empresa. Entonces, comenzaron a explorar la posibilidad de profesionalizar la gestión o vender la firma.

El banco de inversión Columbus Merchant Banking S.A. ya se había contactado antes con los hermanos Ferraro para ofrecerles un comprador. Por lo tanto, a través de esa compañía en octubre de 2013 se vincularon con Miguel Angel Gutiérrez, quien ofreció inyectar capital y profesionalizar la gestión. Columbus y el estudio Auren auditaron las cuentas de la firma y el 2 de diciembre de 2013 los hermanos Ferraro le vendieron Percomin a Vocación Empresaria S.A., una empresa controlada por Ristur S.A., sociedad uruguaya que, según la denuncia, es propiedad de Gutiérrez y tiene como representante legal en la Argentina a Gonzalo Martín Gutiérrez, hijo de Miguel Angel Gutiérrez. A su vez, el actual director de YPF hizo figurar el 2 por ciento de la tenencia adquirida a nombre de otra sociedad de su propiedad llamada Villarmeriel. De este modo, el 98 por ciento del paquete accionario de Percomin quedó bajo la titularidad de Vocación Empresaria y el 2 por ciento restante en poder de Villarmeriel, ambas firmas vinculadas a Gutiérrez, quien tomó posesión de la empresa el 26 de diciembre junto con su hijo Gonzalo.

La venta de Percomin fue pactada en 1.465.110 dólares, a pagar en cinco cuotas, venciendo la primera recién en diciembre de 2014. Además, se acordó el pago mensual de un canon de 1500 dólares durante dos años a los hermanos Ferraro, como compensación por el mantenimiento de garantías otorgadas por los mismos con su patrimonio personal, a favor de diversas entidades acreedoras de Percomin. La demanda presentada en la Bolsa de Comercio explicita también que en caso de que el comprador no pagara el precio convenido debería responder con el saldo total adeudado más intereses. El contrato de venta contemplaba a su vez un plazo de 60 días vigente a partir del 26 de diciembre de 2013 para que el comprador pudiera determinar un ajuste en el precio de compra en caso de detectar una variación patrimonial luego de la toma de posesión de la empresa.

El 14 de enero de 2014, a los pocos días de concretado el traspaso, los nuevos dueños no cubrieron un descubierto y el banco rebotó una serie de cheques emitidos por Percomin, hecho que, según se destaca en la denuncia, nunca le había ocurrido a la empresa desde su fundación en 1957. Gutiérrez manifestó entonces que el plan de capitalización que tenía previsto no alcanzaría para cancelar esos cheques. El 21 de enero los hermanos Ferraro reconocieron ante Gutiérrez la existencia de 35 millones de pesos en concepto de “pasivos ocultos” ya que, según la denuncia, ese reconocimiento fue impuesto como condición por Gutiérrez para aportarle fondos a la empresa y evitar así el mayor rechazo de cheques y la consecuente caída en cesación de pagos. Luego las partes siguieron negociando y el 3 de abril de 2014 pusieron fin a las diferencias al firmar un acuerdo complementario donde se formalizó el ajuste de precio por variación patrimonial que resultaba de los distintos activos y pasivos que, según Gutiérrez, no habían podido ser evaluados adecuadamente en la auditoría integral previa a la compra de la empresa y que fueron detectados en los 60 días posteriores. El saldo resultante de la cuenta de los pasivos detectados finalmente se fijó en 53,6 millones de pesos y se saldó con la cesión de dos inmuebles. Además, como parte de esa negociación se acordó un precio complementario por la venta del paquete accionario de 30,5 millones de pesos a cancelar por Gutiérrez en cuotas mensuales durante 11 años.

A partir de entonces, la situación se normalizó y Gutiérrez comenzó a pagar las cuotas mensuales del precio complementario y el canon correspondiente al acuerdo de mantenimiento de garantías. Sin embargo, en diciembre de 2014, cuando llegó el momento de pagar la primera cuota anual de 293.022 dólares, correspondiente al precio acordado originalmente de 1.465.110 dólares, Gutiérrez no lo hizo argumentando que habían surgido “nuevos pasivos ocultos” por otros 26 millones de pesos. En mayo de 2015 también dejó de abonar las cuotas del precio complementario que se iban a ir saldando junto al pago de las cinco cuotas del precio principal. En la denuncia se afirma que a través de esa maniobra, el comprador “pretendió traer al ruedo nuevamente la existencia de supuestos pasivos ocultos, sólo para transferir a los vendedores las consecuencias de hechos desfavorables del negocio”.

En medio de este conflicto, Percomin se fue achicando. Gutiérrez paralizó la actividad de la fábrica en septiembre de 2015 y la cantidad de sucursales de la cadena Las Malvinas se redujo de 8 a 4, incluyendo la sede administrativa. A su vez, el personal cayó de 114 a 25 personas. En ningún momento hubo conflicto con los trabajadores porque Gutiérrez pagó las indemnizaciones. Los hermanos Ferraro también estaban preocupados porque ellos seguían siendo garantes de los créditos tomados por la firma y tenían su casa hipotecada. Gutiérrez pagó el crédito al Credicoop, pero no liberó las garantías.

Luego de que Gutiérrez dejó de pagar las cuotas convenidas comenzó una nueva negociación para intentar llegar a un acuerdo. Los hermanos Ferraro reclaman 52,7 millones de pesos por la suma de los distintos incumplimientos. En negociaciones informales Gutiérrez habría ofrecido muchísimo menos de esa cifra. Por lo tanto, ayer se decidió presentar la demanda ante un tribunal arbitral de la Bolsa de Comercio tal como estaba contemplado en el contrato original de compraventa. Los motivos por los que Gutiérrez desembarcó en Percomin para prácticamente dejarla al borde del cierre no terminan de estar claros, pero cerca de los hermanos Ferraro especulan con la posibilidad de que haya habido un interés comercial en perjudicarlos pues afirman que Gutiérrez forma parte del directorio del fabricante de electrodomésticos Newsan, uno de los rivales de Percomin.

[email protected]