El proyecto de ley ómnibus de blanqueo de capitales y pago de sentencias previsionales implica, en materia jubilatoria, elevar en cinco años, de 60 a 65, la edad de retiro para las mujeres que no lleguen a cumplir con los aportes obligatorios. El director de la Anses, Emilio Basavilbaso, confirmó ayer que no habrá distinción entre hombres y mujeres para la edad mínima con la cual acogerse a la Pensión por Vejez, que será para todos a los 65 años. Hasta el momento, con las moratorias lanzadas por el gobierno anterior, el trámite podía iniciarse a los 60 años en el caso de las mujeres y al cabo de cinco años accedían a un haber pleno, que como piso era la jubilación mínima, tras saldar la deuda de aportes atrasados. En su lugar, con la nueva ley deberán esperar a los 65 y si no logran completar aportes, cobrarán de por vida el 80 por ciento de la jubilación mínima, monto establecido para la nueva pensión.

Basabilbaso anticipó algunos puntos del proyecto antes de su envío al Congreso. “Para todos es 65 años”, señaló respecto a la edad mínima para acceder al autoproclamado programa de derecho a la vejez. El funcionario ratificó además que “desde septiembre queda finalizada la segunda moratoria, pero se mantiene vigente la primera para los que hicieron aportes pero no llegaron a los 30 años que pide la ley”. La primera moratoria que lanzó el kirchnerismo (Ley 24.476) permitía completar aportes hasta 1993, mientras que la segunda (Ley 26.970) extendía el beneficio hasta 2003. Con ello se logró extender la cobertura previsional al 97 por ciento de las personas en edad de jubilarse, contra el 66 por ciento de 2001. Ingresaron al sistema 3,2 millones de personas, de las cuales el 70 por ciento (2,2 millones) fueron mujeres con escaso o nulo nivel de aportes. Estas nuevas beneficiarias ingresaron al sistema con 60 años y tras cinco años del pago en cuotas de aportes atrasados a la Anses, pasaron a cobrar como piso la jubilación mínima.

Con los cambios que introduce el proyecto del macrismo, las mujeres que no tengan los aportes necesarios para la jubilación o no puedan completarlos con la primera moratoria –porque les faltan del período comprendido entre 1993 y el momento de iniciar el trámite– deberán esperar hasta los 65 para ingresar al beneficio a la vejez. Este esquema crea jubilados de “primera” y de “segunda”, porque coexistirán aquellos que accedieron al beneficio con los aportes correspondientes por haber trabajado en blanco y aquellos que fueron víctimas de la informalidad y solo cobrarán el 80 por ciento de ese mínimo.

Otro punto polémico de la ley es el publicitado incremento de 45 por ciento por la actualización de haberes para aquellos jubilados que hicieron juicio al Estado pero aún no obtuvieron sentencia firme. Para actualizar los haberes respecto a los aportes realizados en la etapa activa se tomaba en cuenta el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), que daba un reajuste promedio de entre 60 y 80 por ciento. Por un decreto del Gobierno que complementa el proyecto de ley, se lo reemplazó por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que arroja un aumento de 45 por ciento para ese primer haber.

El proyecto de ley contempla además que los recursos para hacer frente tanto al pago de las sentencias y moratorias previsionales como de la actualización de los haberes, que en conjunto podría implicar una suma (a valores actuales) no menor a los 125.000 millones de pesos (75.000 millones sólo para el pago de fallos firmes), provendrá de las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y de la penalización retenida por el blanqueo. No obstante, Basavilbaso sostuvo que en caso de que el blanqueo de capitales no sea aprobado dentro del paquete enviado para su tratamiento legislativo, la mejora en los haberes jubilatorios y el pago de sentencias previsionales se realizará con aportes del Tesoro nacional. “Si no hay blanqueo, se puede pagar pero habrá un esfuerzo adicional del Estado, con dinero del Tesoro”, sostuvo el titular del organismo.

Si bien confirmó que el proyecto abre las puertas a una eventual venta de acciones del FGS, aseguró que no será necesario hacerlo en breve para cumplir con los juicios y pago de haberes. De todos modos, la utilización de los resultados financieros del FGS, que hasta el momento se recapitalizaban en la cuenta de la entidad, implicará un progresivo deterioro de esa base de ahorro (stock) de los jubilados respecto a un aumento en la cantidad de beneficiarios. La solución continúa siendo formalizar la mayor cantidad de trabajadores para poder hacer sustentable el sistema previsional. Actualmente tres de cada diez asalariados están en la informalidad.