El macrismo anhelaba despojar de poder a la procuradora general Alejandra Gils Carbó con una ley que primero la rodeara de subprocuradores facultados para acotar su campo de acción y que finalmente pusiera un plazo final a su mandato. Sin embargo, hasta ahora ni ese proyecto ni ninguno alternativo logró cosechar consenso. Incluso por tercera vez naufraga una convocatoria a especialistas en derecho penal para que expongan su parecer en la Cámara de Diputados, que estaba citada para hoy, debido a que varios anticiparon que si concurren serán críticos con la propuesta.

El proyecto para modificar la Ley de Ministerio Público Fiscal fue enviado por el Gobierno a principios de abril y tiene dos rasgos que lo definen: propone acotar el mandato del procurador (jefe de los fiscales) a cuatro años, mientras que en la actualidad es un cargo ilimitado; genera una estructura de cuatro subprocuradores que pasarían a concentrar decisiones claves: impartirían instrucciones y harían designaciones para casos especiales. La propuesta enviada al Congreso dice que los elige el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado con mayoría simple de los presentes y no hace falta que sean fiscales. Se los divide en cuatro áreas: un subprocurador de delito organizado, otro de derecho penal en general, derecho privado y derecho público. A esa estructura se agregaría un consejo general, también con amplios poderes. Un punto clave es que al procurador se lo podría echar sin juicio político: el mecanismo de juicio político será reemplazado por un mero decreto del Ejecutivo o una votación con mayoría simple en Diputados.

El día que el ministro de Justicia, Germán Garavano, fue a Diputados a explicar y defender el proyecto, fue un muy mal trago. No sólo fue cuestionado por el Frente para la Victoria sino por toda la oposición. El ministro fue con el discurso de que el proyecto no pretende desplazar ni licuar facultades a Gils Carbó, cuando era una obviedad que a nadie le pasaba inadvertida que se trata precisamente de eso. El proyecto incluso haría desaparecer todas las direcciones, unidades y procuradurías, que actualmente componen el nudo de la actividad de la Procuración: Derechos Humanos, AMIA, Lavado de activos, Violencia contra la Mujer, Seguridad Social, Ciberdelincuencia, Narcocriminalidad, Violencia institucional y los llamados Atajo, que atienden zonas de alta vulnerabilidad. Lo que sucedió en el encuentro con Garavano es que un amplio abanico de diputados dejó en claro su presentimiento de que el Gobierno quiere crear una Procuración con nombres a medida que maneje las investigaciones y erradique todas las áreas que hoy funcionan como verdaderas usinas de información. El ministro tiene el discurso de que esa es la antesala para aplicar la reforma procesal penal y el sistema acusatorio (que da protagonismo investigativo a los fiscales), pero tampoco le creen: la propuesta es vista como una forma de mantener al Ministerio Público sometido a los mandatos del Poder Judicial , además de al Ejecutivo.

Tanto el Bloque Peronista como el Frente Renovador alertaron ese día la “transferencia de poder a los subprocuradores”. Margarita Stolbizer (GEN) señaló que habría un “desapoderamiento total de la Procuración como figura central”. Myriam Bregman (FIT-PTS) dijo que veía las políticas de los Estados Unidos detrás de la iniciativa, alertó sobre cierta coordinación con otras reformas (como la que introduce los agentes encubiertos) y “mecanismos de espionaje” y advirtió que en el fondo se busca “blindar el ajuste en curso y la impunidad de quienes lo apliquen”. Fue elocuente que nadie de Cambiemos respaldó a Garavano ni ese día ni después.

El peronismo y el massismo, en el fondo, quisieran impulsar la salida de Gils Carbó y, de hecho, tenían su lista de candidatos a reemplazarla, como el fiscal Guillermo Marijuán, el fiscal Ricardo Sáenz, José María Campagnoli y Raúl Pleé. Son todos fiscales identificados con el 18F, la marcha por la muerte de Alberto Nisman que en rigor fue contra el gobierno de Cristina Kirchner, y que ahora se suman a causas que desacrediten al kirchnerismo. En algún momento, aunque fueron críticos con las figuras de subprocuradores, pensaron que podrían sacar provecho. Pero ninguno de esos candidatos quiere la reforma así planteada.

Si se juntara toda la oposición, el oficialismo no tendría dictamen de mayoría. Esta última semana comenzó a circular entre algunos diputados del Frente para la Victoria, el Bloque Peronista y el massismo un borrador con un proyecto alternativo. Nadie se termina de hacer cargo de la autoría, pero el texto está. Dentro del FpV, hay diputados dispuestos a negociar cambios y otros que sólo consideran que el proyecto debe ser rechazado in límine. En el Frente Renovador no hay una postura uniforme, y se siente el impacto tras la polémica por la ley antidespidos, que los dividió. El hecho es que el borrador en cuestión plantea en lugar de un mandato de cuatro años para el procurador, un mandato de siete, sin aclarar si se aplicaría de manera retroactiva (lo dejaría librado a decisiones judiciales), pero le daría aire tres años más a Gils Carbó a menos que se tomen otro tipo de medidas; hay una propuesta para quitar los subprocuradores (que no avalan todos los massistas) y dejar el consejo asesor de fiscales, posiblemente elegidos por el voto de todos los fiscales.

En el Gobierno, atribuyen la imposibilidad de lograr un consenso y tratar el tema, a que la agenda parlamentaria estuvo recargada de otros grandes temas en este tiempo, desde los fondos buitre hasta la ley antidespidos. Pero dan señales de que están bien dispuestos a negociar cambios en la letra de su propuesta, aunque no en los grandes trazos. Por ejemplo, están convencidos de que el Procurador no debe intervenir en los concursos de fiscales, que debe hacerlo el consejo general; pero aceptarían rever la estructura de subprocuradores.

La Comisión de Justicia había convocado para hoy a una larga lista de especialistas para que expresen su opinión en una audiencia pública. Los invitados son representantes de ONG del ámbito del derecho, como Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales y Sociales, la Asociación de Mujeres Juezas, el Consejo Federal de Procuradores, la Junta Federal de Cortes, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación de Magistrados, El Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otras, y algunos penalistas a título personal, desde los fiscales Luis Cevasco y Campagnoli, hasta Manuela Garrido, el juez Daniel Petrone, Ricardo Gil Lavedra y un grupo de fiscales provinciales, también entre otros. El hecho de que varios anticiparon que tienen postura crítica con buena parte del proyecto obligó a suspender por segunda vez en dos semanas el cónclave.

Los organismos de derechos humanos tuvieron que reclamar que los inviten. Le enviaron una carta al titular de la Comisión de Justicia, Diego Mestre, en la que advierten que la reforma podría impactar en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, ya que afecta al Ministerio público “una de las piezas neurálgicas en la persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos donde se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado”. Piden un tratamiento “democrático”, con “debate”, para una ley tan importante. Firman Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, APDH y Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ninguno de ellos había sido invitado.