La Justicia falló a favor del reclamo de un grupo de vecinos de Villa Gesell que presentaron una medida cautelar para evitar que por 60 días se produzcan cortes en el servicio de gas, cuyas facturas alcanzan, en algunos hogares, los 10 mil pesos. La medida fue una iniciativa del conjunto de los vecinos y presentada por el intendente de la ciudad, Gustavo Barrera (FpV). El miércoles, los vecinos tomaron la sede local de Buenos Aires Gas S. A. (Bagsa) en reclamo por lo que consideraron “subas disparatadas e impagables”. Además de esta medida preventiva y temporal, los vecinos presentarán un amparo para exigir que se retrotraiga la tarifa del gas a la cifra del año pasado y se consideren las condiciones climáticas de la ciudad para obtener una tarifa diferenciada.

El lunes, un grupo de docentes de la escuela especial N° 501 de Gesell recibió la primera factura de gas con las nuevas tarifas. “Empezamos a comentarlo entre compañeros y vimos que aparecían facturas de seis mil, siete mil y hasta diez mil pesos”, contó a Página/12 Nicolás Tortarolo, delegado de Suteba. A partir de ese núcleo comenzó a gestarse una mesa multisectorial que convocó también a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y se convocó a una asamblea para el martes por la tarde a la que sumaron decenas de vecinos.

“Nuestra sorpresa –aseguró Tortarolo– fue que esperábamos ser quince o veinte y terminó siendo una reunión de setenta personas”. La convocatoria fue sorpresiva aunque justificada: “En esa reunión descubrimos varios casos como el de uno de los vecinos que debería pagar 8 mil pesos de gas, con un sueldo de 10 mil. La situación de la mayoría de los vecinos es que los números no cierran”, contó el delegado de Suteba.

El miércoles, los vecinos se manifestaron en la puerta de Bagsa. Allí permanecieron desde la mañana durante toda la franja horaria de atención al público, impidiendo el ingreso de personas. En asamblea, llamaron al resto de los vecinos de la ciudad (que comprende también a las localidades de Colonia Marina, Mar de las Pampas, Las gaviotas y Mar Azul) a no pagar las facturas hasta que se retrotraiga el monto al previo a la suba de tarifas.

Además, durante la toma, el intendente de la ciudad se hizo presente y propuso presentar, en calidad de representante de los habitantes del municipio, la medida cautelar que se venía discutiendo entre los vecinos.

“Lo cierto es que las facturas que han llegado a los usuarios del servicio de gas son ‘imposibles de abonar’ –explica la acción presentada por Barrera– y así, la comunidad geselina en pleno se encuentra movilizada a través de acciones de amparo en defensa de nuestros legítimos derechos”. Con ese fundamento, el municipio recurrió a la Justicia para proteger “el derecho de los habitantes geselinos, entre los que encontramos niños, ancianos y personas con discapacidades, a las que se le provocaría un gravísimo perjuicio si Bagsa procediera al corte del servicio”.

El pedido del intendente manifiesta también que la situación “pone en absoluto riesgo a los usuarios de esta ciudad”, motivo por el cual los vecinos necesitan que se dicte la medida judicial “a efectos de que por la falta de pago de las facturas de los ciudadanos geselinos no se proceda al corte del servicio, indispensable para nuestro bienestar”.

La solicitud obtuvo el aval de la juez de paz local Graciela Dora Jofré, que señaló en su resolución que observa “la existencia de un derecho verosímil y un peligro inminente que le da sustento en cuanto si no se resuelve la presente medida cautelar se pondrían en riesgo derechos constitucionales de los que gozan los ciudadanos”.

Por otra parte, continuó la magistrada, “no puedo dejar de contemplar que se afectan derechos de niños, niñas y adolescentes, ciudadanos privilegiados de esta comunidad; siendo por lo tanto de aplicación la ley 26.601 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. Por estos motivos, Jofré obligó a Bagsa a suspender los cortes por facturas impagas por el término de 60 días.

Sin embargo, el reclamo de fondo de los vecinos aún no está resuelto, por lo que en los próximos días presentarán un amparo con el que buscan que se dé marcha atrás con la suba de tarifas, pero también que se recategorice al municipio para que sea considerado “zona fría”, como se hizo con Mar del Plata.

“También queremos pedir que haya un control en cuanto a la toma de mediciones porque nos encontramos con que hay hogares distintos del mismo barrio que consumiendo la misma cantidad de gas deben pagar montos diferentes”, explicó Tortarolo.