La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley de impulso a la integración de partes y piezas nacionales en el sector automotor, que contempla un incentivo fiscal creciente para terminales, fábricas de camiones, autopartistas, forja y fundición y empresas de maquinaria agrícola. El proyecto de ley fue elaborado hace tiempo por el Smata y presentado por Oscar Romero, dirigente del gremio y diputado nacional por el Bloque Justicialista, que el gobierno retomó. La ley también recibió el apoyo de las terminales automotrices y de los autopartistas, más allá de que ambos sectores siguen dominados por la incertidumbre que genera la crisis en Brasil. El proyecto contó con el visto bueno de los bloques opositores para concretar su media sanción.

La iniciativa de impulso al autopartismo se centra en un beneficio fiscal creciente para cada eslabón de la cadena automotriz en la medida en que aumente su integración de piezas locales. Impacta sobre la terminal que compra autopartes, sobre los autopartistas que también se abastecen de piezas y sobre el sector de forja y fundición. Establece una escala de reintegros mediante un bono fiscal para cancelar cualquier impuesto nacional. “Los incentivos aplican para las nuevas inversiones que impliquen plataformas exclusivas para el Mercosur”, explicó el secretario de Industria, Martín Echegoyen, en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Producción, Francisco Cabrera; el de Trabajo, Jorge Triaca, y el diputado Romero. Entran al esquema las recientes inversiones de Ford con la Ranger, de Toyota con la Hilux y el de Nissan. Cambiemos obtuvo el apoyo del massismo y del Bloque Justicialista, mientras que el Frente para la Victoria acompaña con disidencias.

El déficit comercial en el sector automotor implica una enorme merma de divisas para la economía nacional. El año pasado se importaron autopartes por 7984 millones de dólares mientras que las exportaciones de piezas llegaron a 1654 millones, lo que representó un déficit comercial de 6330 millones de dólares. La integración promedio de partes nacionales en los autos argentinos está en el 22 por ciento y el objetivo del gobierno es llevarla al 38 por ciento.

Al reducir el pago de impuestos mediante la compra de partes locales, se vuelve más competitivo el fabricante nacional frente al extranjero. El beneficio impositivo que prevé el proyecto de ley tiene una vigencia de diez años y se calcula como un porcentaje sobre las compras de piezas locales descontados los impuestos y las bonificaciones. Para vehículos livianos y utilitarios, el reintegro arranca en un 4 por ciento para el nivel de integración considerado mínimo, que es del 30 por ciento medido como pieza nacional sobre pieza extranjera, sin contar mano de obra ni impuestos. Como la industria está en promedio por debajo del 30 por ciento de piso, el Gobierno espera que la ley impulse en el corto plazo compras locales para alcanzar el primer escalón del beneficio.

Los reintegros impositivos ascienden a medida que lo hace la integración de partes nacionales, hasta llegar a un 15 por ciento si el componente local es de un 50 por ciento. En el caso de los vehículos pesados y camiones, el beneficio impositivo arranca en el 25 por ciento de integración. También hay reintegros previstos para la compra de matrices y moldes fabricados en el país y para los fabricantes de motores, cuyo contenido mínimo nacional se fijó en el 15 por ciento por tres años y del 20 por ciento a partir del cuarto año. También se prevé un piso menor de integración para las autopartes que involucren nuevas tecnologías.

El apoyo del Gobierno a la iniciativa aparece en un momento delicado para la industria, con niveles de producción que están muy por debajo de los máximos de los últimos años. Los datos de Adefa muestran una caída de la producción del 12,5 por ciento en los primeros cinco meses con respecto a 2015. Las exportaciones de autos bajaron un 26,5 por ciento en el mismo período y las ventas a los concesionarios locales aumentaron un 28,9 por ciento a pesar de que las ventas en el mercado local registran una caída acumulada del 5 por ciento. En el sector hay suspensiones y riesgo de despidos, según los gremios.

Uno de los puntos de la iniciativa que generó cierta polémica es la exigencia de sostener la cantidad de empleados en relación al período junio 2015 y julio 2016 para acceder a los beneficios fiscales. A pedido de las empresas se flexibilizó esa cláusula a través de la conformación de un comité evaluador conformado por la cámara empresaria y el gremio que corresponda al sector, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Industria para analizar casos de excepción.

El proyecto de ley también contempla la reducción de los derechos de importación de extrazona al cero por ciento para la adquisición de moldes y matrices y el anticipo del 15 por ciento del beneficio para el desarrollo de proveedores durante los cinco primeros años de vigencia del régimen.