A pesar de que el Gobierno buscó justificar los despidos masivos en el Estado nacional a comienzos de año bajo el argumento del “ahorro fiscal” que suponía dejar de pagar esos salarios, los datos de ejecución presupuestaria de las remuneraciones de la administración nacional reflejan subas interanuales del 36/37 por ciento, muy por encima del crecimiento del 26 por ciento del gasto público en promedio. La aparente contradicción se explica porque Cambiemos contrató una gran cantidad de asesores con cargos extraescalafonarios, con sueldos significativamente mayores a los de la planta regular de trabajadores. Por otro lado, aumentó el peso de la estructura política del Estado (ministros, secretarios y subsecretarios), que exige mayor erogación fiscal. La información fue relevada por el Círculo de Estudios Laborales (Celab) que funciona en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.

En apenas un par de meses, el Gobierno echó a 10.921 trabajadores que se desempeñaban en distintas dependencias del Estado nacional. Numerosas historias de aquellos primeros días del año, narradas en primera persona, daban cuenta de que el relato oficial sobre los ñoquis era una gran mentira. Los trabajadores fueron despedidos (o su contrato no fue renovado) sin justificación, incluso en muchos casos recibieron felicitaciones por su tarea pero “había que hacerlo igual por órdenes de arriba”. El blanco predilecto fue el empleado con algún tipo de sintonía con el Gobierno anterior. Fueron particularmente afectados organismos ligados simbólicamente al kirchnerismo, como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) o el Centro Cultural Kirchner.

“Pero las desvinculaciones también se orientaron a dar forma al nuevo tipo de Estado que el macrismo prevé construir. En consecuencia, los despidos afectaron particularmente las áreas del Estado cuyas atribuciones son consideradas por el oficialismo como de baja prioridad, innecesarias o directamente contraproducentes”, indica el informe del Celab. En ese sentido, recuerda que fue desmantelado el equipo del Plan Progresar (Ministerio de Hacienda) y reducidas las áreas de fiscalización y el Programa Asistir, que brindaba asistencia jurídica a trabajadores con conflictos laborales (Ministerio de Trabajo). También destaca los 300 despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, los 800 empleados echados del Ministerio de Salud que se desempeñaban en las áreas de salud mental, sexual y reproductiva, 200 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más de 1000 despidos en el Ministerio de Cultura y 100 en Ministerio de Seguridad.

El informe del Celab da luz sobre uno de los argumentos utilizados por el macrismo para justificar los despidos. Según estimaciones oficiales, el “ahorro” fiscal por dejar de pagar esos casi 11 mil salarios llegaría a los 3 mil millones de pesos por año. “Sin embargo, no parece haberse producido una disminución de la carga presupuestaria del empleo en el gasto total, sino más bien todo lo contrario”, indica el trabajo. Detalla que “las remuneraciones es uno de los conceptos del gasto de la administración pública nacional que más crecieron durante estos últimos meses (36,1% interanual en mayo; 36,1% en abril; y 39,7% en marzo)”. Ese incremento está muy por encima del aumento promedio del gasto del Estado (26 por ciento) y de la paritaria firmada por UPCN, apenas por encima del 31 por ciento. “Esto podría ser el resultado, en primer lugar, de la proliferación de cargos extraescalafonarios, que están de la estructura del Estado y son creados especialmente por las autoridades políticas para la contratación de asesores con sueldos significativamente mayores a los de la planta regular de trabajadores. Por otro lado, esta situación también obedecería al significativo reemplazo de contratos correspondientes a categorías salariales bajas por otros de categorías altas. Por último, es notable el crecimiento de la estructura política del Estado: entre diciembre de 2015 y enero de 2016 la cantidad de Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado creció de 252 a 309”, agrega el Celab.

El trabajo también contiene una evaluación sobre la dinámica del empleo público entre 2003-2015, que alcanzó del 18,5 por ciento sobre el total de los ocupados en 2004 (a raíz del desguace del trabajo en el sector privado) y en 2015 se ubicaba en un 17,5 por ciento. Del total de los 129.768 nuevos trabajadores que se incorporaron en ese período, el 58 por ciento lo hizo en los regímenes de planta permanente y transitoria y el 42 por ciento restante, como contratado. Esas proporciones representaron una sustancial mejora con respecto a la calidad del empleo público en relación a los `90, a pesar de que se mantuvieron altos índices de relativa informalidad.