El Gobierno se pronunció en contra del proyecto de ley impulsado por la CAME y la Cámara de Comercio (CAC) para reducir las comisiones que cobran las tarjetas de crédito a los comercios y en cambio apuesta a incrementar a mediano plazo la competencia en el sector a través de una serie de cambios regulatorios. En esa línea, adelantó que abrirá un caso por presuntas prácticas anticompetitivas en contra de la empresa Prisma, que comercializa a Visa Argentina. Además, sugirió que introducirá cambios regulatorios para transparentar el sobreprecio que supermercados y retails cargan sobre los pagos en una cuota para favorecer las ventas en doce cuotas sin interés.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) presentó ayer su primer informe sobre las tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, junto al titular de la CNDC, Esteban Greco, plantearon que en ese sector existe un déficit de competencia, que llegaría incluso a ser abuso de posición dominante en el caso de Visa Argentina. La idea del Gobierno es promover la competencia en el mercado, para lo cual la CNDC emitió recomendaciones dirigidas al Banco Central y a la Secretaría de Comercio. Al mismo tiempo, los funcionarios se manifestaron en contra de la regulación explícita que proponen las cámaras empresarias para bajar las comisiones del 3 al 1,5 por ciento, proyecto que cuenta con dictamen de favorable en el Senado. “Es un error mirar la tasa final solamente. La competencia debe hacer su trabajo”, manifestó Greco.

La investigación oficial se centró en la posición de la empresa Prisma, que pertenece a los 14 bancos públicos y privados más importantes del país. Es la única empresa con cuenta con la licencia de Visa Argentina, responsable del 58 por ciento de las transacciones de pago electrónico del mercado local. Le siguen en importancia Mastercard (11 por ciento), AMEX (10 por ciento) y Tarjeta Naranja (9 por ciento). En total, Prisma emite el 80 por ciento de las tarjetas de crédito, aunque sólo lo hace de forma exclusiva con Visa Argentina. También tiene presencia en el segmento de procesamiento de datos, interfaces para pagos electrónicos, como el Posnet, y en la red de cajeros automáticos.

La hipótesis de fondo es que los bancos más importantes del país forzaron a todo el sistema a incrementar las ventas con tarjeta de crédito en varias cuotas con comisiones que están un punto porcentual encima de las que se cobran en Colombia y México, 1,5 punto en relación a Canadá, Nueva Zelanda y Brasil y dos puntos por arriba de los países europeos. Así se encuadra el reclamo de los comercios, que llegaron al Congreso para pedir un cambio de la ley de Tarjetas de Crédito a través de la reducción de las comisiones que tienen que afrontar. El Gobierno iniciará una investigación contra Visa Argentina y buscará al mismo tiempo elevar las multas máximas que prevé Defensa de la Competencia, que actualmente no superan los 150 millones de pesos.

Del 3 por ciento de comisiones que paga el comerciante por la venta con tarjeta de crédito, 2,85 puntos va hacia el banco emisor de la tarjeta, mientras que 0,15 punto embolsa el banco con el que trabaja el comercio. La CNDC sugirió al Banco Central que regule aquel 2,85 por ciento, lo que significaría introducir un tope más bajo. Si, por ejemplo, ese techo queda establecido en 1,5 por ciento para el banco emisor, el restante 1,5 por ciento sería cobrado por el banco del comercio (mercado de adquirencia). La idea del Gobierno es impulsar la competencia en el mercado de adquirencia, que hoy domina Visa. La CNDC propone, entre otras medidas, prohibir la exclusividad por marca. De esa manera, asegura, bajaría ese 1,5 por ciento a medida que ingresan nuevos competidores. De todas formas, si llegan a aplicarse esas recomendaciones, cualquiera sea el resultado se podrá ver recién a mediano plazo. En este punto, el contraste es evidente en relación al proyecto de ley en el Congreso que empujan la CAME y la CAC.

Por otro lado, la CNDC sugirió a la Secretaría de Comercio “transparentar los precios de los productos y las condiciones de financiamiento”. Esto implicaría que las tarjetas expliciten el costo real del financiamiento en doce cuotas sin interés. “Los que pagan a contado están subsidiando a los que abonan en cuotas. Eso es inequitativo”, indicó Cabrera.