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“Es una ingenuidad. Cuando hay actividades monopólicas, el Estado debe intervenir con leyes concretas”, dijo a este diario Osvaldo Cornide, titular de CAME, consultado sobre la propuesta del Ministerio de Producción de impulsar la competencia en el mercado de tarjetas de crédito con la idea de que en algún momento bajen las comisiones que pagan los comercios por las ventas a plazo. Por su parte, la Cámara de Comercio (CAC) apoyó las modificaciones que sugirió la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) al Banco Central y a la Secretaría de Comercio y pidió transparentar el esquema de venta en cuotas. Ambas entidades impulsan la baja de las comisiones de las tarjetas mediante cambios en la ley, algo a lo que el Gobierno se opone.

La CAME y la CAC vienen impulsando un proyecto de ley para modificar la ley de Tarjetas de Crédito para reducir las comisiones que pagan los comercios del 3 al 1,3/1,5 por ciento. La iniciativa cuenta con dictamen favorable en el Senado y podría ser tratado en el recinto en las próximas semanas. Frente al avance de esa propuesta, el Gobierno apuró la difusión del informe sobre el sector que viene preparando hace unos meses la CNDC. La entidad se posicionó en contra de la postura de los comercios y en cambio propuso una serie de cambios a la legislación que permitirían estimular la competencia y así reducir las comisiones.

En paralelo, el Gobierno adelantó que abrirá un expediente por presuntas prácticas anticompetitivas en contra de la empresa Prisma, que comercializa a Visa Argentina, cuyos dueños son los 14 bancos públicos y privados más importantes del país. Ante esa amenaza, Prisma respondió que la firma “ha ajustado su accionar a la normativa en todo momento, no posee ningún tipo de exclusividades, sino que trabaja con libertad en todas sus actividades, sin generar barreras de entrada a competidores en sus negocios”. El planteo oficial sugiere que Prisma forzó a todo el sistema a incrementar la proporción de ventas a plazo, con comisiones que pagan los comercios por encima de las que existen en países vecinos y también en desarrollados.

Más allá de la investigación en contra de Prisma y los cambios regulatorios que el Gobierno podría tomar para incrementar las posibilidades de competencia en el sector, la CAME consideró que la disposición oficial para intervenir en el tema no es lo suficientemente decidida. “En junio el BCRA emitió una circular de cumplimiento obligatorio donde crea tres instrumentos de pago/cobro (mobile pos, el botón de pago en Internet y el monedero electrónico) y ninguno de los tres fue implementado por los bancos. Somos escépticos de que el mercado se vaya a autorregular cuando una norma de carácter obligatoria del BCRA no la está cumplimento”, advirtió el vocero de la entidad, Vicente Lourenzo. “CAME logró modificar la ley de tarjetas de crédito con una reducción del 10 al 5 por ciento en el año 98, y en el 2003 del 5 al 3 por ciento, y logró el tope del 1,5 por ciento para tarjetas de débito. Esto demuestra que el sistema no se autorregula”, agregó Lourenzo, aunque apoyó la investigación de la CNDC contra Prisma.

Desde la CAC apoyaron la investigación a Prisma porque “es necesario romper la situación de posición dominante”. Sin embargo, advirtieron sobre la necesidad de aplicar cambios de corto plazo a través de la ley para reducir comisiones y transparentar el costo financiero “oculto tras las doce cuotas sin interés”.