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Los trabajadores del INTA denunciaron un recorte de 1140 millones de pesos en el presupuesto 2017, un preanuncio del cambio de modelo para el organismo. De los números surge que buena parte de la poda de recursos, 218 millones, corresponden a salarios. Peligran más de 630 puestos de trabajo, asistencia a productores y proyectos estratégicos.

De acuerdo a un comunicado del gremio Apinta, la disminución de la masa salarial de profesionales y científicos supone una amenaza concreta para 300 contratos y 330 trabajadores de la planta no permanente. A ello se suman unos 340 becarios en formación que no podrán ser incorporados, lo que afectará el mantenimiento de la planta profesional, tanto la creación de nuevas áreas de trabajo como el reemplazo de las vacantes por jubilaciones.

Aunque el sector agropecuario se encuentra entre los elegidos por la administración de la Alianza PRO, que favoreció principalmente al sector exportador apenas asumió el gobierno, principalmente vía la devaluación y, especialmente, la eliminación parcial de retenciones, también parece estar en curso un cambio de modelo más profundo hacia el interior del sector. El nuevo paradigma indica que el proceso de acumulación, apropiación y difusión de conocimiento no se considera un área en la el Estado deba tener una participación central. Si existían dudas sobre el carácter de la nueva administración, los recortes presupuestarios a las universidades públicas y, ahora también, a un organismo de difusión y aplicación de tecnología, evidencian el nuevo camino. Vale considerar que, tras una fuerte recuperación de personal y funciones en los primeros años 2000, en el último lustro el crecimiento de la planta del INTA promedió 2,5 por ciento por año. El número importa porque la amenaza de achique y recorte presupuestario se produce en medio de una campaña de estigmatización de los trabajadores públicos.

Para los profesionales y técnicos con muchos años en la institución vuelve a sobrevolar la sombra de los 90, cuando el mandato de la conducción de la entidad pública fue que los recursos para investigación debían surgir de la cooperación con el sector privado. El resultado de aquel modelo fue en la práctica que el Estado, vía el dinero que destinaba al INTA, contribuía a la Investigación y Desarrollo de las principales empresas privadas, quienes virtualmente definían y conducían las áreas de investigación y se apropiaban mayoritariamente de los resultados, un camino que desvirtuaba el sentido y razón de ser original del organismo.

Otros puntos que preocupan de la nueva política son la pérdida de la autarquía para la designación de personal de Ciencia y Tecnología, potestad que quedará a cargo de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización. Según denunciaron los trabajadores ya no será por concurso, de los que se realizaban alrededor de 500 por año.

Además del impacto directo sobre el personal, el recorte implica disminuir la presencia territorial, lo que reducirá la asistencia a productores y familias en las regiones. El gremio detalló que podría haber demoras y postergaciones en los proyectos de investigación, lo que en algunos casos supone un riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante años y el abandono de proyectos estratégicos.