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La forma en que debe ser enfrentada la ofensiva judicial desatada en Estados Unidos contra bienes argentinos generó controversias al interior del Gobierno. En algunos sectores disienten con la estrategia de la Cancillería de recurrir a una queja ante el Departamento de Estado. También con la exposición pública asumida por la Procuración del Tesoro. Ambas circunstancias estarían reñidas con el objetivo de minimizar el efecto político y “psicológico” provocado por las inhibiciones. El argumento es que las posibilidades de resolver el conflicto por la vía estrictamente judicial son máximas.
Las inhibiciones conocidas hasta ahora pesan sobre bienes destinados principalmente a la representación diplomática del país. Además, las medidas fueron resueltas por tres juzgados de primera instancia, en dos condados de Maryland y uno en Columbia. En todos los casos, las decisiones ya fueron apeladas con el objetivo de “federalizar” la pelea judicial y pedir la revocación de las medidas.
Quienes representan judicialmente a la Argentina sostienen que no son sólo los tratados internacionales los que protegen a estas propiedades, sino también la propia legislación estadounidense. La inembargabilidad de estos activos está garantizada por la Foreign Sovering Inmunities Act, no sólo por la Convención de Viena. De esta manera, los defensores de la Argentina descuentan que la vía judicial resulta suficiente para evitar que se llegue a los embargos. Salvo, hasta ahora, en un solo caso, el de la residencia del agregado naval en Washington, que tiene sus dos primeros pisos alquilados para uso comercial. En la planta baja funciona un banco y en el primer piso, un estudio jurídico.
En otro orden, la asimetría existente entre el valor de los inmuebles inhibidos y los montos reclamados supone que, incluso en el peor de los casos, el dinero en juego tiene nula incidencia para las cuentas públicas argentinas. El problema está en otra parte: en el ruido “político y psicológico” sobre la renegociación de la deuda.
El canciller Rafael Bielsa relativizó el problema al decir que “este tema no es nuevo para la Argentina, ya hemos tenido situaciones similares en Alemania e Italia, y en estos casos hemos hecho lo mismo que ahora: elevar una nota de protesta a las cancillerías y luego defendernos judicialmente”.
En la Cancillería creen que un pronunciamiento del Departamento de Estado servirá para poner fin a los ruidos que puedan hacer medidas de juzgados menores. Quienes critican esta posición recuerdan la tradición de independencia judicial estadounidense. Así consideran que a pesar de la protección de la legislación internacional y local, las inhibiciones no terminarán con las ya conocidas y deben esperarse más. Que el Estado argentino no pueda ser ejecutado no significa que no pueda ser llevado a juicio y condenado. Por eso son partidarios de que el mejor camino es concentrar las energías en el frente judicial.