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La esperada declaración de una de las piezas clave de la estructura de poder de Santiago del Estero prendió ayer otra usina de escándalos en la provincia. El testimonio del ex diputado Carlos “Pololo” Anauate –preso por el doble crimen de La Dársena– acaba de poner en manos del juez federal Angel de Jesús Toledo nuevos elementos de prueba en la causa abierta contra la gobernadora Mercedes Nina Aragonés de Juárez, denunciada como presunta autora intelectual de los destrozos a la casa del diputado menemista José Figueroa durante julio de 2002. En este momento, Toledo está en condiciones de pedir la indagatoria para la gobernadora. Según le adelantaron a Página/12 fuentes inobjetables del juzgado, el pedido se formalizaría entre el viernes y lunes próximo.
Carlos Anauate es uno de los personajes más controvertidos del juarismo santiagueño. Fue jefe de la juventud peronista, diputado del riñón del caudillo Carlos Juárez durante los últimos años y jefe del aparato de movilización del gobierno. Cayó en desgracia el año pasado durante la investigación del doble crimen de La Dársena. Era uno de “los hijos del poder” denunciado por los familiares como participante de la fiesta de sexo, drogas y poder donde habría muerto Leyla Bshier. Desde noviembre está preso por el doble crimen, pero su situación se complicó aún más hace un mes, cuando la Justicia federal lo imputó por una denuncia del diputado menemista José “Pepe” Figueroa.
Esa es una de las causas que ahora mantiene en vilo y en estado de asamblea permanente al gobierno de Nina Juárez. Hace una semana, el policía retirado César Valdivia la denunció en el juzgado como autora del complot que incluía un escrache para el diputado menemista, los destrozos a su casa y una supuesta orden de homicidio. Figueroa era parte de la oposición política al juarismo, aliado de Carlos Menem en el interior.
Hasta ahora el juzgado esperaba la declaración de Anauate para sumar elementos de prueba a la denuncia del diputado y al testimonio del policía. La gobernadora, diputados, funcionarios de primera línea y dirigentes gremiales están denunciados por un supuesto intento de homicidio y como autores ideológicos del delito de agresión en banda. De acuerdo a los datos recogidos por este diario, el testimonio de Pololo Anauate era esencial para la recolección de pruebas.
“Anauate dijo todo lo que sabía, pero negó que haya estado el día de los destrozos en la casa de Figueroa”, explicó una fuente de investigación. Aun así su testimonio tendría el carácter de prueba. “No estuvo ahí –continuó la fuente consultada– pero estuvo durante la planificación, porque eso fue algo premeditado, parte de un plan preparado con dos o tres días de anticipación.”
Según la fuente consultada y de acuerdo al relato de Anauate, la intervención del gobierno en el caso Figueroa se habría dado de la siguiente manera: “Dos o tres días antes del incendio del 18 de julio de 2002, la entonces vicegobernadora Nina Aragonés de Juárez convocó a un cónclave de diputados, secretarios y diputadas de la rama femenina para ordenar un escrache a Figueroa”. El escrache original tenía por destinatarios también a Carlos Menem y a Cecilia Bolocco: “Iban a llegar al día siguiente –continuó la fuente– pero no los iban a dejar salir del Hotel Carlos V donde iban a alojarse, y si lo hacían les iban a montar otro escrache frente a Red Star, el sitio donde iban a pasar la noche”.
El escrache a Menem y su compañera no se hizo porque, simplemente, nunca llegaron a la provincia. Por los desmanes y destrozos del día anterior cancelaron la visita.
El grado de planificación de la operación que se llamó “Nina o muerte” y el nivel de responsabilidad de la ahora jefa política de la provincia fueron parte de los objetivos del juez Toledo durante el interrogatorio. Anauate recordó que los manifestantes fueron trasladados en camiones de Vialidad y detalló una conversación con quien era el secretario de Seguridad de Santiago, el general retirado del Ejército Jorge Antonio D’Amico, en la que habría dado las garantías operativas para “que la situación no tuviera desbordes”. Otro elemento que mencionó fue la presencia de las cámaras de tv: “Las cámaras estaban colocadas en la zona, antes de que comenzaran el incendio y los saqueos, y los camarógrafos estaban con trípodes colocados”, explicó. El interrogatorio continuará hoy. Cuando Toledo firme el pedido de indagatoria, la gobernadora deberá decidir si lo acepta. Si no lo hace, el juez debería pedirle el desafuero a la Legislatura, en cuyas manos quedará el siguiente capítulo de esta historia.