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“La marca en el orillo de Roberto Lavagna es la discrecionalidad de sus políticas”, descerrajó Guillermo Mondino, uno de los máximos cerebros de la última gestión de Domingo Cavallo. Presagió como posible, para dentro de 3 a 5 años, una nueva crisis bancaria, sin descartar para nada una nueva confiscación de capitales y otra masiva destrucción de riqueza. Dijo, respecto de la política crediticia del Banco Central, estar mucho más preocupado hoy que lo que estuvo durante los dos o tres últimos años de la convertibilidad; entonces, al revés que ahora, porque el BCRA aplicaba un sesgo muy anticrédito (¿expresó Mondino en aquella época desde el Ieral esa crítica?). También denunció que el país está sacrificando en el altar del tipo de cambio flotante las perspectivas de un mercado laboral eficiente. Estos y otros reparos los virtió el economista cordobés al exponer en inglés durante una jornada sobre la agenda futura para la Argentina, que organizó días atrás en Washington el American Enterprise Institute, con participación estelar de Anne Krueger, conductora ejecutiva interina del Fondo Monetario, que en comparación sonó muy blanda.
Mondino, que es miembro de la consultora MacroVision y podría incorporarse a Lehman Brothers, recordó a su audiencia que las confiscaciones han sido utilizadas repetidas veces en el país, por diferentes vías: defaults, incautación de depósitos, licuefacciones, maxidevaluaciones, impuesto inflacionario, prohibición de ajustar balances para gravar así ganancias ficticias, etc. Admitió que los gobiernos suelen resistirse a llegar a estos extremos, pero a la postre se rinden ante la adversidad y admiten la requisa de capitales como el medio políticamente más adecuado de efectuar un ajuste fiscal o asignar sus costos.
Una vez decidida la confiscación, ésta suele ejecutarse sin medias tintas porque se piensa que la violación de los derechos de propiedad genera la misma pérdida de credibilidad, sin variar por cuán a fondo se vaya. Cuando los participantes en el mercado ventean el peligro, huyen, provocando un brusco frenazo o parate en la economía. Por esta razón, es clave –para Mondino– que la Argentina reduzca el peligro de arrostrar tales circunstancias, que minimice la volatilidad de los shocks y sus mecanismos de propagación.
Primera condición para esto es abrir más la economía. Esta aparenta estar hoy más abierta porque el comercio exterior suma el equivalente a 38 por ciento del PIB, pero si éste se mide en términos de paridad de poder adquisitivo, no convirtiéndolo a dólares mediante la simple división por el tipo de cambio nominal, el coeficiente de apertura cae al 22 por ciento, la mitad de lo que debería ser. “Economías cerradas y estáticas como la argentina son proclives a políticas que procuran redistribuir la riqueza y el ingreso”, advierte el economista de Fundación Mediterránea. Por supuesto, economías más abiertas absorben más fácilmente los shocks financieros internacionales.
Sería también vital, según el expositor, contar con un sistema bancario menos vulnerable a los caprichos políticos. “La crisis en el sistema financiero es tratada, ex profeso, con blandura y tolerancia regulatoria –rezonga el cordobés–. Ansioso por generar crédito y rentabilidad, el BCRA ablandó las regulaciones prudenciales, creando significativos incentivos para el desarrollo del riesgo moral” (vale decir, que los bancos presten sin fijarse bien a quién). “Es sintomático –apostrofa– que los bancos más agresivos en su expansión son los que tienen menos para perder... De hecho, los industrialistas están vivando al Central por engendrar una banca proclive a prestar.”
Trasladando sus críticas al terreno fiscal, Mondino apunta que “está omnipresente en la Argentina la tentación de gastar de manera procíclica” (es decir, cuando la economía crece y esto eleva la recaudación, no ahorrar para las épocas de vacas flacas sino erogar los ingresosadicionales, estimulando así más aún el ciclo). Este también sería el pecado del actual gobierno, aunque con tantos ingredientes discrecionales (“no particularmente transparentes”) que quizá resulte algo más fácil suprimirlos si fuere menester.
“La discusión de la reforma tributaria ni siquiera ha comenzado”, denunció el disertante, más allá de ciertos “vagos compromisos” asumidos con el FMI. El mayor peligro de nuevas confiscaciones lo descubre en las finanzas públicas provinciales, aunque éstas están marchando muy bien porque cayó el gasto en términos reales, subió fuertemente la recaudación y le pasaron gran parte del fardo de la deuda al gobierno central, que a su vez se lo transfirió a sus acreedores.
Con todo, “algunas provincias afrontarán serias dificultades para empezar o continuar atendiendo sus deudas cuando el año próximo se empine la curva de vencimientos”. El ex asesor en jefe de Cavallo en 2001 ve muy mal que Lavagna esté hablando ya de refinanciaciones a tasas preferenciales, que implican un ulterior alivio de la deuda para las provincias y otro castigo para los restantes acreedores del Estado nacional (a algunos de los cuales se supone asiste el conferenciante). Los acuerdos actuales con los estados del interior son “parches, remiendos de corto plazo, poco exigentes”, cuando lo que se precisa es emitir una señal inequívoca de control sobre esa “fuente de indisciplina y confiscaciones de capital”. Pero, desafortunadamente, “la estilizada reforma en la coparticipación que se discute con los gobernadores es tan poco ambiciosa que sólo atenuará marginalmente los peligros en este frente”. Esto, juzga Mondino, no ha de sorprender en Lavagna, cuyos acuerdos fiscales con las provincias son de corto plazo, incompletos y difíciles de monitorear.
En el terreno del mercado laboral impera la “complacencia” desde la introducción del tipo de cambio flotante. La respuesta natural es que si salarios, costos laborales u otros factores se salen de madre, la paridad y la inflación repararán la falla. Por eso aquello de que en el altar del tipo de cambio flotante “estamos sacrificando las perspectivas de un eficiente mercado de trabajo”. En este sentido, la nueva reforma laboral que viene de votar el Congreso “es un claro retroceso”. Son también negativos –sentenció el mediterráneo– los aumentos por decreto, el alza de costos extrasalariales y la prórroga de la doble indemnización.