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Altos, fornidos y con corte de cabello a la usanza policial. Durante las extensas sesiones de diputados y senadores del miércoles se ubicaron siempre detrás de Juan Blumberg. Se identificaban como sus custodios y, cuando el padre de Axel llegó a la Cámara alta, ocuparon el palco de periodistas; con prepotencia impidieron el ingreso de los cronistas parlamentarios. Norberto Di Prospero y Héctor Collazo no pertenecen a una fuerza de seguridad. Son empleados legislativos. Di Prospero, además, es secretario adjunto de la Asociación de Empleados Legislativos (APL) y mantiene fluidos vínculos con el ex legislador por Buenos Aires Lorenzo Pepe y el actual diputado Carlos Ruckauf.
La conversión de Di Prospero en “custodio” es un dato novedoso justo cuando se discute sobre legalidad y penas. Es el segundo en la conducción de APL, un puesto que ocupa desde 1993 y que le permitió mantener frecuentes contactos con Ruckauf, por entonces titular del Senado, hoy transformado en uno de los voceros del endurecimiento de penas. Este no es el único vínculo político del sindicalista devenido guardaespaldas. Desde su tarea en la Biblioteca construyó una estrecha relación con el histórico presidente de la comisión que controla ese instituto, Lorenzo Pepe. Duhaldista reconocido, Pepe conoce a Ru- ckauf de la época en que él ya era un dirigente sindical ferroviario y el actual diputado el ministro de Trabajo de Isabel Perón. Jorge Casanovas, el ex ministro de Justicia de Ruckauf que intentó montarse sobre la ola provocada por el asesinato de Axel Blumberg, tampoco es un desconocido para Pepe: compartieron la bancada del PJ en la Cámara baja.
Casanovas buscó acercarse a Blumberg desde el comienzo. El martes, durante la reunión de la Comisión de Legislación Penal, de la que es vicepresidente, lo desmintió. Pero también dijo que participó del programa de televisión de Mariano Grondona el último domingo sin haber sido invitado por la producción periodística. “El me pidió que lo ayude con las preguntas políticas”, se justificó Casanovas.
Este grupo –Ruckauf, Casanovas y Di Prospero– es el que protagonizó desde diferentes ámbitos la campaña por el incremento de penas sin poner el acento en la reforma policial.
Para Di Prospero, su participación como agente de seguridad durante el debate no fue el principio. En la movilización del 1º de abril fue custodio junto con Collazo. Su presencia sorprendió tanto a las autoridades de la Cámara alta como al resto de la conducción de APL.
El día del debate, Blumberg fue un invitado especial que se movió con comodidad por los pasillos del Congreso. Primero estuvo en Diputados. Luego se trasladó al Senado, donde participó de la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, previa invitación de sus presidentes Jorge Agúndez (UCR-San Luis) y Sonia Escudero (PJ-Salta). También lo convidaron a ingresar al recinto para seguir de cerca el debate. Una cuestión reglamentaria se lo impidió. Por ello, Agúndez y Escudero lo ubicaron en el palco de los periodistas. Blumberg pidió estar acompañado por sus colaboradores. Las autoridades de la Cámara aceptaron la petición.
En ese espacio, desde donde se puede observar todo el recinto, Hobert se colocó al lado de su tío. Di Prospero y Collazo, como buenos guardaespaldas, se ubicaron un metro más atrás. Desde allí impidieron el ingreso de los periodistas. Cuando el cronista acreditado del diario La Nación, Jaime Rosemberg, intentó ocupar uno de los asientos, los custodios se lo impidieron y lo sacaron del espacio cuerpeándolo como si cargasen con el hombro en un partido de fútbol. “Fue una actitud patoteril, impropia y contradictoria con el objetivo que persigue el señor Blumberg”, dijo Rosemberg a Página/12.
El vicepresidente Daniel Scioli, presidente del Senado, dijo a través de su vocero Pablo Pernicone que desconoce quién designó a Di Prospero y Collazo para una misión que no es la suya. “El Senado no tiene nada que ver con la presencia de estas personas. Ellos llegaron con el señor Blumberg y no estábamos al tanto de su identidad”, indicó Pernicone. Pero los dos son empleados del Congreso. Y no forman parte de la planta de seguridad.