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El flamante director gerente del Fondo Monetario, Rodrigo Rato, dijo ayer que ya está trabajando junto al Gobierno sobre la nueva revisión de metas que se realizará en junio y adelantó que espera “llegar a un acuerdo” con el presidente Néstor Kirchner con quien mantiene relaciones “intensas y fluidas”. Rato señaló, además, que éste será uno de sus principales compromisos al frente del FMI.
En junio, el FMI deberá analizar la tercera revisión trimestral del acuerdo stand by firmado en septiembre pasado. Las dos revisiones anteriores estuvieron signadas por el conflicto y contaminadas por el lobby de los acreedores privados, que presionaron sobre los representantes del Grupo de los Siete en el Fondo para arrancarle al Gobierno condiciones más favorables en la negociación. De hecho, el propio organismo hizo propio el discurso de los fondos buitre, que acusaban al Gobierno de no estar negociando de “buena fe”. En este sentido, hacia junio, Kirchner y Lavagna deberían formalizar la propuesta de pago a los acreedores con bonos en default.
Por otro lado, la número dos del Fondo, la inefable Anne Krueger, viene solicitando públicamente que el Gobierno acepte elevar la meta de superávit fiscal para los años 2005 y 2006 más allá del 3 por ciento del PBI, y que el excedente fiscal de este año, por encima de lo acordado con el organismo, se destine a mejorar la oferta de la deuda.
“El programa para Argentina es extremadamente intenso, pero el FMI no impuso condiciones en base a un capricho. Son todas necesarias para estabilizar la economía del país”, afirmó el español, cuidándose de no desautorizar a Krueger.
“Si un país puede sostener su deuda y estabilizar su economía, esto atraerá inversiones extranjeras directas y eso mejorará eventualmente la vida de todos los argentinos. Nosotros esperamos la cooperación de la sociedad argentina”, insistió Rato, quien, se sabe, tiene una visión de cómo funciona la economía tan ortodoxa como la de Krueger.
Por si fueran pocas piedras en el camino, Lavagna deberá pedir un waiver (perdón) en la revisión de junio por el incumplimiento de los pasos fijados en la Carta de Intención para la sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos, cuyo proyecto debió haber ingresado al Congreso en marzo.