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Durante meses, prácticamente desde la asunción del presidente Néstor Kirchner, la que estuvo en la mira fue la Policía Bonaerense, pero ahora los cañones le apuntaron de lleno a la Federal, que de un plumazo perdió a 107 de sus máximos jefes, desde comisarios generales hasta subcomisarios, en la mayor purga que sufrió la fuerza en su historia. Lo que se planteó en forma elegante como una “revisión del funcionamiento estructural de la fuerza” de seguridad, que cuenta con 35.000 efectivos, incluyó una brusca disminución de las Superintendencias, que pasaron de 12 a solamente cinco. Esto constituye un duro golpe a las estructuras burocráticas que suelen engendrar liderazgos siempre ligados al autoritarismo y a la corrupción. Aunque el Gobierno trató de ser prudente, se supo que al menos el 50 por ciento de los jefes que pasaron a disponibilidad y a retiro tienen sumarios administrativos o causas abiertas por irregularidades. En la mayoría de los casos por supuesto enriquecimiento ilícito o por fraguar causas involucrando a inocentes. Con estos 107 retiros –algunos de ellos sólo por cuestiones de antigüedad– ya suman 582 los oficiales y suboficiales que fueron separados de la Federal desde que Kirchner asumió el Gobierno, el 9 de julio del año pasado. Y fue el propio Presidente, desde Washington, el que ordenó que el anuncio se hiciera anoche mismo.
El único que sobrevivió al tembladeral fue el actual jefe de la Policía Federal, comisario Eduardo Prados, sucesor del comisario Roberto Giacomino, quien había instalado un mensaje de “mano dura”, similar al impuesto en la provincia por el ex gobernador Carlos Ruckauf, y que se cayó del bronce luego de aparecer mezclado en un sonado caso de corrupción. En la conferencia de prensa realizada anoche en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, resaltaron que la disolución de siete de las superintendencias significará, en la práctica, que “unos 12.000 hombres que trabajaban en esas áreas puedan incorporarse a las comisarías, reforzando la seguridad en los barrios”. Eso significaría un incremento del 10 por ciento del llamado personal “de calle”.
Fuentes del Gobierno negaron que la ofensiva solamente apunte al personal ligado al removido jefe de la Superintendencia de Investigaciones comisario Jorge Palacios, una de las “víctimas” del cataclismo que produjo el Caso Blumberg (ver aparte). Uno de los temas centrales, como había sucedido antes en la Bonaerense, fueron varios y coincidentes casos de extraños cambios de status. Jefes que, de la noche a la mañana, saltaban de barrios como Caballito o Flores a casas elegantes de San Isidro o Martínez. Algunos, como ya es un clásico, argumentaron el cobro de supuestas herencias. En este caso, las medidas disciplinarias se tomaron bajo la sola sospecha que surgía del sumario administrativo, aunque se descuenta que muchos casos llegarán a la Justicia. Veinte de los jefes que tuvieron que irse están involucrados en operativos fraguados contra inocentes, casi todos inmigrantes ilegales, desocupados y vagabundos.
Fernández, al abrir la reunión, dijo que en la “renovación de la fuerza” había intervenido en forma personal el presidente Kirchner, a partir de una reunión que se hizo hace dos semanas en la residencia de Olivos. Se trabajó “legajo por legajo” y recién desde hoy comenzarán a publicarse los nombres y las razones de la medida, en relación con cada uno de los involucrados. Se resaltó que Prados seguirá al frente de la fuerza por haber demostrado su compromiso con “los valores técnicos y morales del Plan de Seguridad en desarrollo”. Además de confirmar a Prados como jefe, el ministro Beliz dio los nombres del resto de una cúpula reducida a una mínima expresión: el nuevo subjefe de la Federal será el comisario mayor Néstor Jorge Valleca, quien se desempeñaba como Superintendente de Seguridad Metropolitana; al frente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana fue designado el comisario mayor Oscar Enrique Natalio y como jefe de la Superintendencia de Investigaciones Federales fue nombrado el comisario mayor Jorge Humberto Oriolo. El jefe de la Superintendenciade Interior será el comisario Juan Carlos Botalo, en la Superintendencia de Bienestar estará el comisario Eugenio Morales y en la Superintendencia de Bomberos seguirá su actual jefe, el comisario Pedro Miguel Muñoz, que también se salvó del incendio.
Otras de las razones que llevaron a la limpieza masiva fue la existencia de sumarios o causas por violaciones a los derechos humanos o abusos de autoridad. En 45 de los casos, las razones del retiro obedecen sólo a cuestiones escalafonarias, en las que se tomó en cuenta la antigüedad. De acuerdo con las fuentes oficiales, lo que se busca con el recambio es “una jefatura más chica, más fácil de controlar, e integrada por personal joven que tenga una instrucción avanzada respecto del modelo tradicional”. Se aclaró que de ahora en más, la Superintendencia de Investigaciones Federales tendrá a su cargo las áreas de Drogas Peligrosas y Policía Científica. De los 12.000 efectivos que se derivarán a las comisarías para aumentar el personal “de calle”, muchos serán “ex miembros de Drogas Peligrosas” y de otras divisiones especializadas.
Fernández resaltó que la medida tomada por decisión del presidente Kirchner “no tiene antecedentes en la historia institucional de la Argentina”. Insistió en que “el Presidente en persona participó en el análisis de cada uno de los legajos”. Beliz consideró, ante una pregunta de la prensa, que es una “comparación odiosa” hacer un paralelo entre lo ocurrido en la Bonaerense y los relevos en la Federal. “No todos se van por supuestas irregularidades o por estar involucrados en causas judiciales.” En ese punto, Alberto Fernández desechó que el personal expulsado de la fuerza pueda ahora convertirse en “mano de obra desocupada” que se dedicará plenamente al delito, como se ha constatado tantas veces en la historia reciente.
“Esas son cosas de otros tiempos”, relativizó Fernández, quien interpretó que “no es posible pensar que un policía honesto se convierta en delincuente sólo porque quedó afuera de la fuerza; si están en el delito, lo están adentro y afuera”. Uno de los relevos más resonantes fue el del segundo jefe de la fuerza, comisario Daniel Higinio Caruso, aunque se aclaró que su caso “no obedeció a ningún tipo de irregularidad”. Una de las últimas movidas fuertes dentro de la Federal había ocurrido en octubre del año pasado, cuando relevaron a 14 jefes. El único antecedente cercano a lo que pasó ayer se remonta a noviembre de 1998, cuando otra purga se llevó a 47 de los 52 comisarios porteños que había entonces.
En la actual movida, sólo cayeron los titulares de tres comisarías, pero tuvieron que irse 107 oficiales de la primera línea de la institución. La ex Superintendencia de Asuntos Internos quedó ahora reducida a una mera “dirección”, pero las fuentes oficiales aseguraron que “habrá supervisión civil a través de la Secretaría de Seguridad Interior”, a cargo de Norberto Quantín, también presente en la conferencia de prensa.