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Dos postales de Jujuy, una de las provincias con los mayores índices de pobreza y de desnutrición infantil. Por un lado, el obispo de Humahuaca, Pedro Olmedo, encabezó ayer una singular protesta de desocupados y familias indigentes en reclamo de un aumento en los planes Jefes de Hogar a 300 pesos. Por el otro, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) descubrió la existencia de un organismo previsional “paralelo” al oficial, donde se confeccionaban “expedientes apócrifos” de jubilación, que luego eran girados a la Nación para que destrabara los pagos. La defraudación al Estado ronda los 6 millones de pesos. El escándalo no termina allí. En el curso de la investigación, la Anses denunció que Sergio Valdecantos, miembro del Superior Tribunal de Justicia provincial, cobraba simultáneamente una jubilación como juez de 5871 pesos junto con su salario como juez, algo no sólo reñido con la ética sino también con la ley. Aunque todavía sobrevive en su cargo, un juez federal ya lo procesó por esta causa y debería devolver 820 mil pesos. Está comprobado que otro de los jueces del Superior Tribunal habría incurrido en el mismo delito, por lo que la Anses decidió investigar a todos los integrantes de la Justicia provincial.
El “modelo riojano”, líder en jubilaciones truchas, parece haber cundido en todo el país. Hace casi dos años, la Anses inició una extensa pesquisa en Jujuy, que está concluyendo por estos días y que arroja resultados sustanciosos:
- Se encontró que a pocas cuadras de la oficina de Anses en Jujuy funcionaba un organismo paralelo, donde se armaban expedientes de jubilación a pedido, certificándose años de servicio nunca laborados en diversos cargos de la administración pública de la provincia y de municipios del interior. Los expedientes, legalizados con complicidad de funcionarios provinciales, eran luego introducidos al circuito de la Anses, que debía poner al cobro los beneficios, ya que Jujuy es una de las provincias que transfirió su caja previsional a la Nación.
- Hasta ahora se detectaron 300 jubilaciones supuestamente apócrifas. La mayoría corresponde a personas jubiladas con menos de 50 años, que pese a no acreditar los años laborales suficientes para jubilarse cobraban, en promedio, beneficios superiores a los 1000 pesos mensuales.
- El perjuicio fiscal comprobado para el Estado nacional ronda, hasta el momento, los 6 millones de pesos.
- El juez federal que instruyó la causa (Mariano Wenceslao Cardozo) dictó el procesamiento, con prisión preventiva, de dos funcionarios del Instituto Provincial de Previsión Social (el real) y de otras cuatro personas, beneficiarias de jubilaciones.
Aunque el gobernador Eduardo Fellner colaboró con las autoridades nacionales en todos los pasos de la investigación, nadie descarta que la próxima semana, cuando empiece el juicio oral, surjan nuevas vinculaciones que involucran a empleados jerárquicos de la administración provincial.
Sea como fuere, la causa ya tuvo una derivación que la convirtió en una braza candente en el ambiente político jujeño. En el trascurso de la investigación se determinó que Sergio Eduardo Valdecantos, miembro de la Corte Suprema jujeña, había cobrado entre febrero de 1997 y febrero de 2002 simultáneamente una jubilación como juez por 5871 pesos y su salario, también como juez. Suspendió su haber previsional cuando empezaron a flotar en la opinión pública jujeña los rumores sobre su doble estipendio. Valdecantos se jubiló a los 48 años, y su expediente jubilatorio se halla extrañamente desaparecido.
La Anses realizó la denuncia contra el juez por “defraudación contra la administración pública”, porque la resolución provincial que dispone los beneficios jubilatorios dice claramente que sólo “se liquidará a partir del día en que deje total y definitivamente de percibir remuneraciones del empleador”. Además, la ley 4897 dispone que si los magistrados optan por acogerse al beneficio jubilatorio deben necesariamente cesar en el cargo.Más allá de la ley, ¿a alguien le parece sensato que un funcionario público perciba la jubilación y el sueldo por el mismo cargo?
El 4 de mayo último, el juez federal Cardozo procesó a su colega Valdecantos y lo embargó por una suma de 400 mil pesos. Sin embargo, la Anses le reclama la devolución de una deuda (incluidos intereses) por el cobro indebido de haberes que supera los 820 mil pesos.
En una situación similar estaría el notable escritor Héctor Eduardo Tizón, presidente del Tribunal, quien entre abril de 1997 y marzo de 2002 cobró una jubilación de 5462 pesos junto con su sueldo como juez. También suspendió la primera apenas empezaron a circular las denuncias. Por tal motivo, la Anses abrió una investigación sobre todas las jubilaciones otorgadas en el ámbito de la Justicia provincial.