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Es probable que la SEC, la Comisión de Valores estadounidense, se tome aproximadamente un mes para analizar el mamotreto que le presentará la Argentina en los próximos días como rellenado del formulario 18K. Allí estará expuesta y fundamentada la oferta de reestructuración de la deuda que el país mantiene impaga. El texto incluye desde el sustento legal de cada bono nuevo hasta la situación económica y social que justificó el default y ahora la quita que se reclama. Mientras se completa el engorroso proceso, las autoridades argentinas deberían mantener cerrado el pico, al menos oficialmente. Esta exigencia norteamericana de hermetismo, que pretende proteger a los tenedores de títulos defolteados frente a ofertas imperfectas y preservar la neutralidad de trato, condujo –sin ser la única razón– a que anteayer no fueran subidas a Internet, contra lo prometido por Roberto Lavagna, los supuestos y las previsiones macro del escenario sobre el que se monta la propuesta argentina y la presunta capacidad de pago del país. Tampoco es seguro que llegue a colgarse en la red el modelo econométrico que se utilizó para llegar a las conclusiones planteadas. Conociendo el modelo, cualquier internauta podría introducirle supuestos y coeficientes distintos y desembocar en resultados diferentes.
Voceros del área dijeron ayer no estar en condiciones de saber si efectivamente la proposición argentina agrietó el frente acreedor, como algunos dedujeron de la fugaz visita realizada el jueves a Buenos Aires por algunas cabezas del Comité Global de Tenedores de Bonos de la Argentina (GCAB), poco coherente con las rupturistas posiciones asumidas por otros, como Nicola Stock. A todo esto, Lavagna y su entorno mostrarían un “sereno optimismo”. Según algunas fuentes, las concesiones ya realizadas respecto de la propuesta de Dubai (básicamente, el reconocimiento de los intereses corridos desde el default, el aumento de algunos cupones y el añadido de mayores pagos cada año en que el crecimiento supere el previsto 3 por ciento) han agotado el margen político otorgado por Néstor Kirchner a Economía. “Ya no queda espaciopara echarle algún edulcorante adicional a la oferta. Este no fue el último game del primer set”, remarcó un portavoz. ¿Será efectivamente así?
El bono atado al crecimiento quizá sea poco apreciado por los acreedores, pero los propios técnicos oficiales lo miran con mucho cuidado, calculando que puede implicar un drástico aumento en el valor presente de la deuda, y por ende una disminución proporcional en la quita lograda. Utilizando una tasa de descuento de 10 por ciento, que es la empleada por Economía para sus estimaciones, y suponiendo que el ritmo de expansión del PIB supere en apenas medio punto el listón del 3 por ciento establecido, ello implicaría un valor presente adicional de 6.000 millones de dólares y, por ende, una baja de 6 puntos en la quita. En concreto, suponiendo una aceptación inferior al 70 por ciento del monto reprogramado, el menú de bonos sumaría un valor actual de u$s 24.750 millones, que saltaría a unos 30 mil (6.400 millones más) en caso de que la Argentina alcance un sendero de 3,5 por ciento anual. Si, como dicen creer algunos acreedores, esta economía crecerá al 4,5 por ciento, la vinculación de los pagos al crecimiento supondría 13 mil millones adicionales de valor actual para los bonistas. Obviamente, lo más probable es que tales desvíos sólo acontezcan en años aislados, y sólo en ellos habría que pagar el plus. En todo caso, el exceso de crecimiento respecto del vector previsto acrecentaría la ganancia para los acreedores porque el peso se apreciaría y, por tanto, la yapa se traduciría en más dólares. Pero también la recaudación impositiva resultaría más robusta y facilitaría la obtención del superávit primario necesario.
Al margen de estas elucubraciones, al equipo económico lo acosan algunos fenómenos que inquietan su vigilia y sus dormideras. La aceleración de los precios aún no desbordó el cauce: el IPC subió 4,3 por ciento en los últimos doce meses, y los mayoristas, 8,4. La lectura apaciguadora reza que el relativo respingo de los índices en los recientes meses responde a un reacomodamiento de precios relativos y no a un proceso permanente de alza (¿se acabó la lucha de clases y, por ende, la puja distributiva?). La inflación minorista se nutriría de la recuperación de márgenes comerciales, y de ciertos impactos estacionales en alimentos, que ya no son neutralizables mediante la importación como ocurría cuando el dólar era barato. A esto se añade el traslado paulatino de parte de la inflación mayorista, determinada por la carestía mundial de los insumos. Los reajustes salariales y el rebote generalizado del consumo le abren cancha a los deslizamientos, aunque los consumidores toleran mal las alzas y se corren rápidamente a otras marcas u otras tiendas. Mucha menor resistencia encuentran las subas en la franja mayorista porque las empresas operan con buena rentabilidad y confían en la demanda para trasladar los mayores costos. En Economía otean inquietos la perspectiva de un trasvase de incrementos río abajo en la torrentada comercial.
El otro ojo que le queda a los muchachos lavagnistas está insolentemente atornillado en Brasil, autoconvenciéndose de que no es esperable una debacle inminente. Sin embargo, no hay peor sufrimiento que el interminable: a la sazón, una persistente volatilidad de las variables financieras brasileñas, con presión sobre el real y acuciantes dudas en la sustentabilidad de la deuda. Ello impediría al Banco Central del vecino retomar la reducción de la tasa referencial Selic (hoy en el 16 por ciento) para estimular a una economía remolona. Esto implicará para la Argentina un déficit comercial bilateral de hasta 2.000 millones de dólares en 2004. Al respecto, ya existe decisión de llevar al Mercosur algunas propuestas para aislar los flujos comerciales de las perturbaciones estrictamente macroeconómicas.