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El Gobierno volvió a recibir una nueva señal de escepticismo desde Washington. Ayer, un funcionario del Fondo Monetario transmitió, a través de la agencia Reuters, el mensaje de que el organismo no planea desembolsar para Argentina más que 5000 millones de dólares. Esa suma ni siquiera alcanzaría para cubrir los vencimientos de la deuda que el país tiene durante este año con el propio FMI y otros organismos multilaterales. Sin embargo, en Washington interpretan que el acuerdo con el Fondo en sí mismo serviría como señal política en favor de la administración Duhalde y abriría la puerta a créditos sectoriales del Banco Mundial y el BID, para prefinanciar exportaciones y proyectos sociales.
Según las cifras oficiales, Argentina debe enfrentar entre abril y diciembre vencimientos con el FMI, el Banco Mundial y el BID por 7949 millones de dólares. A diferencia del resto de los vencimientos de la deuda externa, con esos organismos el Gobierno decidió no declarar la cesación de pagos, con la ilusión de mantener abierta una puerta por la que supuestamente llegarían dólares frescos para las reservas del Banco Central.
Sin embargo, esa ilusión parece cada vez más lejana. En enero, el viceministro de Economía, Jorge Todesca, se entusiasmó con la posibilidad de que el paquete financiero de Washington rondara los 22.000 millones de dólares. Luego, esa expectativa se fue desinflando. Y hasta ayer, la aspiración de máxima del Gobierno era un paquete de poco más de 9.000 millones de dólares –los fondos pendientes de desembolso del famoso “blindaje”– que alcanzarían para pagar los vencimientos con los propios organismos internacionales y recomponer, aunque en una proporción pequeña, las reservas con las que cuenta el gobierno para defender la paridad del peso.
Sin embargo, ni siquiera esa modesta expectativas se corresponde con los números que manejan en el FMI. La advertencia llegó ayer al Gobierno a través de un cable de la agencia de noticias económicas Reuters, fechado en Washington. El mismo cita una fuente del Fondo que, a condición de preservar el anonimato, le puso una cifra a la eventual asistencia financiera: 5000 millones de dólares. Ese monto ni siquiera llegaría a cubrir los vencimientos de capital durante este año con los organismos internacionales. Pero en Washington argumentan que una parte sustancial de dichos vencimientos podría ser postergada en el tiempo. Mientras que dicha asistencia sería complementada con otros créditos del Banco Mundial para prefinanciar exportaciones y del BID para solventar proyectos sociales.
Más importante aún, los funcionarios del Fondo creen que un acuerdo con el organismo permitiría al gobierno de Duhalde encarar en mejores condiciones la renegociación de la deuda con los acreedores extranjeros privados. De hecho, ayer se anunció que el próximo 18 de abril el secretario de Finanzas, Lisandro Barry, viajará a Estados Unidos para restablecer contactos con los principales fondos de inversión acreedores del país. Y el JP Morgan Chase, uno de los bancos de inversión más activos durante la última década en la colocación de deuda argentina en el exterior, ayer formuló una propuesta para reiniciar las negociaciones Gobierno-acreedores (ver aparte).
Sea como fuere, el acuerdo con el Fondo Monetario todavía está lejos. Durante el fin de semana, la misión del organismo que aterrizó esta semana en Buenos Aires mantendrá reuniones con el equipo económico, para terminar elaborar un cuadro completo de situación para cuando el lunes llegue el indio Anoop Singh, quien comandará la negociaciones la semana próxima.
En los últimos días, Remes Lenicov no se cansó de hacerle guiños a Washington, con la esperanza de apurar las negociaciones. Primero, tal como pedían los enviados del Fondo, aceptó y logró convencer a los gobernadores de fijar metas fiscales consolidadas Nación-provincia, como una manera de comprometer a todos en el ajuste. Después, le hizo prometer a Duhalde que el año próximo podrían eliminarse los bonos provinciales. El jueves, además, el titular del Banco Central, Mario Blejer, se cortó solo y emitió una circular poniéndole fecha –enero del 2003– al levantamiento “voluntario” del corralito por parte de cada banco. Así, como quiere el Fondo, el Central compró la idea de que habrá bancos que en el futuro deberán “sincerar” su situación y bajar la persiana. Pero tanto alineamiento lo distanció de Economía, que ve esa medida como una bomba difícil de desactivar (ver página 13). Finalmente, Remes anunció el aumento de retenciones a las exportaciones para mejorar las cuentas fiscales.
Sin embargo, todas esas condiciones son sólo el comienzo. Porque en los próximos días los funcionarios del Fmi querrán también un compromiso concreto de nuevos ajustes de gastos tanto en la Nación como en las provincias.