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Por Abraham L. Gak* y Alberto Müller**

Se encuentra actualmente en discusión parlamentaria un proyecto de ley referido a la constitución de una empresa energética estatal, Enarsa. La importancia de la cuestión energética amerita una reflexión acerca del tema y, desde una perspectiva más amplia, acerca de las políticas energéticas que la Argentina demanda, para asegurar un sendero de desarrollo sostenido con equidad. Desde el Plan Fénix hemos sostenido una postura clara, en el sentido de que la energía debe ser objeto de una activa política estatal, en tanto cuestión estratégica (tal como ocurre en todas las naciones). En particular, sosteníamos en nuestro documento del año 2002 lo siguiente:
- “La autoridad pública debe asumir la definición e implementación de las políticas y el planeamiento estratégico del sector eléctrico y de hidrocarburos, con participación del sector privado, pero con el objetivo de que la Argentina recupere su renta petrolera y consolide la ventaja competitiva de contar con energía barata”.
- “El Estado fijará los precios de los hidrocarburos, en todas sus etapas, en función principalmente de los costos internos, pero considerando también las tendencias de largo plazo de los precios internacionales”.
- “Se deberá realizar un escrutinio preciso e independiente del nivel de reservas y su evolución. Es necesario establecer un programa estricto de inversiones en esta materia, determinando las responsabilidades que les caben al sector público y al privado”.
- “Se deberá proceder a la revisión de las condiciones de privatización, revirtiendo al Estado aquellos casos de constatada ilegalidad, para lo cual se deberá crear un ente estatal para hidrocarburos, en coexistencia con el sector privado”.
- “En lo que atañe al mercado mayorista eléctrico, se propone mantener el criterio de fijar precios según costos marginales, corrigiendo eventuales distorsiones por la entrada de máquinas de alto costo marginal”.
- “En lo que atañe a transporte, deberá redefinirse el marco regulatorio vigente, a fin de viabilizar la construcción de obras de ampliación pendientes”.
Más allá de estas consideraciones de largo plazo, el episodio de restricción en la oferta de gas del pasado mes de marzo ha ratificado por cierto la necesidad de contar con una presencia activa del Estado. A ello parecería apuntar el proyecto de creación de Enarsa. Se abriría así una oportunidad –bienvenida– para que ello pueda materializarse. Sin perjuicio de esta consideración, estimamos oportunas algunas consideraciones.
En primer lugar, compartimos la inquietud de quienes han puntualizado –desde distintos ámbitos– aspectos susceptibles de mejora en el proyecto de ley. En particular, se requiere determinar la efectiva naturaleza jurídica del ente a crear, asegurando su carácter público. Deben aventarse las pretensiones antojadizas de que la empresa adopte una forma societaria de carácter privado, liberada en consecuencia de los controles propios de entidades públicas. Asimismo, deben establecerse con claridad sus competencias, reservando las facultades regulatorias e informativas a la administración del Estado.
Es imperativo además encuadrar el proyecto de Enarsa en un marco de sólidas políticas sectoriales. Ellas deben revertir las orientaciones instauradas que condujeron al retiro del Estado, dejando librado un tema estratégico a las fuerzas de los mercados en los que predomina la concentración de la oferta.
Al respecto, es necesario reconocer que no se registran reorientaciones palpables en la política energética oficial, más allá de la intervención dictada por las urgencias coyunturales verificadas a partir del quiebre del régimen de Convertibilidad y la iniciativa –demorada aunque bienvenida– de capturar parcialmente a través de las retenciones a las exportaciones la “superrenta petrolera” que generan en la Argentina los actuales precios internacionales del crudo (y, simultáneamente, intentar moderar los precios locales de la energía).
Estamos frente a una sucesión de decisiones que distan de responder a una estrategia explícita e integral. En este contexto se están determinando, por ejemplo, diversos ajustes tarifarios en el suministro de energía eléctrica, así como también la ejecución de obras varias en las redes de transporte de gas y electricidad (con el concurso de recursos de fondos fiduciarios), decisiones que no siempre parecen responder a criterios de racionalidad. En definitiva, el marco general que regula las actividades del sector energético no parece estar en discusión.
En el caso específico de la empresa de energía, si se considera cada proyecto de la empresa como unidad de negocios que debe dar por sí una adecuada rentabilidad, es probable que se deje de lado su función esencial, que es asegurar el abastecimiento de las necesidades energéticas, con calidad adecuada y precios que internalicen las rentas de los recursos naturales utilizados.
La creación de Enarsa, como está planteada en el proyecto aprobado por el Senado, no garantiza, pese a la amplitud de facultades que se le atribuyen, la concreción de nuevas políticas, aunque la discusión acerca de su pertinencia puede ayudar a abrir una instancia en ese sentido. Corresponde advertir que el eventual fracaso o inoperancia de esta iniciativa contribuiría a deslegitimar el accionar del Estado y, en consecuencia, a dar aliento a aquellos que quieren reducir al mínimo sus facultades, ya sea por razones ideológicas o por mero interés.
Creemos entonces que resulta indispensable una definición acerca de la estrategia que requiere el abordaje de los problemas que aquejan al sector energético en nuestro país. Una vez avanzado el tratamiento de este tema, la naturaleza y envergadura del proyecto Enarsa podrán ser definidas con claridad y fundamentos apropiados, de modo consistente con el patrón de crecimiento con equidad que nuestro país necesita.

* Director Proyecto Estratégico,
** Coordinador Académico del Plan Fénix, Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires.