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Por Daniel Azpiazu y Martín Schorr *

A principios de septiembre, una resolución del directorio de la uruguaya Obras Sanitarias del Estado devino en un “memorando de entendimiento” con la empresa francesa Safege para “mejorar la gestión del abastecimiento de agua potable del Sistema Metropolitano e interior” del vecino país. Safege integra el grupo Suez Environment, muy conocido en nuestro país por la amplia gama de incumplimientos contractuales de sus controladas: Aguas Argentinas, Aguas Provinciales de Santa Fe y Aguas Cordobesas. Tal iniciativa privada, apoyada por un subsidio del gobierno francés, está orientada a la realización de diversos estudios que –todo así lo indica– apuntan a delimitar las posibilidades y la factibilidad de concesionar el servicio de agua potable en aquellas ciudades/áreas que ofrezcan las condiciones apropiadas para el capital privado transnacional.
A mediados de 2002, el presidente Batlle había anunciado que la concesión a la iniciativa privada iba a ser priorizada en el ámbito de los servicios públicos. En aquella recordada entrevista con la cadena Bloomberg, el presidente charrúa afirmó que los políticos argentinos “son una manga de ladrones del primero al último”. En gran medida, estas declaraciones opacaron otras afirmaciones realizadas en esa misma entrevista, mucho más trascendentes para el futuro del pueblo uruguayo. Ante la consulta periodística sobre qué se iba a hacer con los servicios públicos, la respuesta presidencial fue tajante: “Vamos a organizar concesiones... para operadores privados”. Pero destacó: “... para venderlos se necesita una ley y si aprobamos una ley se organizan plebiscitos contra la ley”. En esa línea, el primero de los servicios al que hizo mención Batlle fue precisamente el de “aguas corrientes”.
En forma casi contemporánea a tales declaraciones presidenciales, la carta de intención firmada por el gobierno del Uruguay con el FMI (18/6/02) contenía varias referencias –por demás elocuentes y precisas– sobre el tema. En el apartado VII.II.4 se puntualizan las modificaciones que deberían introducirse en el marco regulatorio de agua y saneamiento. En su inciso b. el gobierno se comprometió ante el FMI a la “introducción de nuevas normas de calidad y controles para facilitar la inversión del sector privado”; en el c. el compromiso es el de llamar a “licitación para mejorar los servicios en Montevideo” (la “sección” más rentable de OSE, atento a la dimensión y las características de la población servida); al tiempo que en el d. se incluye la “licitación para la participación del sector privado en plantas de tratamiento de saneamiento”.
Sin duda, la tradicional convergencia de los organismos multilaterales de crédito, las autoridades gubernamentales de los países centrales y las más grandes transnacionales operadoras del servicio tiende a integrar a la complacencia oficial en los países periféricos en la consideración del “agua potable” como una mercancía más, desconociendo que el acceso a la misma es un derecho humano universal, tal como ha sido consagrado por las Naciones Unidas.

UN POCO DE HISTORIA

El 11 de diciembre de 1992, dos días antes del recordado plebiscito por el que el 72 por ciento del pueblo uruguayo se pronunció por el NO a las privatizaciones, el directorio de OSE otorgó la concesión del servicio de agua potable y saneamiento en parte del Departamento de Maldonado, a la empresa Agua de la Costa (controlada por Aguas de Barcelona, vinculada al grupo Suez).
El área concesionada es pequeña (alrededor de 2500 conexiones) pero con un extraordinario dinamismo en cuanto a la construcción de lujosas residencias (al este del arroyo Maldonado, incluyendo las playas de La Barra, Manantiales, José Ignacio), y una extrema polarización económico-social. No obstante, el cargo fijo mensual que cobra Agua de la Costa no reconoce tales diferencias sociales: el mismo asciende a aproximadamente 2100 pesos uruguayos mensuales (poco más de 200 pesos argentinos), catorce veces superior al que cobra la estatal OSE en el resto del país. En ese contexto, naturalmente, buena parte de los sectores populares (en gran medida ocupados en servicios para el turismo de altos ingresos y pequeñas actividades de subsistencia) no tiene acceso al agua potable, debiendo recurrir a la construcción de pozos semisurgentes, la recolección y el almacenamiento de aguas pluviales, o a la recurrencia y el acarreo del agua de algunos surgentes naturales.
Más allá de los elevadísimos niveles tarifarios y de la no menos exacerbada regresividad distributiva que suponen tales cargos fijos (incluso, la empresa ha procedido al cierre de las canillas públicas), la gestión privada del servicio ha conllevado daños medio-ambientales de suma trascendencia. Entre otros legados de la “eficiencia” microeconómica –pero no social– resultante de la consideración del agua potable y el saneamiento como meras mercancías se destacan: la desecación de la Laguna Blanca (utilizada como fuente a sabiendas de su agotamiento en menos de una década); la provisión de agua de dudosa potabilidad, y la construcción de cañerías de saneamiento que ha derivado, sudestadas mediante, en el derrame de los efluentes cloacales en algunos balnearios (ello, como resultado directo de la minimización, al extremo, de los costos empresarios y la maximización de los riesgos sanitarios).
No muy disímil es la situación en el resto del Departamento de Maldonado que, a partir de octubre de 2000, pasó a ser concesionado (junto a la de Aguas de la Costa, las únicas en el Uruguay) a la empresa Uragua (controlada por Aguas de Bilbao Bizaisa –con participación de Iberdrola Energía y la Caja de Ahorro de Vizcaya–). Se trata, en este caso, de 120 mil residentes permanentes y 600 mil turistas veraniegos, en todas las playas que se extienden hasta Punta del Este.
En este caso, la “mercantilización del agua” también derivó en una estructura tarifaria sumamente regresiva (la tasa de acceso al servicio -el cargo fijo– es “apenas” cinco veces más elevada que la cobrada por la OSE). A esto se suma que la estatal OSE realizó las obras de infraestructura para el servicio de agua potable antes de otorgar la concesión, quedando a cargo de Uragua las de saneamiento. El incumplimiento de este último compromiso es una de las tantas manifestaciones de la deficitaria prestación privada del servicio. En el verano de 2001, Piriápolis se quedó cuatro días sin agua por la rotura de una tubería; en el año 2002 los controles realizados por OSE revelaron la presencia de coliformes en el agua, con la consiguiente recomendación de hervirla a todos los pobladores de Punta del Este; el puerto de esta última ciudad recibió –también en el 2002– aguas residuales y cloacales ante la rotura del colector de saneamiento. No obstante, a fines de ese año la renegociación del contrato devino en importantes beneficios para la empresa (reducción del canon, la posibilidad de saldar la garantía con títulos de la deuda pública a valor nominal y no en dólares, como estaba estipulado).
En suma, más allá de sus matices, y replicando lo sucedido en otros países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Chile), las dos únicas concesiones otorgadas en el vecino país han conllevado el fracaso de la gestión privada en la materia. De allí que no resulte sorprendente la constitución, en octubre de 2002, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida de Uruguay.

ESCENARIOS FUTUROS

En la actualidad, esa comisión agrupa a más de 40 organizaciones sociales. Al año de haber sido creada, logró reunir las firmas necesarias como para convocar a un plebiscito en torno del tema de la privatización del servicio. Finalmente, el próximo 31 de octubre, junto a la elección presidencial, se realizará un referéndum en el que el pueblo uruguayo tendrá la opción de votar por una reforma constitucional que garantizaría que el acceso al agua potable y el saneamiento pase a ser considerado como un derecho humano fundamental, al tiempo que prevé mecanismos que asegurarían una gestión pública, participativa y sustentable de los recursos hídricos en Uruguay y, en suma, bloquearía cualquier posibilidad de privatizar este servicio esencial para la calidad de vida de la población.

* Investigadores de Flacso.