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En un desesperado intento por evitar una suba en las tarifas del autotransporte de pasajeros y un lock out que suspenda servicios, el Gobierno decidió otorgar al sector un subsidio de aproximadamente 300 millones de pesos anuales, a razón de 1000 pesos por cada una de las unidades que circulan por las ciudades de todo el país. Pero como ni ese auxilio ni la reciente contención al precio del gasoil serían suficientes para impedir una presión sobre el boleto, el Gobierno estudia la redacción de decretos de necesidad y urgencia que favorezcan a los empresarios colectiveros con desgravaciones y menores exigencias de inversión, entre otras varias prerrogativas.
El viernes a la mañana, los empresarios nucleados en FATAP levantaron la medida de fuerza prevista para entonces, que hubiera dejado sin servicios a Buenos Aires y la Capital Federal entre las 11 de la mañana y las 15. Para entonces, no estaba redactada la versión definitiva del acuerdo del Gobierno con las petroleras horas después, por el que éstas se avinieran a venderles a los transportistas gasoil al precio diferencial de 75 centavos, aunque sólo hasta fin de julio y bajo ciertas condiciones cambiarias y de precios del crudo.
Pero a primera hora del viernes sí se sabía de las dos ventajas para el autotransporte de todo el país que horas después se consagrarían mediante el decreto presidencial 652. Una, la de un combustible a precio relativamente acotado o que, al menos, tiene un horizonte más previsible. La otra prerrogativa ya plasmada en aquella norma es la de un subsidio expreso que los colectiveros tendrán de ahora en más, del mismo modo que lo volverían a tener los concesionarios de trenes urbanos y seguirán teniéndolo los de peaje. Esos recursos saldrán de una tasa sobre el gasoil que pagan todos los consumidores, que hoy es de 5 centavos por litro. De ahora en más esa contribución será del 18,5 por ciento, lo que implica que subirá de movida a casi 8 centavos y que irá creciendo en la medida que el combustible se encarezca. Ayer, en el medio de la crisis por faltante, Shell volvió a aumentar el gasoil en surtidor, trasladando plenamente al precio final el impacto de la suba del impuesto.
Desde mediados del año pasado, aquella tasa sirvió para nutrir un Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial de unos 600 millones anuales, de los cuales el 80 por ciento debía servir para subsidiar a concesionarios de peaje y el resto para obras ferroviarias. Pero tanto dinero acumulado en época de escasez dio lugar a que Jorge Remes Lenicov detrajera 120 millones de pesos para fines totalmente ajenos a los mencionados y alentó con ello el cambio impulsado por el Ministerio de la Producción.
Ahora la recaudación subiría a alrededor de 1000 millones anuales. El 60 por ciento se aplicaría a frenar la suba de peajes y el resto será mayoritariamente para subvencionar a empresas de colectivos. La norma publicada ayer en el Boletín Oficial nada dice acerca de cuál será el criterio para otorgar esta subvención, pero según aseguró una fuente oficial a Página/12 el parámetro será el combustible consumido por cada unidad debidamente autorizada y al día con los controles reglamentarios. En resumen, habría dinero suficiente para “compensar” a cada uno de los colectivos que circulan en las zonas urbanas del país con unos 1000 pesos anuales promedio, suficientes para cubrir el mayor gasto que provocó la suba del gasoil de los 45 centavos (precio previo a la devaluación) a los 75 de promedio actual.
Pero el millonario subsidio no alcanzaría para cubrir las previsibles futuras subas, tal como ayer advertía a este diario Héctor Tilve, titular de la Fatap. “Esto no nos alcanza ni nos sirve. Por eso pedimos otra serie de cosas”, admite el empresario, cuyo lobby fue exitoso.
El Gobierno prepara al menos un decreto de necesidad y urgencia que permitiría, entre otras ventajas, flexibilizar las condiciones de inversión y limitar la responsabilidad civil de las empresas en casos de siniestro, permitiendo el pago en cuotas de las indemnizaciones. En unanorma del mismo rango se les otorgaría a los autotransportistas alguna ventaja fiscal, posiblemente la exención del IVA.
Desde el 15 de junio del 2001 el transporte paga una alícuota del 10,5 por ciento, que no fue trasladada al boleto porque en lugar de liquidarlo al fisco los empresarios utilizaron, como pago a cuenta de este impuesto, 7 centavos que tributan por ITC. Si se los libera del IVA, tendrán un crédito a favor o podrán emplear lo que tributan por Transferencia de los Combustibles para honrar otro compromiso fiscal. Quizás entonces se den por satisfechos.