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Los titulares de las comisiones de Energía en ambas cámaras del Congreso llegaron a un acuerdo para consensuar el proyecto de marco regulatorio para la producción, fraccionamiento y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP, gas en garrafa), con la intención de llevarlo al recinto en la Cámara baja en dos semanas y devolverlo al Senado, con modificaciones parciales. Ambos proyectos habían sido elaborados por legisladores justicialistas, pero el del Senado –redactado por el santacruceño Nicolás Fernández– era mirado con mayor simpatía por el Ejecutivo y, en particular, por el ministro de Planificación. El proyecto consensuado licua buena parte de las propuestas de control sugeridas en el originalmente preparado por los diputados Blanca Osuna y Jesús Blanco. De acuerdo con la redacción que bajará al recinto, el abastecimiento del gas en garrafa ya no será declarado como “servicio público” sino apenas “de interés público”, reduciendo así el grado de incidencia estatal en los precios y en el reparto del mercado.
El GLP quedó al margen de toda regulación a partir de la privatización de Gas del Estado y de YPF. El gas en garrafa es el combustible para la cocción de alimentos de más del 35 por ciento de la población, en su gran mayoría ubicada en los lugares más marginados del territorio nacional. Pero la mayor preocupación para el Gobierno surgió a partir de la devaluación del 2002: el precio de la garrafa casi se triplicó, castigando duramente al presupuesto de los hogares más humildes.
Al estar al margen de toda regulación, el precio del GLP no quedó alcanzado por el congelamiento de los servicios públicos en general dispuesto por la Ley de Emergencia Económica y Social de 2002 y su precio siguió comportándose como un “commodity”: es decir, según la evolución internacional ,pero traducida a pesos a la nueva cotización de la divisa.
La propuesta de regulación llegó al Congreso a través de dos proyectos, ambos de puño y letra justicialista, pero diferenciados entre sí. Uno, el presentado por el senador santacruceño justicialista Nicolás Fernández, presidente de la Comisión de Energía, recogió la postura del Ministerio de Planificación en cuanto a fijar límites a la participación de las productoras de GLP en la comercialización, pero sin modificar en forma sensible las características del mercado. El otro, de los diputados Blanco y Osuna –titular y vice de la misma comisión en la Cámara baja–, postulaba un mayor control por parte del Estado y la fijación de precios máximos. Además, proponía declarar la distribución de gas licuado como “servicio público”.
El dictamen que ayer emitió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados incorpora algunas modificaciones al proyecto votado por el Senado, pero no en cuestiones de fondo. La intención es aprobarlo dentro de dos semanas en el recinto para devolverlo a la Cámara alta.
Los diputados mantuvieron la decisión del Senado de declarar de “interés público” la producción y comercialización del gas licuado, pero resguardando “la defensa del interés de los usuarios”. El proyecto fue respaldado por el subsecretario de Combustibles y por la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado. En cambio, mereció objeciones de parte de las cooperativas de distribución, que exigieron una mayor regulación con respecto a la propiedad de los envases.
El nuevo texto dispone una intervención “suavizada” en materia de precios. Establece que la autoridad de aplicación (Secretaría de Energía) fijará para cada región y en cada semestre (invierno y verano) un precio de referencia para el GLP de uso doméstico en envases de hasta 45 kilogramos. También contempla la posibilidad de libre importación del GLP sin otro requisito que el cumplimiento de la normativa vigente, pero limita la exportación a que previamente se garantice el abastecimiento interno.