[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Quien haya leído la carta de entendimiento que la Unidad de Renegociación de Contratos firmó el viernes 12 de noviembre con Edelap se desconcertará ante los dichos del ministro de Planificación. Julio de Vido negó rotundamente la inminencia de ajustes de tarifas, a los que sí aludió su secretario de Energía, Daniel Cameron. El acuerdo firmado con la distribuidora eléctrica bonaerense preserva por ahora de cualquier suba a los clientes residenciales, pero prevé un reajuste en la remuneración de la empresa del 23 por ciento a aplicar desde febrero. A su vez, esto será reforzado por otro, posiblemente de envergadura similar, en 2006, fecha prevista para una revisión tarifaria integral. Este sendero es sólo uno de los puntos de un documento “molde” para renegociar con el resto de las distribuidoras eléctricas, confeccionado sobre una pauta que la Uniren considera de hierro: no reconocer como una compensación pendiente la diferencia entre los precios que las adjudicatarias cobran hoy y el que deberían cobrar si se aplicara “el valor justo” o equivalente al que percibían antes de la devaluación.
Es lo que los técnicos denominan “activo regulatorio”. Se trata de la diferencia entre la tarifa pesificada y la que deberían cobrar no sólo para cubrir los costos operativos y tener una rentabilidad “razonable”, sino para cumplir con un plan de inversiones que expanda las redes y permita repagar su deuda, inclusive la contraída en moneda dura. En octubre de 2002, el director y hombre clave del Enre, Darío Arrué, junto a Eduardo Sícaro, subsecretario de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, y Gabriela Ridelener, economista del órgano de control, argumentaron por escrito a favor de reconocerles a las empresas aquella diferencia como una deuda que el Estado comenzaría a saldar habilitándoles un ajuste adicional a la tarifa, a partir del momento que ésta alcanzara el nivel deseado.
Según esos tres funcionarios, este criterio “se basa en el principio de seguridad jurídica y desalienta juicios” como los que las empresas abrieron ante el Ciadi, “tiene en cuenta la pérdida que genera la emergencia económica”, “provee a las empresas un elemento de seguridad a la hora de renegociar su deuda” y “ayuda a recomponer su valor”, entre otros argumentos. Pero a pesar de esta visión sostenida desde el propio riñón oficial, los negociadores adoptaron la pauta casi opuesta de recomponer los ingresos de las privatizadas sin reconocer aquella pérdida.
Para ello se fundan en la pauta de que las tarifas cobradas desde el momento de la adjudicación ya incluyeron una cobertura por riesgo país. Por eso, una distribuidora de Inglaterra tendría una rentabilidad anual del 5 por ciento sobre el capital invertido, contra un 12 o 13 admitido a una que opera en el mercado argentino. Ese sobrecosto ofició como un seguro contra algunos riesgos, el de la devaluación entre ellos.
Sobre esta base, Edelap consiguió un aumento del 23 por ciento sobre su remuneración. Aún no está claro cómo se trasladará al precio final de la electricidad, pero sí que el impacto excluirá a los usuarios residenciales. Se trata de un acuerdo provisorio, hasta que entre en vigor una nueva pauta tarifaria en el 2006, que suponga nuevos derechos y obligaciones para la distribuidora operada por la norteamericana AES y el Estado. Hasta entonces, estará vigente la carta de intención cuyo modelo la Uniren aspira reproducir en los acuerdos con Edenor y Edesur. Los cambios que introduce este modelo no son menores:
- Renuncia al CIADI. Edelap “suspende” la demanda por más de 100 millones de dólares que inició ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por los perjuicios que le habría ocasionado la devaluación y pesificación de tarifas. La prestadora promete “renunciar” a ella cuando termine la renegociación en el 2006, asumiendo un compromiso al que son muy renuentes todas las privatizadas.
- Plan de Obras Anual. Se acordó un plan de obras de 18 millones de pesos a ejecutar en doce meses que la empresa puede cambiar si fundamenta apropiadamente esa modificación. Hasta ahora, las distribuidoras están obligadas a cierto nivel en la calidad del servicio pero no a un programa de inversiones prefijado.
- Penalidades flexibles. Si Edelap mantiene su calidad media, podrá diferir el pago de las multas, que pasarán a integrar un fondo para inversiones no pautadas. Pero si el nivel de su prestación se derrumba, seguirá vigente la norma actual: el monto de las penalidades se prorratea de inmediato entre todos los usuarios.
- No se repartirán dividendos. Al margen del resultado del ejercicio, no habrá reparto de utilidades mientras dure el entendimiento.
A semejanza de lo que ocurre con Edenor y Edesur, los números de Edelap serían bastante auspiciosos. Si bien los precios de las distribuidoras están congelados, la facturación aumentó por el crecimiento de la demanda y la merma de la morosidad. Así las cosas, las distribuidoras pueden cubrir gastos operativos y hacer el mantenimiento básico aunque estén lejos de los precios anhelados.
Al comienzo de la renegociación, Edenor reclamó un aumento en su remuneración –que es sólo una parte de la tarifa final– del 90 por ciento, mientras que en junio pasado Edelap insistía con un 112. Finalmente, firmó por un quinto. Las otras todavía eluden pronunciarse sobre esta propuesta oficial, tal vez, con la pretensión de resignar menos.