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“Las condiciones de la Penitenciaría de Mendoza son terminales”, afirmó un funcionario de la Cancillería nacional, quien participó el viernes en una visita a ese penal, junto con otros funcionarios nacionales y representantes de organismos de derechos humanos. Pocas horas después, otro interno fue gravemente herido y quedó internado con pronóstico reservado. “Esto es peor que un campo de concentración”, resumió uno de los abogados que participaron en la visita, cuyo informe subraya que “celdas de 2,6 por 1,8 metros son compartidas por cuatro personas, que son obligadas a mantener allí mismo sus propios excrementos y la basura acumulada, con 23 horas diarias de encierro”. Esta descripción, además del horror y el asco que pueda suscitar, “desbarata la excusa del gobierno mendocino, que quiere reducir el problema a cuestiones edilicias”, señaló uno de los abogados, y destacó que “si el Estado nacional no actúa urgentemente, el gobierno del presidente Kirch-
ner corre el riesgo de recibir una condena internacional por violaciones a los derechos humanos”. La situación en la cárcel mendocina había sido revelada a nivel nacional por Página/12 el 18 de este mes. El 22, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado argentino que “adopte en forma inmediata las medidas necesarias para proteger la vida e integridad” de los detenidos en esa penitenciaría.
Jorge Cardozo, asesor de la Cancillería nacional, luego de participar en una visita a la Penitenciaría de Mendoza, reconoció que “las condiciones del penal son un desastre, no sólo por el hacinamiento sino también por la situación higiénica”, y admitió que “las actuales condiciones son terminales, porque conviven más de 2000 personas donde debería haber 800. Pero además hay un grave problema sanitario, faltan baños, agua potable, no hay colchones, hay roedores, pulgas, chinches y sarna”.
En la visita participaron también Claudia Cessaroni, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la senadora nacional Marita Perceval, dos médicos y los abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que habían impulsado la denuncia. Su informe, que ya fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que “en los pabellones no hay luz y no existe vigilancia, lo que genera la posibilidad de que se produzcan muertes a toda hora, reinando la impunidad. Los traslados de detenidos no tienen control, y procesados y condenados conviven en los pabellones, todo lo cual genera un caos y favorece las muertes y riñas”.
Pocas horas después de la visita tuvo lugar una riña generalizada en el pabellón 7, como consecuencia de la cual el interno Julio Cocuzza recibió una herida de arma blanca en el pecho “que le interesó órganos vitales”. Está internado en el hospital Lagomaggiore con pronóstico reservado.
El informe denuncia también que “los internos no tienen agua para beber y mucho menos para higienizarse. En celdas de 2,6 por 1,8 metros, con una sola cama de cemento, conviven cuatro o cinco internos, sin colchones, y llegan a estar encerrados 23 horas por día. Defecan dentro de la celda y son obligados a guardar los excrementos allí mismo, incluso se les obliga a acumular la basura en las mismas celdas, que tienen pequeños respiraderos”.
Para recibir atención médica, puntualiza el informe, “los internos tienen que presentar hábeas corpus, y a los días se les prescriben medicamentos que jamás reciben. En el encierro nocturno, los llamados para atención médica no son respondidos y sólo se actúa cuando la persona ha muerto. Una persona estuvo tirada sin atención médica, a pesar de nuestra presencia en el lugar, y luego de más de veinte minutos fue llevado a la enfermería. Los médicos tampoco se acercan a los internos. La actitud es similar a quien examina un animal peligroso, feroz”.
Según Roberto Grillo, ministro de Justicia mendocino, “esto en una nueva cárcel no pasaría” (existe un proyecto al respecto) y también anunció que se les agregará un régimen mayor de trabajo a los presos “porque no están de vacaciones”.
“La excusa del gobierno de Mendoza, que reduce la situación a la falta de una cárcel nueva, es mentira, porque no depende de eso el encierro de 23 horas al día, ni la convivencia con las ratas, la basura y los excrementos”, observó el abogado Pablo Salinas, y afirmó que “si el Estado no toma medidas respecto de la provincia, el presidente Néstor Kirchner corre el riesgo de una condena internacional por violación a los derechos humanos. Los requerimientos de la Corte Interamericana no se dirigen a las provincias sino a los Estados. La situación ya fue denunciada por Amnistía Internacional, por organismos nacionales como el CELS, por la Asociación Americana de Juristas y también por Naciones Unidas”.
Mañana llega a Mendoza el ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, a quien funcionarios del Ministerio de Justicia provincial le expondrán el “plan de seguridad de Mendoza”.