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El fiscal federal Carlos Rívolo pidió elevar a juicio oral y público al ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI) Ricardo Cossio, en una causa por un supuesto fraude multimillonario contra el Estado nacional mediante la contratación de servicios informáticos con la firma IBM Argentina. En un dictamen presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, Rívolo pidió el mismo tratamiento para los ex directivos de IBM Ricardo Martorana, Gustavo Soriani, Alberto Minazzoli y Eduardo D’Alessandro.
El fiscal, según fuentes judiciales, reclamó al magistrado que dé por concluida la pesquisa, iniciada en 1996 a partir de una denuncia presentada por los diputados Carlos Alvarez, Horacio Viqueira y el fallecido Alfredo Bravo. Rívolo consideró que existen pruebas sobre la “administración infiel” de Cossio en convenios por alrededor de 513 millones de pesos para contratar a la UTE IBM-Banelco para la puesta en marcha de los proyectos denominados Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Sijyp) y Sistema Integrado Tributario (Sitrib). Los legisladores habían denunciado que la DGI dispuso “la compra de equipos, programas, infraestructura de apoyo e insumos de computación más la prestación de servicios informáticos por centenares de millones de pesos, para lo cual se utilizó ilegalmente el mecanismo de la contratación directa”.
El fiscal acotó que Cossio “direccionó arbitrariamente a favor de una unión de empresas, como fue la UTE IBM-Banelco, que al momento de hacer efectivo el servicio trasladó entre los costos del negocio grandes sumas de dinero que, mediante operaciones espurias, beneficiaron a empresas vinculadas patrimonialmente con él”. El dictamen señala a las empresas Consad y Segurex como las que habrían intervenido en la operación para servir de “escape” para el desvió de un “enorme suma de dinero”. En virtud de ello, Rívolo solicitó también que sean sometidos a juicio oral los integrantes de esas empresas y otras que calificó de “vinculadas”: Juan Carlos Cattáneo, Silvina de la Rúa, Liliana Almosny, Carlos Krieger, Carlos Juni, Horacio Pasman, Antonio Altieri, Félix De Barrio y Eduardo Novillo Astrada.
Rívolo afirmó que el ex funcionario “no realizó ni encomendó una tarea de estudio previo sobre los alcances de los proyectos (...) desatendió las recomendaciones que la Subsecretaría de Sistemas de Información realizó en sus dictámenes vinculantes (...) así como los reparos efectuados con relación al precio de las ofertas formuladas”, expresó Rívolo. Mencionó además casos de contrataciones por valores “inflados” por un precio “15 veces más alto que el costo estimado inicialmente” y el desvío de sumas millonarias para firmas subcontratadas que habrían actuado “aparentando el cumplimiento de una prestación tercerizada de servicios”.
“Todo esto –agregó Rívolo– demuestra un obrar abusivo y arbitrario en el manejo de los fondos cuya administración le fue encomendada al imputado”, quien tuvo “clara voluntad de beneficiar al grupo empresario IBM-Banelco”. Martorana, Soriani, Minazolli y D’Alessandro, según Rívolo, tuvieron “participación necesaria” en el delito de administración infiel, “dado que sin la intervención de éstos no habría podido cometerse el ilícito perpetrado por los funcionarios de la DGI”. En paralelo al contrato entre IBM-Banelco y la DGI, se firmaron con diferencia de semanas toda una serie de contratos de informatización de diversas áreas públicas. Entre ellos, el más resonante fue el del Banco Nación, que llevó a prisión a los directivos de la entidad, entre ellos Aldo Dadone.