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China y Brasil, además de ser elegidos como los principales socios de la Argentina, son visualizados como un riesgo. El Gobierno está haciendo malabares para acomodar la situación y, a veces, alguna pelota se le cae. Pero también hace intentos por levantarla. Por ejemplo, el secretario de Industria, Alberto Dumont, anunció que el Poder Ejecutivo dictará dos decretos para restringir las importaciones chinas de distintos productos, como textiles, indumentaria, juguetes y calzados. Son normas que debieron haberse sancionado hace casi tres años, cuando el gigante asiático logró su incorporación a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Dumont comunicó la novedad en una reunión con empresarios de aquellos y otros rubros, como metalúrgicos, electrodomésticos, bicicletas y motocicletas, neumáticos y madereros. El grupo se llama a sí mismo Industriales Autoconvocados, y se juntó para reclamar al Gobierno acciones de protección frente al posible aumento de las importaciones chinas y brasileñas. Son los sectores que resultaron más golpeados por la apertura de la década pasada, pero que luego de la devaluación recuperaron posiciones rápidamente. Representan entre el 25 y el 30 por ciento del PIB industrial.
Los decretos que prepara el Ministerio de Economía definen las condiciones bajo las cuales la Argentina aceptó el ingreso de China a la OMC. En 2002, cuando ese país se sumó al organismo internacional regulador del comercio, cada nación se reservó una serie de derechos para imponerle límites a sus exportaciones. En el caso argentino, lo hizo con la mayoría de los rubros citados más arriba. El problema es que nunca formalizó la medida y, de hecho, no se aplica porque no la reglamentó internamente. El secretario de Industria les dijo a los empresarios que ahora existe “plena voluntad política” para completar el trámite. Con ello, podrán aplicarse salvaguardas hasta el año 2013.
Una discusión que se viene es el carácter que tendrán las salvaguardas: si serán un aumento de los aranceles o si se fijarán cupos. Los industriales se inclinan por lo segundo, pues les garantiza mayor protección.
Los mismos empresarios que se reunieron con Dumont luego se entrevistaron con el titular de la AFIP, Alberto Abad; el director general de la DGI, Horacio Castagnola, y el subdirector de Fiscalización, Marcelo Costa. El tema central también fue el ingreso de mercaderías chinas y brasileñas. Los industriales afirman que los distintos mecanismos públicos para controlar las importaciones están fallando y reclaman endurecer la fiscalización. “El Gobierno tomó conciencia de que el Mercosur así como está no puede seguir, porque con la política brasileña de subsidios a la industria, ellos se llevan las inversiones y generan las exportaciones que después colocan en la Argentina. Y también comprendió que incrementar las relaciones comerciales con China con una Aduana permeable es un riesgo enorme”, señaló a Página/12 Jorge Sorabilla, de la Fundación Pro-Tejer.
Otro industrial, que prefirió mantener su identidad en reserva, le puso cuatro puntos sobre diez al funcionamiento de la Aduana. “No sacan un aplazo, pero le pasan cerca”, evaluó. Abad y los demás funcionarios accedieron a conformar una mesa permanente de diálogo con los representantes del sector privado, a fin de trabajar en conjunto en la mejora de los controles. Uno de los temas que los industriales llevarán allí es que la opinión que expresan las distintas cámaras ante las consultas de la Aduana, cuando hay dudas sobre los precios de productos importados, sea vinculante.
“Estamos dispuestos a competir legalmente con la importación, pero es imposible que lo hagamos en estas condiciones. El 50 por ciento de los productos que ingresan al país son ilegales y a eso hay que sumarle la subfacturación que genera la venta en negro”, se quejó Marcelo Fernández, de la cámara de productores de insumos para la confección.