EL PAíS › EL FISCAL RESOLVIO IMPULSAR LA CAUSA CONTRA FERRARI
De la catedral a Comodoro Py
Debe resolver si la exposición del artista fue “incitación a la violencia religiosa”. Pidió medidas y la opinión de Bergoglio.
Por Raúl Kollmann
El fiscal Patricio Evers resolvió impulsar una investigación para determinar si la exposición del artista León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta constituye o no incitación a la violencia religiosa. La denuncia fue presentada por un abogado católico, Beltrán María Fos, y la causa recayó en el juzgado de Jorge Urso. Los acusados son el artista, la directora del Centro Recoleta, Nora Hochbaum; el secretario de Cultura porteño, Gustavo López; y el propio jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. El fiscal podía cerrar la causa simplemente señalando que no existe mérito para iniciar la investigación, pero optó por pedir una serie de medidas, entre ellas, la opinión del arzobispo Jorge Bergoglio. De todas maneras, en el mundo del Derecho existe el consenso de que las obras de arte no constituyen un llamado a la acción o a hechos de violencia contra otros, y que el Estado no puede dictaminar sobre qué arte es bueno y cuál malo.
El delito de incitación a la violencia religiosa tiene una pena que va de un mes a tres años de prisión y castiga a quienes “atentaren o incitaren el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su religión”. La denuncia de Fos resulta curiosa y cita como incriminantes las siguientes palabras de León Ferrari: “La religión que el cardenal Bergoglio profesa castiga a los que piensan diferente. Si algo avergüenza a nuestra ciudad no es esta muestra sino que se sostenga que hay que torturar a otros en el infierno”. El letrado considera que “esas declaraciones no han hecho más que confirmar el sentido de incitación al odio al catolicismo que conlleva la muestra”. Fos dice que las obras en las que se mezclan símbolos religiosos con imágenes eróticas o Cristos a la plancha son insultantes para la religión católica y para sus fieles devotos.
Evers resolvió impulsar varias medidas de prueba, consciente de que si no lo hacía iban a acusarlo de parcialidad a favor de la exposición. De todas maneras, es más que difícil establecer sobre la base de qué parámetros se determinará si una obra incita o no a la violencia religiosa. Por esa razón, el fiscal se concentra en recabar opiniones y datos elementales. Por ejemplo, que el Centro Cultural Recoleta acompañe el expediente administrativo que se formó en todo el proceso que llevó a la realización de la muestra; que se envíen fotos de las obras; que el cardenal Bergoglio acompañe las comunicaciones oficiales y entrevistas que concedió en relación con la exposición; que el Comfer haga llegar los programas de radio y televisión en los que se trató el tema y que el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) informe si abrió un expediente vinculado con la muestra.
El artista designó como abogados a Pablo Jacoby y Pablo Slonimisqui, dos letrados con vasta trayectoria en casos de libertad de expresión. Slominisqui le dijo a Página/12 que “existe consenso en que las expresiones del mundo del arte están al amparo de toda intervención represiva. Cuando se habla de incitación a la violencia religiosa, la referencia es a quienes impulsan a otras personas a armarse, agredir, a realizar acciones concretas contra otros por motivos religiosos. No se trata de condenar a alguien por lo que piensa, lo que critica o por lo que expresa en una obra de arte. No hay en este caso propaganda basada en superioridad racial o religiosa que tenga como objetivo justificar acciones violentas. Paralelamente, el Estado no puede hacer de la cultura una expresión artística oficial. Si interviene, fijaría límites de lo permitido. Si lo hace, aun con el pretexto de preservar la tranquilidad, degrada la libertad cultural, cualquiera sea la calidad del arte. El arte bueno y malo no es una materia sobre la cual la autoridad pueda dar órdenes. Hay una protección del arte y la ciencia porque tiene efectos beneficiosos para la búsqueda de la verdad o la perfección de estilo, ypor eso mismo compensan la intranquilidad o el desorden en la opinión pública cuando las manifestaciones son provocativas”.
El próximo paso será que el juez Urso resuelva si les da curso a estas medidas y si encuentra mérito para seguir con la causa.