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La agresiva campaña contra la evasión impositiva lanzada por Felipe Solá podría tener un efecto colateral indeseado. “Cuando instalás muy fuerte la percepción de riesgo para el que no paga impuestos, puede aparecer un problema: el fraude con falsos inspectores, gestores o empleados infieles que busquen cobrarles por izquierda a los contribuyentes que quieren ponerse al día”, admite Santiago Montoya, subsecretario de Ingresos Públicos provincial. “Por eso estamos fortaleciendo los circuitos de control interno”, agrega el funcionario que lidera la cruzada recaudadora. Según Montoya, el fisco está enviando una señal clara: “Hay que pagar”, porque el evasor tendrá en el futuro cada vez mayor riesgo de ser atrapado, pero “hay que pagar por derecha” porque si no el delito se agrava. Rentas de la provincia ya denunció este año penalmente a un grupo de empleados “infieles” que “facilitaban” el pago de impuestos, y a los empresarios que entraron en el arreglo.
Hoy, la mencionada Subsecretaría y el Ministerio de Economía provincial, a cargo de Gerardo Otero, firmarán un convenio de cooperación con la procuradora general, María del Carmen Falbo, y el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, con el objetivo de ampliar las tareas de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos (UIDE).
La UIDE fue creada a mediados del año 2000, integrada por dos “instructores” especializados de la Policía Judicial dependiente de la Procuración General, en tanto que el Ministerio de Economía proveyó las instalaciones y los equipos informáticos.
La función específica de la UIDE es la investigación de fraudes al fisco provincial, en sus diversas modalidades: defraudación en la transmisión de propiedades, ingreso de pagos adulterados, otorgamiento de bonificaciones forzadas, carga de oficios judiciales o de exenciones apócrifas, y robo de claves de acceso a bases de datos.
La ampliación del convenio que se firmará hoy prevé la incorporación a la UIDE, en el 2005, de diez instructores judiciales, su capacitación en temas específicos de delitos propiamente fiscales, y la incorporación de equipamiento especial para investigaciones adquirido por el Ministerio de Economía.
“Para evitar el fraude dentro de la propia administración hacemos continuamente rotaciones de inspectores y fiscalizadores. Pero el año pasado descubrimos una maniobra más compleja: una banda de empleados infieles que se dedicaba a borrar deudas de morosos, simulando liquidaciones y pagos judiciales”, explicó a este diario Montoya. “La denuncia penal la presentamos este año e involucró tanto a empleados de Rentas como a los empresarios que entraron en el arreglo”, agregó.
Para el funcionario, “siempre hay pequeñas redes de gente que opera al margen de la administración y falsos gestores”, que seguramente también buscarán sacar su tajada en esta oportunidad.
El objetivo del Ministerio de Economía es no sólo fortalecer la capacidad de investigación de fraudes por parte de la Justicia sino también crear en los próximos meses un “Area de Investigación Forense en Ingresos Públicos”. Esa unidad cumpliría una función de control del fraude interno, similar a las unidades de “Asuntos Internos” en la policía.
En la última semana, los principales funcionarios de Solá salieron a “meter presión” sobre los evasores, campaña a la que se sumó el propio gobernador y que fue respaldada hasta por el presidente Néstor Kirchner.
“Queremos que los morosos sientan vergüenza; los vamos a llamar por celular, los vamos a seguir, lo vamos a ‘marcar’, a poner obleas en los autos, para que se sepa quién es quién”, advirtió Solá.
Según los números oficiales, hay 35 mil grandes contribuyentes morosos en la provincia, que adeudan al fisco un total de 2 mil millones de pesos, entre impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Patentes. Hasta ahora, la provincia entabló juicios contra 4 mil morosos de ese universo de deudores de alto poder adquisitivo. Pero la limitada capacidad operativa de los tribunales bonaerenses no permite encarar más de 1500 o 1800 por vez.