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En el Ministerio de Economía consideran que la adhesión al canje de deuda será alta, pero la avalancha de bonos ingresará en la última semana antes del cierre de la operación, un pronóstico acorde a una tendencia que nadie esperaba: los minoristas alrededor del mundo optaron, antes que por canjear los papeles argentinos, por deshacerse de ellos. Los compradores fueron y continuarán siendo los grandes inversores. Esta semana seguirá el debate por la polémica ley que impide al Estado realizar una mejora de la oferta, la que ya obtuvo la media sanción del Senado. Hay dudas sobre los efectos que provocará la mayor pesificación de la deuda por la marcada preferencia por los papeles nominados en moneda local.
¿Era realmente necesario el impedimento por ley para mejorar la oferta? Este fue el tema de análisis excluyente de todos quienes en la city porteña producen y distribuyen algún paper. Los más escépticos pusieron de relieve la relatividad que tiene la legislación para la materia en cuestión. Recordaron un antecedente poderoso: La ley de intangibilidad de los depósitos. Desde el Ministerio de Economía insistieron en que era necesario redoblar las señales de que no habría mejora en la oferta, señal que otros consideraron que ya había sido dada con creces. Un funcionario del Ministerio de Economía dijo a Página/12 que, frente a las compras de grandes inversores, que habrían llegado a los 7000 millones de dólares en los últimos días, era necesario cortar de cuajo cualquier especulación de los nuevos tenedores para apostar al fracaso de la operación. Esta visión también fue detalladamente descartada por otros analistas. La deuda elegible se comercializó en torno a los 30U$S por cada 100 y las predicciones dicen que los nuevos bonos comenzarían cotizándose en no menos de 36 o 37U$S. Según la evolución de la economía, las cotizaciones podrían luego seguir para arriba. La ganancia de los inversores más sofisticados no sería nada desdeñable.
¿Para quién fue entonces la “señal” de la nueva ley? La versión dada por un técnico de la Secretaría de Finanzas a este diario puede ser una respuesta factible: la nueva ley está dirigida a “convencer” al 30 por ciento de los tenedores locales que aún no adhirieron a la operación y a quienes todavía tienen en su poder deuda por entre 5 y 6 mil millones de dólares. Aquí, cuando se habla de “locales” no se hace referencia a residentes argentinos sino a los tenedores de bonos bajo legislación local. El “deslistado” de los papeles viejos vía una norma doméstica, uno de los puntos de la ley, es perfectamente factible en este caso, aunque menos simple en otras plazas. En EE.UU. demanda la conformidad del 66 % de los tenedores.
Existe otro punto interesante que surge de la prohibición legal de mejorar la oferta y que puede haber sido pensada con miras a la futura negociación con el FMI. Si finalmente la aceptación es menor al 80 % que reclamaba el organismo, la Argentina podrá ampararse en su legislación para rechazar las seguras demandas para seguir negociando con quienes se quedaron afuera. Será, sin dudas, una situación novedosa, pues en general la legislación nacional se subordinó a los dictados del Fondo y no al revés.
Otro de los aspectos del canje que augura futuros debates surge de la marcada preferencia que están mostrando los inversores por los papeles nominados en pesos. La previsión es que cerca de la mitad de los alrededor de 130 mil millones de dólares en que quedará la deuda post canje estará nominada en moneda local. Algunas voces halagüeñas ya destacan la reducción de la “deuda externa”. En rigor, se llama deuda externa a la parte de la deuda pública denominada en moneda extranjera. El otro aspecto positivo es que pagar la deuda con recursos propios ya no demandará superávit doble, de las cuentas publicas y de la balanza comercial sino sólo el primero, lo que brindará un nuevo grado de libertad a la política económica. Sin embargo, mal que les pese a los optimistas, en economía la realidad a veces contrasta con las formas. Seguramente, una de los temasdel debate post default estará en el grado de libertad que tendrán los dólares para salir del país. Es difícil creer que los residentes del exterior que tengan deuda nominada en pesos no transformen los pagos en moneda dura, lo que presionará primero la demanda interna de divisas, y luego la cuenta capital. Ser propietario de deuda en dólares significa tener activos en una moneda que se devalúa. La deuda en pesos no sólo se revalúa tendencialmente con respecto al dólar sino que es la única que se indexa por inflación. Más allá del discurso, lo que es bueno para el acreedor, no siempre es bueno para el deudor.