Aunque ambas partes se siguen reuniendo, en un intento genuino por acercar posiciones, el intercambio escrito entre la Unidad de Renegociación de Contratos y las distribuidoras de gas natural prueba que las separa una gran brecha. El Gobierno les envió un modelo de “carta de entendimiento” que contemplaría un incremento en el margen de distribución del 15 por ciento en lo inmediato, más una “revisión integral” el año próximo, incluyendo cualquier suba por mayores costos que tuviera lugar durante el 2005. El texto oficial no sólo expresa la firme voluntad oficial de que las licenciatarias renuncien a sus reclamos ante el Ciadi, sino que incluye la denominada cláusula de indemnidad, por la cual la sociedad adjudicataria debería hacerse cargo de pagar la eventual indemnización, en caso de que alguno de sus accionistas consiga un fallo favorable. Las destinatarias rechazaron de plano la propuesta por “unilateral”, entre otros argumentos plasmados en cartas a las que accedió Página/12.
Ninguna empresa consultada quiere confirmar sus pretensiones en el medio de la negociación. Pero la realidad es que los negociadores oficiales debaten sobre la base de que el pedido de ajuste tarifario para superar el congelamiento que les impuso la Emergencia Económica supera el 60 por ciento. Claro que ésta podría considerarse casi una aspiración de mínima. Según hicieron saber al Gobierno, lo que verdaderamente anhelan las distribuidoras es un “sendero de precios” similar al que tienen las productoras de gas: por estos ajustes escalonados, a mediados de este año cobrarán el combustible boca de pozo al mismo valor en dólares que tenía antes de la devaluación.
La contrapropuesta oficial resulta magra frente a esto. No sólo por la envergadura del ajuste, sino porque hasta el año próximo éste exceptuaría a los usuarios residenciales. La suerte de las facturas domiciliarias quedaría definida a partir del 2006, cuando además de expresar un mayor margen de distribución (la remuneración que cobran las distribuidoras), también traducirán las subas en el precio del gas boca de pozo, el insumo básico de las empresas que llevan ese carburante hasta sus casas.
El rechazo de las privatizadas gasíferas fue bastante claro. Con fecha 26 de enero y bajo la firma del español Antoni Peris Mignot, Gas Natural objetó lo que consideró una “iniciativa unilateral del Estado”, eso sí, reiterando “su vocación negociadora”. Por si acaso, la empresa dejó en claro su reserva de derechos para cualquier demanda indemnizatoria, acotando la ilusión oficial de que podría suspender ahora y desistir el año próximo de los planteos formulados ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. “Dejo expresa constancia de que la participación en esta fase del proceso y en esta presentación no deben ser entendidas como renuncia o menoscabo de los derechos que legalmente adquiera”... ni va en “detrimento de la reserva de derechos efectuada oportunamente y que a todo efecto ratifico”, sostiene el texto.
Quizá más contundente fue la negativa escrita de Metrogas, que también acusa al Estado de proponerle rubricar un acuerdo sin consensuar su contenido. “La estructura proyectada para el régimen tarifario y su sistema de revisión integral no garantiza el resguardo de las bases y principios contemplados en el marco regulatorio” e “ignora la posibilidad de trasladar en forma directa al precio del gas el costo de transporte y suba de impuestos”, se queja la compañía.
La carta a la Uniren firmada por el gerente de operaciones de aquella distribuidora, Marcelo Figueroa, remata advirtiendo sobre los cambios que podrían sobrevenir si se aprueba el marco regulatorio general para todos los servicios públicos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, descartando la posibilidad de llegar a algún acuerdo hasta tanto no esté definido el destino de esa iniciativa parlamentaria.
La realidad es que esta jugada dejó varios puntos opacos. La Unidad de Renegociación no les giró los anexos en los que se detalla cómo se calcula la futura tarifa, la rentabilidad prevista o las inversiones a ejecutar, precisiones que las firmas pidieron por una vía informal para poder seguir sentándose a una mesa de negociaciones.
El titular de la Uniren defendió por escrito la propuesta de “entendimiento” en una nota enviada el 3 de febrero a Gas Natural. El texto firmado por Gustavo Simeonoff asegura que la propuesta oficial incluye “lineamientos básicos, realistas y factibles”, basados en “discusiones mantenidas con esa licenciataria” a la que imputa estar “evitando la negociación, desde el comienzo del proceso”.
Pero estos escarceos epistolares no impidieron que los encuentros entre los técnicos del Gobierno y de las empresas hayan continuado en los últimos días con el afán común de arrimar posiciones. Las distribuidoras saben que no podrán tener una tarifa que sostenga su negocio en los términos pretendidos. Del mismo modo que el Gobierno ya se puso a revisar la estructura de costos sobre la que fundó su propuesta. Quizá, porque a los propios renegociadores les faltan datos. ¿La expansión de la red será financiada por la caja de las empresas o por un fondo fiduciario al que éstas ni siquiera aporten? Una incógnita a develar por Julio De Vido.