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Hay más de 50 tratados de protección de inversiones firmados, de los que una veintena ya han vencido y se están renovando de forma automática por un año adicional (y así sucesivamente). Alguno de ellos por más de un año. Han permitido juicios contra el país por varios miles de millones de dólares. El gobierno argentino considera que los tratados tienen cláusulas inconstitucionales y se dice además que los procedimientos y la conformación de los tribunales arbitrales donde se juzga al Estado argentino son claramente negativos. La duda existente en algunas personas acerca de la conveniencia de denunciar y renegociar los tratados es curiosa: parece demasiado incongruente decir que los tratados tienen cláusulas inconstitucionales y permitir que se sigan renovando. Esa incongruencia es política, pero seguramente también se pagará en los tribunales arbitrales, porque los jueces (aun los de Ciadi) son humanos y creen que los contextos ayudan a explicar o interpretar las normas. El argumento acerca que los tratados tienen cláusulas de ultra actividad o sea que no es importante denunciarlos porque seguirían vigentes por unos 10 años es bastante relativo: además de denunciar hay que renegociar y reinterpretar (la reinterpretación incluye el pasado) todo lo que se pueda. Con Panamá se reinterpretó el tratado, por lo que se acordó que lecturas del mismo que podrían ser groseramente perjudiciales para el país no tenían efecto. Si no se pudiera reinterpretar y hubiera que renegociar tratados, tendríamos vigente el nuevo para las nuevas inversiones y algunas cláusulas del viejo (por ultra actividad). Y si hubiera diferencia entre ambos tratados, ¿alguien cree que los jueces no tendrían en consideración la nueva opinión de los dos países contratantes? La opinión de una sola de las partes contratantes denunciando un tratado es significativa para un árbitro. Imaginemos la de los dos. ¿Es posible imaginar que esa situación de tensión sería peor que la actual derrota cantada? Otro argumento ligado a la ultra actividad es que como dura 10 años no se trata de temas urgentes. Eso parece olvidar que los diez años se van prolongando a medida que no se toman medidas. En realidad, denunciar los tratados a su vencimiento y convocar a renegociar es un gesto de seriedad ante las empresas, ante los otros países y ante la política interna: imaginemos un fallo arbitral que el Gobierno decide “desconocer” o algo parecido y que ese mes se renueven tratados que incluyen lo “desconocido”.

* Economista.