A semejanza de lo que ya está ocurriendo en algunas provincias, Edenor y Edesur podrían aplicar en el corto plazo una “tarifa social” para sectores de bajos recursos. No se trata de un gesto magnánimo sino, básicamente, de un recurso para afrontar la creciente morosidad y bloquear un proyecto con media sanción de Diputados que directamente exime a los pobres del pago del consumo eléctrico. Las empresas prefieren explorar formas alternativas para que los usuarios que sí pagan puedan regular la cantidad de kilowatts demandados en cada período y así no reforzar la nómina de morosos o incobrables. Los más pobres de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que no pueden pagar ni un kilowatt, deberían ser una carga que recaiga directa y expresamente sobre las espaldas del Estado.
Edenor formuló una propuesta detallada a la comisión renegociadora de tarifas de los servicios públicos que comanda Economía, con el afán de que de allí surja una tarifa especial para sectores con “probadas y graves dificultades económicas y consumo moderado”. Edesur, en tanto, confía en que esa misma comisión también defina futuras preferencias.
Pero ni una ni otra empresa imagina que esta tarifa preferencial pueda conseguirse sin un esfuerzo fiscal. La carga tributaria representa hoy el 28 por ciento de la factura de electricidad para los usuarios de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Después de la pesificación compulsiva de las tarifas al tipo de cambio uno a uno, y cuando aún no está claro cuánto y cuándo se aplicarán los incrementos, las distribuidoras consideran que no tienen margen para sacrificar renta.
La otra variante es que el Estado subsidie íntegramente cierta categoría de consumos, pero garantizando efectivamente el pago de esa subvención. “Hay una situación próxima a una tarifa social que ya está en vigencia para 60 mil familias en villas de emergencia. Pero desde agosto la Nación y las provincias dejaron de pagarnos y hoy nos deben 5 millones de pesos”, se queja ante Página/12 el vocero de Edesur.
La tarifa preferencial o el subsidio liso y llano son dos buenos caminos para que las distribuidoras intenten solucionar el problema de morosidad creciente, que en Edenor hoy alcanzó el 10 por ciento del padrón, lo que significa que dejó de facturar 40 millones de pesos. Desde que la crisis pulverizó los ingresos fijos de gran parte de sus clientes, la empresa comenzó de hecho a instrumentar el plan de pague como pueda: después del vencimiento, las facturas se pueden ir abonando en cuotas del monto que les sea factible. Las distribuidoras también abrieron vías de negociación con organizaciones piqueteras y de desocupados, aclarándoles que tienen toda la intención de beneficiarlos con alguna prerrogativa tarifaria, pero que no pueden hacerlo por culpa de Economía. El temor a los escraches públicos no es poca cosa.
Las empresas desean evitar el corte por todos los medios, simplemente porque por esa vía pierden un usuario que, presumiblemente, luego engruese la fila de los colgados. “El cliente que está integrado al sistema reduce su consumo. Pero el que se colgó, usa sin restricciones y no paga nada”, razonan en la distribuidora norteña.
Con esta estrategia, las empresas salen también al cruce de un proyecto con media sanción de Diputados, impulsado por Eduardo Camaño, lo que permite presumir que tiene todo el respaldo político del presidente Eduardo Duhalde. Según la iniciativa, ni las distribuidoras eléctricas ni las gasíferas podrán efectuar cortes hasta tanto no se termine la revisión contractual abierta hace unos meses. Los beneficiarios serán clientes residenciales, con vivienda única y que prueben falta de recursos a través de certificado emitido por un juez.
Para las adjudicatarias de las redes eléctricas es preferible administrar ellas mismas el recurso de corte a que una ley las inhiba de ese derecho consagrado por los contratos de adjudicación. Por esocualquier negociación es mejor a una norma que compulsivamente les obligue a resignar facultades.