La Federación de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) amenazó ayer con suprimir los servicios de los domingos y feriados, y levantar las frecuencias entre las 23 y 4 horas los días hábiles, si el Gobierno no instrumenta de urgencia alguna medida que los compense por el encarecimiento del gasoil y otros insumos. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) advirtió mediante un comunicado que podría sancionar con multas y el quite de licencias a quienes instrumenten el lockout patronal a partir de mañana. Por el mismo medio la Secretaría de Transporte alertó que también podría apelar a una penalización por lo que consideró lisa y llanamente como una presión en pos de una suba de boleto.
Al cierre de esta edición, el secretario de Transporte Guillermo López del Punta seguía negociando con los autotransportistas alguna fórmula que impidiese la medida de fuerza. Sobre la mesa no sólo puso la promesa de auxiliarlos para que accedan a un combustible más barato sino que también trató de tentarlos con la promesa de que serán mucho más laxas las condiciones de inversión, entre otras prerrogativas.
La escaramuza entre los colectiveros y el Gobierno tiene como detonante el alto precio del gasoil, que a pesar del acuerdo suscripto entre las petroleras y el Gobierno es muy difícil de conseguir al precio diferencial de 0,75 centavos.
A fin de abril pasado, el Gobierno intentó comprometer a las refinadoras a normalizar el abastecimiento de ese carburante y proveerlo a ese menor precio a los transportistas que acreditaran estar al día con sus obligaciones tributarias y con los controles reglamentarios. Pero ese compromiso no parece suficiente para atender toda la demanda del gasoil, ya que las petroleras días atrás sólo se declararon en condiciones de administrar una cantidad de litros equivalente al 35 por ciento del combustible que demandan en forma conjunta colectiveros y camioneros. Al mismo tiempo que la red de estaciones de servicio organizadas por los empresarios dejó grandes regiones del país sin cubrir.
El acuerdo, rubricado por el decreto 652 del Poder Ejecutivo, también contemplaba la modificación del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial, creado por el ex ministro de Infraestructura Carlos Bastos a mediados del año pasado para subsidiar las tarifas de peaje y algunas obras ferroviarias. En virtud de esta última modificación, los colectiveros del área metropolitana podrían cobrar un subsidio equivalente a 1000 pesos por año y por unidad.
Para instrumentar esta subvención, el Ministerio de Economía decidió transformar los 5 centavos sobre cada litro de gasoil que alimentan aquel fondo en un gravamen del 18,5 por ciento sobre el precio final del producto. Esto supone que la tasa subirá a 8 centavos, que irá creciendo a medida que siga aumentando el valor del carburante y que el pozo a acumular llegaría a alrededor de 1000 millones de pesos anuales.
El 60 por ciento de esos recursos serán utilizados para subsidiar a los concesionarios de peaje e impedir que suban sus tarifas. El 40 por ciento restante tendrá por fin subvencionar algunas obras ferroviarias y, mayoritariamente, “compensar” a los autotransportistas por el aumento del gasoil.
La promesa de beneficiar a los autotransportistas sirvió para que días atrás éstos anularan una medida de fuerza, por la que hubieran suspendido servicios entre las 11 y las 15 horas. Pero la demora en instrumentar el nuevo sistema, así como las dificultades para conseguir gasoil a precio diferencial hizo que éstos vuelvan a la carga con la amenaza de una medida más drástica.
Aun en el caso de que aquel subsidio alcanzara para cubrir íntegramente el gasto en gasoil que tiene durante un año cada colectivo, para los empresarios del rubro no soluciona el problema de la dolarización de los insumos. Según se quejaba ayer Héctor Tilve, la devaluación triplicó el costo de repuestos y nuevas unidades. Este problema ya fue contemplado por la Secretaría de Transporte, que hace días tiene preparado un borrador de decreto para flexibilizar las condiciones de inversión de los colectiveros, limitar la responsabilidad civil en caso de accidentes e, incluso, eximirlos de algún impuesto, al margen de mantenerles las prerrogativas otorgadas por el plan de competitividad.
También habría una norma de semejante tenor para los empresarios de larga distancia, a quienes se les renovaría la licencia por veinte años en lugar de diez, se les extendería el plazo de caducidad de los vehículos y hasta podrían “redistribuir” (suprimir) en rutas no rentables. Estos empresarios se autoexcluyeron de la medida, que sólo afectaría los colectivos de Capital Federal y Gran Buenos Aires.