ECONOMíA
• SUBNOTA › OPOSICION DE DIPUTADOS DEL PJ POR SUBSIDIOS
Ayuda “injusta” a los bondis
Mientras los colectiveros presionan al Gobierno para que se cumpla en todos sus términos el decreto 652 –que convalida el acuerdo para que las refinadoras provean gasoil a precio diferencial y crea un subsidio para los colectivos–, el oficialismo parlamentario lo objeta de lleno. El titular de la bancada justicialista, Humberto Roggero, y su compañero, Oscar González, instaron al Poder Ejecutivo a “suspender en forma inmediata” la norma, a través de un proyecto de resolución, que acompañó con un pedido de informes.
En esas presentaciones, los legisladores oficialistas advierten en primer lugar que el reciente aumento de la tasa de gasoil previsto para subsidiar a los autotransportistas permitiría una recaudación adicional de 450 millones de pesos por año para otorgar una subvención a su juicio “injusta y regresiva”. El principal defecto del subsidio es que impondría un impuesto sobre todos los consumidores del país para beneficiar a los colectiveros del área metropolitana, configurando una transferencia de ingresos del interior hacia la Capital.
Roggero y González también embistieron contra los cambios al Fondo Fiduciario de Infraestructura (se aumenta la tasa sobre el gasoil y se destina el 40 por ciento de lo recaudado a los colectiveros) argumentando con esos cambios el Poder Ejecutivo se extralimitó en sus funciones. Entre otras razones porque al reemplazar el importe fijo de 5 centavos por litro de gasoil por un gravamen del 18,5 por ciento sobre el precio, reemplazaron una tasa por un nuevo impuesto.
El texto parlamentario destaca que la creación de un tributo se hizo, además, invocando las atribuciones especiales que el Congreso delegó al PEN en función de la ley de Emergencia Económica Nº 25.556. Pero la gran omisión es que esta norma fue derogada en diciembre pasado.
Estas, entre otras presuntas inconsistencias, fueron detalladas en un pedido de informes que la bancada justicialista despachó al Poder Ejecutivo. El objetivo de los diputados es promover la derogación del decreto, que no sólo crea un subsidio a los colectiveros sino que obliga a las refinadoras a proveer gasoil más barato.
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