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Roberto Lavagna anunció ayer la firma de un decreto que evitará la disolución de sociedades anónimas que hayan registrado, por efecto de la devaluación, pérdidas equivalentes a 50 por ciento o más de su capital, o que ostenten un patrimonio neto negativo (más pasivos que activos). Esa disposición legal quedaría suspendida hasta fin de año, en una admisión oficial de la poca disposición que existe entre los accionistas, con fondos en el país o en el exterior, de recapitalizar a sus empresas.
En su versión actual, la ley de sociedades anónimas otorga a las que hayan visto mermar su capital social en la mitad o más un plazo de 180 días para realizar el necesario aporte de fondos frescos. Lo habitual era la realización de un inmediato aporte irrevocable para resolver la situación. La alternativa es decidir, por asamblea, una reducción del capital, dando la debida publicidad a ese acto, o disponer la disolución.
Lavagna habló anoche durante el acto en conmemoración del 148 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, e informó además que se modificarán las disposiciones que impiden el ajuste por inflación en el balance de las empresas. Este impedimento rige para las sociedades que cotizan, ya que la Comisión Nacional de Valores no admite esa corrección. El ajuste tuvo vigencia hasta 1991, pero fue abandonado posteriormente, cuando se ingresó en una era de estabilidad.
La Comisión de Impuestos del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas está estudiando una actualización de aquel régimen, procurando evitar las distorsiones que provocaba. De todas formas, el objetivo primordial es evitar que el impuesto a las Ganancias grave beneficios inflacionarios, que no son reales. Estos surgen, por ejemplo, cuando una firma vende bienes de cambio a precios actualizados, muy superiores a los de compra. Sin embargo, como los costos de reposición ya no son los históricos, gravar esa utilidad ficticia conduciría a la descapitalización de las empresas.
En este aspecto, hoy se presentan situaciones muy diversas y complejas por el dispar impacto patrimonial que tuvieron medidas gubernamentales como la pesificación asimétrica, de modo que no hay dos sociedades que hayan sido afectadas de la misma manera.