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Eduardo Duhalde firmó ayer los decretos para aumentar en 100 pesos, por seis meses, los salarios del sector privado –con efecto retroactivo al 1º de julio– y para establecer la jubilación mínima en 200 pesos desde agosto próximo. Los incrementos se efectivizarán con las liquidaciones de haberes de esos meses, que se deberían cobrar en los primeros días de agosto y setiembre, respectivamente. En cambio, no habrá recomposición salarial para los empleados públicos ni se restablecerá el 13 por ciento descontado de sus salarios hace dos años.
Roberto Lavagna descartó esta posibilidad anoche, durante una aparición televisiva. Aseguró que el resto del gabinete compartía su posición, echando por tierra versiones en sentido contrario, y argumentó que el Estado no se encuentra en condiciones de asumir ese costo.
Duhalde rubricó los decretos en su casa particular, en Lomas de Zamora. Permaneció allí durante toda la jornada a causa de una gripe. El ministro de Economía se resistió en un primer momento a aprobar la suba del haber mínimo jubilatorio, pero su par de la cartera laboral, Graciela Camaño, terminó por imponerse en esa pelea.
Respecto de la suba de 100 pesos a los trabajadores del sector privado, el decreto establece su pago obligatorio para todos aquellos encuadrados dentro de las convenciones colectivas de trabajo. El aporte se considerará como “no remunerativo” y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre próximo. El hecho de que sea “no remunerativo” excluye a los 100 pesos del cálculo para el aguinaldo y las vacaciones. Los aportes que deberán hacer los empleados sobre este aumento se limitará a 2,70 pesos y estará destinado al sistema de obras sociales. Queda excluido el aporte previsional. Por su parte, los empleadores pagarán 5,40 pesos sobre dicho monto. Quedan excluidos del beneficio los trabajadores agrarios y del servicio doméstico, en tanto que las empresas que otorgaron mejoras superiores a 100 pesos durante el primer semestre de este año no tendrán la obligación de cumplir con esta normativa.
En cuanto al decreto sobre los haberes jubilatorios –que lleva el número 1275–, establece que el beneficio alcanzará a los pasivos con ingresos inferiores a los 200 pesos mensuales, excluidas las asignaciones familiares. El ajuste será equivalente a la suma necesaria para alcanzar ese importe mínimo, con lo cual si un jubilado o pensionado cobra actualmente 150 pesos el incremento será de 50 pesos, mientras que si recibe 180 pesos, el aumento será de 20 pesos. El subsidio también revestirá carácter de “no remunerativo” pero, a diferencia del aumento de 100 pesos para los trabajadores, no se fija una fecha de finalización de su vigencia.
El decreto también establece que si los fondos necesarios para cubrir este incremento no pueden ser afrontados por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el jefe de Gabinete deberá disponer las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias para cumplir con el pago a los jubilados y pensionados. La norma lleva las firmas de Duhalde, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Trabajo, Graciela Camaño.
Las medidas intentan ser un paliativo ante el brote inflacionario, que en seis meses ya alcanzó al 30,6 por ciento, impactando con mayor dureza sobre los sectores de ingresos fijos y, entre ellos, a los de salarios más bajos, debido a que los mayores aumentos se produjeron en los productos de la canasta básica de consumo.