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El trámite fue corto. El dictador Leopoldo Fortunato Galtieri fue llevado ayer por la tarde al cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, donde el juez Claudio Bonadío lo indagó por su participación en el secuestro, tortura y desaparición de dieciocho personas a principios de 1980. Pero no contestó las preguntas del magistrado. Ahora seguirá preso, pero ya no en su casa. El juez dispuso que lo trasladaran a una unidad militar.
La audiencia duró alrededor de media hora. Galtieri llegó a los tribunales de Retiro poco después de las dos y media de la tarde. Su entrada fue discreta, logró ingresar por una puerta lateral para eludir a los fotógrafos y cámaras de televisión que lo aguardaban. Estuvo acompañado por su abogado Martín Florio y se negó a declarar. El juez y el secretario Diego Agüero cumplieron entonces con los procedimientos de rutina. Le leyeron los delitos que se le imputan, es decir la “privación ilegal de libertad” y “torturas” de un grupo de militantes montoneros que regresó al país como parte de la contraofensiva planeada por la organización. Luego, redactaron el acta correspondiente y el juez ordenó que lo llevaran a una unidad militar. Hasta ayer, el dictador había permanecido en su domicilio, en el barrio de Devoto, ya que padecía una “descompensación cardíaca”.
Otros cuatro acusados cumplieron con el mismo trámite. Fueron el general Jorge Suárez Nelson, el coronel Francisco Javier Molina, el teniente coronel José Ramón Pereiro y el capitán Arturo Enrique Pelejero. Los últimos tres, que fueron representados por el abogado y ex secretario del Menor durante la última dictadura Florencio Varela, tuvieron la misma conducta que Galtieri, se negaron a declarar. Suárez Nelson, en cambio, aseguró que desconocía los crímenes de los que está acusado. Asistido por el abogado José Scelzi, contó que entre 1979 y 1980 era agregado militar en Brasilia y cumplía funciones diplomáticas y luego estuvo en la Escuela de Defensa Nacional. Mónica Pinus de Binstock y Horacio Campliglia fueron secuestrados en Brasil, en el aeropuerto de Río de Janeiro, el 12 de marzo de 1980. Lorenzo Viñas y el padre Jorge Adur también fueron detenidos ilegalmente en ese país, en la frontera de Uruguayana, el 26 de junio del mismo año. Con estos interrogatorios el magistrado ya indagó a, por lo menos, 24 acusados en esta causa.
El miércoles pasado Bonadío ordenó el arresto de Galtieri junto con el de otros 31 militares, cuatro civiles miembros del Batallón de Inteligencia 601, seis ex miembros de la Policía Federal, uno del Servicio Penitenciario y uno de la Gendarmería por el secuestro y asesinato de 18 personas.
Galtieri, miembro de la tercera junta militar de la última dictadura, no fue hasta ahora condenado por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Recibió 12 años por su “negligente” conducción en la guerra de Malvinas, pero fue indultado por el ex presidente Carlos Menem cuando la sentencia aún no había sido ratificada por la Corte Suprema y, por lo tanto, logró además de su libertad conservar su grado militar. Esto le permitía ser invitado y concurrir a los actos oficiales. La última vez que se lo había visto en público fue en mayo de este año, en la celebración por el Día del Ejército que se realizó en el Regimiento Patricios, en el barrio de Palermo.
Durante el juicio a las Juntas, Galtieri fue absuelto de los delitos por los que fue acusado por la fiscalía: once privaciones ilegales de la libertad, tres tormentos, ocho reducciones a servidumbre, sustracción de menor, 242 encubrimientos y falsedad ideológica reiterada en quince oportunidades. Para no ser juzgado por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos mientras era jefe del II y I Cuerpo de Ejército se valió del indulto 1002 que también firmó Menem el 7 de octubre de 1989. Inmortalizado por el dibujante Hermenegildo Sábat con un vaso dewhisky en la mano, no puede salir del país hace tiempo, fue uno de los primeros represores buscados por el juez español Baltasar Garzón.