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La estrategia del Banco Santander Central Hispano (BSCH) para desligar responsabilidades sobre su filial local, el Banco Río de la Plata, llegó hasta el punto de negar la documentación existente en el Banco Central de la República Argentina. En una carta dirigida a un accionista, el director general de la entidad española, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, señaló que Ana Patricia Botín nunca fue presidente del Río. La afirmación dio lugar el pasado lunes 15 a una nueva denuncia penal por parte de ahorristas. La banquera española ya enfrenta una causa por fraude ante el juzgado de Mariano Berges.
La figura de la nueva denuncia fue, una vez más, el fraude publicitario. Pero esta vez no se debe al abundante material institucional que certifica la relación entre el Río y el BCSH, sino que para reforzar el vínculo entre ambas entidades se habría suministrado información falsa al Banco Central.
De acuerdo con lo escrito por Benjumea Cabeza de Vaca, “Doña Ana Patricia Botín no aceptó ni asumió el cargo para el que fue designada por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Banco Río de la Plata S.A. del 27 de abril de 2001, como así consta al Directorio del Banco Central de la República Argentina”. Esta designación es la de presidente de la entidad local.
Sin embargo, de la consulta de la “Información de Entidades Financieras” que el BCRA publica mensualmente surge que Ana Patricia Botín Sanz de Sautuola y Oshea es presidenta del Río desde mediados de 1997. Botín, reemplazó al anterior titular del banco, Gregorio Pérez Companc, luego de que el paquete mayoritario (80,32 por ciento) fuera adquirido por el Santander. A pesar de las amenazas de algunos de sus directivos por la limitada liquidez del banco, el 14 de enero de este año, ya avanzada la crisis financiera, el Grupo Santander aprovechó la baja de las acciones y adquirió otro 18,54 por ciento, sumando así el 98,86 por ciento del capital social.
En la nueva demanda presentada por el estudio que dirige el abogado Carlos Wiater, se sostiene que si la supuesta presidenta nunca aceptó ni asumió el cargo de presidente existió una “orquestación fraudulenta por parte del Río, el SCH y por Ana Patricia Botín” para transmitir a las autoridades monetarias argentinas y a la sociedad en general una realidad falsa. Esto es, que los depositantes contaban con el respaldo de uno de los principales bancos europeos.
El martes, el BSCH respondió a una audiencia de conciliación de la Justicia española (ante el juzgado Nº 67 de Madrid) negando una demanda de los ahorristas argentinos para que la entidad devuelva los depósitos del Río. En apenas cinco minutos un representante del SCH expresó “que no hay nada que acordar”. El argumento fue que el Santander no era la matriz del Río, ya que este último era una “sociedad anónima y no una sucursal”.
La documentación interna utilizada por el Río antes del corralito, parecía transmitir vinculaciones distintas. Los contratos de fideicomiso, por ejemplo, incluían textos como el siguiente: “Banco Río, Grupo Santander, a través de su departamento Securities Services, ofrece una amplia gama de servicios relacionados (...), tanto en Argentina como en el exterior. Nuestros servicios se encuentran en línea con los que ofrece el Grupo Santander en España, México, Portugal, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y Chile”. Y si la palabra escrita resultaba insuficiente, también existía el capital simbólico. La hija del presidente del Santander, Emilio Botín, era la presidenta del Río. O al menos así lo informaba el BCRA.
El Grupo Santander tiene ya varios frentes judiciales abiertos, tanto en la Argentina como en España. A los accionistas del banco que están lejos de controlar el Consejo de dirección les preocupa la amplia red de sociedades vinculadas con domicilio en paraísos fiscales, desde Suiza a Panamá, a las Bahamas, Luxemburgo y Gibraltar. El SCH tiene 20 filialesdeclaradas en paraísos fiscales, pero en las juntas de accionistas se denuncia la omisión de más de 400.
Además de las presuntas pérdidas provocadas por el Banco Río, cesiones de créditos y contabilidad poco clara, a Ana Botín y a su padre Emilio, se les atribuye otro pésimo negocio para los accionistas, la compra del portal financiero Patagon.com, en el que se invirtieron cerca de 800 millones de dólares y que ya ha provocado pérdidas por 700 millones.