El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y su par de Interior, Aníbal Fernández, firmaron ayer un convenio marco de cooperación para coordinar acciones tendientes a la registración laboral y regularización migratoria de los trabajadores extranjeros. Una de las dificultades para blanquear a los inmigrantes informales suele ser su condición “ilegal”. Por lo tanto, a partir de ahora, cuando en las inspecciones laborales se detecten inmigrantes sin documentos, se acelerará su regularización migratoria, para luego poder exigirle a la empresa el blanqueo. “Desde que llegamos al gobierno la cantidad del empleo informal disminuye de manera sistemática, lentamente, y a eso apostamos”, aseguró Tomada.

El convenio combinará las acciones de fiscalización del Plan Nacional de Regularización del Trabajo con el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria Patria Grande, que comenzó a implementarse en abril de 2006 y prevé la regularización de los ciudadanos nativos de los países del Mercosur y sus Estados asociados: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Al momento de su puesta en marcha, las autoridades de Interior destacaron que el objetivo era normalizar la situación de 750 mil personas. “Muchas veces las empresas se valen de los que no tienen documentación porque saben que no se pueden quejar, ya que corren el riesgo de ser expulsados. Entonces, no solamente los hacen trabajar muchísimas horas, sino que les pagan muy poca plata”, destacó Fernández.

El Programa Patria Grande fue anunciado a fines de 2005, pero su implementación comenzó en abril del año pasado, de apuro, luego del incendio ocurrido tres semanas antes en un taller textil del barrio de Caballito donde murieron seis inmigrantes bolivianos que trabajaban en condiciones de esclavitud. La vinculación con el incendio fue tan estrecha que se incluyó un “procedimiento especial de regularización que comprenderá a nacionales de Bolivia que hayan sido víctimas de explotación laboral en talleres clandestinos de costura o establecimientos similares”. Por su parte, el Plan de Regularización del Trabajo viene llevándose adelante desde el comienzo de la gestión Kirchner, pero los resultados fueron escasos. A mediados de 2003, el 49,7 por ciento de los asalariados trabajaba en negro y a fines del año pasado esa cifra había disminuido a 42,9 por ciento, una baja exigua si se la compara con la evolución de otros indicadores como desempleo y pobreza.

Tomada comentó ayer que “en la Argentina había una suerte de tolerancia, cuando no de fomento del trabajo en negro” y añadió que “esa es la realidad que hemos venido a combatir, esos números fueron los que nos dejaron las políticas de exclusión y precarización y nosotros hemos venido a darlos vuelta”. “Por eso, desde el 2004 el trabajo en negro, por primera vez en treinta años, en la Argentina ha comenzado a disminuir”, indicó. Por su parte, Fernández apuntó que “cuando el ministro de Trabajo plantea la lucha contra el trabajo en negro, nadie puede hacerse a un costado, sacarse el lazo con la pata, ya que es una responsabilidad de todos”. El convenio prevé una duración de dos años, quedando prorrogado automáticamente por períodos similares si ninguna parte lo objeta.