Economistas de distintas tendencias debaten por estos días qué hacer frente a la inflación. Con tono más o menos alarmista, desde la ortodoxia se plantea que la suba de precios es un problema grave que debe ser enfrentado con una estrategia que combine un enfriamiento de la economía, una caída del tipo de cambio y una menor intervención del Estado en la formación de precios para no desalentar la inversión privada. El Plan Fénix se sumó a la polémica con la presentación de un documento donde fija su posición ante esas recomendaciones y aporta las propias. Parte de la base de que “el crecimiento debe ser preservado ante todo”, y sobre ella acumula una serie de argumentos que defienden la salida heterodoxa.

Los economistas de la Universidad de Buenos Aires que componen ese espacio de pensamiento coinciden con el gobierno nacional en aquella primera definición. Pero se distancian a medida que analizan la implementación de algunas políticas. En particular, cuestionan la intervención del Indec y que en lugar de crear canales institucionales para negociar con los formadores de precios se apele a diálogos y acuerdos informales. Son dardos que apuntan al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

El documento se titula “El debate sobre la inflación: ¿reducir o sostener el crecimiento?”. La primera parte describe el diagnóstico de quienes recomiendan frenar la expansión económica. Para ellos, sostienen desde el Fénix, existe un persistente proceso inflacionario que debe ser interpretado como una señal de alarma. “La economía se encontraría en una situación de sobreexigencia en relación con la capacidad instalada; en otras palabras, parten de la hipótesis de que la inversión no es suficiente para asegurar el crecimiento a los ritmos actuales”, indican. “Esta lectura –agregan–, se funda sobre un diagnóstico de inflación de demanda (...), donde se supone que la producción no puede crecer para satisfacer el crecimiento” del consumo.

Para el Fénix, la visión es errada por distintas razones, pero entre las principales figura un hecho inapelable: la producción, en lugar de estancarse, sigue creciendo. “Es un hecho que la economía, así como la inversión, continúan creciendo a tasas sostenidas y, si realmente existiera un límite físico a la producción, la brecha de demanda se manifestaría solamente a través de incrementos de precios o de importaciones. La evidencia indica, sin embargo, que la actividad productiva continúa una trayectoria ascendente, en la que la participación de los sectores productores de bienes conserva un comportamiento hegemónico.”

En consecuencia, el documento considera viable que el PIB pueda continuar su expansión a tasas elevadas, con un horizonte al 2010, si se mantiene el crecimiento de la inversión.

Alfonso Prat Gay, ex presidente del Banco Central, es uno de los economistas que recomienda, a contramano de la visión del Fénix, moderar el crecimiento. Ayer sostuvo que sería conveniente bajar “de 9 a 5” puntos la expansión del PIB y que el Banco Central deje de intervenir para sostener el dólar. Si bien no lo expresó, la receta clásica que vienen planteando desde la ortodoxia es reducir el gasto público y, en particular, las obras de infraestructura. El Gobierno se niega, así como defiende el aumento del gasto en jubilaciones. Prat Gay también aseguró que “la inflación está desbocada”.

Para el Fénix, la escalada de precios exige una pronta intervención del Estado, dado que si bien se trata de “una inflación media”, “manejable por las autoridades”, que no muestra “una situación de descontrol”, constituye un problema por su impacto social –especialmente en los sectores de bajos ingresos, para los desocupados y los trabajadores informales– y por el riesgo de que sectores empresarios con poder para fijar precios los aumenten para sacar ventajas en la puja distributiva o los suban en un comportamiento defensivo que retroalimente el proceso.

“Es menester que el Estado asuma un rol activo de arbitraje” frente a la puja distributiva, para “salvaguardar el crecimiento y la capacidad adquisitiva de los sectores menos favorecidos”. El Fénix reconoce que el Gobierno intentó actuar en esa dirección, pero “la naturaleza y el alcance de los instrumentos no parecen suficientes”. “Es menester que el Estado actúe, con sólidas bases técnicas, en una negociación –que sin duda será dura– con los sectores con capacidad de formación de precios”, insiste. Y pide la ampliación de medidas de defensa de la competencia. Se trata de la articulación de políticas para fortalecer la intervención del sector público, en lugar de avanzar por canales informales y personalistas, en alusión implícita a Moreno.

“Las medidas concretas que se diseñen desde estos principios deben formularse en un marco de debate y confrontación de ideas abierto, y donde el Estado muestre capacidad tanto para fundamentar técnicamente sus decisiones como para explicar a la sociedad su sentido”, aconsejan. En contraposición, los economistas de la UBA reclaman que “situaciones como las que vive (el Indec) no deben reiterarse bajo hipótesis alguna”. “La producción de información confiable –alertan– es una condición vital para que la sociedad pueda tener un adecuado conocimiento de lo que ocurre.”

El diagnóstico del Fénix es que uno de los factores de la inflación es el reacomodamiento de precios relativos en una economía que parece encaminada al pleno empleo, el cual es uno de los mayores objetivos de toda política económica. Por tanto, “no es necesario recurrir a apreciaciones cambiarias (...) ni mucho menos detener la expansión. Por el contrario, la mayor oferta de bienes y servicios es en última instancia la mejor arma contra la inflación”.