La incapacidad del sistema gasífero para sostener la demanda en días de temperaturas extremadamente bajas, como las de esta semana, puso en debate la política del sector. Ayer, salieron a la calle los taxistas que se proclamaron víctimas de la situación por la restricción en las ventas de GNC. Mientras tanto, el Gobierno y las empresas distribuidoras destacaron que, pese a la crítica situación, se mantuvo inalterado el suministro de gas a todos los hogares abastecidos por red. Las estaciones expendedoras de GNC no fueron los únicos a los que se les interrumpió –total o parcialmente, según la zona– el abastecimiento de gas: antes, la industria con contratos interrumpibles o firmes, otros grandes usuarios comerciales y las usinas térmicas habían corrido igual suerte, como también las empresas que comercializan en Chile el gas argentino. El menor frío que se pronostica para el resto de la semana aliviará las tensiones, aunque el debate queda planteado. ¿Faltan incentivos a la inversión privada o se hará necesario una mayor regulación del consumo para administrar un bien escaso?

Ricardo López Murphy, cuyo origen profesional es FIEL, un tradicional lobby de los grupos económicos más concentrados, ayer acusó al Gobierno de “incompetencia” por no generar las condiciones más favorables para las inversiones, lo cual se podría traducir como un reclamo de aumento de tarifas. Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación, responsabilizó a las empresas productoras de estar inyectando en cabecera de gasoducto menos volumen de gas por limitaciones en la producción, y a las distribuidoras por la menor presión con la que estarían recibiendo el fluido los hogares conectados a la red.

En un encuentro académico del que participó en Chile, López Murphy calificó de “dramática” la decisión argentina de disminuir el envío de gas al país vecino. “Yo intenté explicarles a nuestros hermanos chilenos que esto es producto de la irresponsabilidad, pero no hay maldad”, ironizó, para luego pararse del lado del reclamo chileno por la “imprevisión” y “la crisis de oferta” que les genera la decisión del gobierno argentino. “Esta gente no sabe lo que hace”, reflexionó después refiriéndose a las autoridades nacionales.

Lo que López Murphy no apuntó es que los contratos y compromisos de exportación a Chile tienen origen privado. Es decir, petroleras que operan en yacimientos argentinos firmaron contratos de exportación, y construyeron los gasoductos trasandinos que las hicieran posible, durante la segunda mitad de los ’90. De esta forma, quedó definido un absurdo compromiso de exportar 11,1 millones de metros cúbicos diarios por esa vía, más otros 14 millones utilizando la red de gasoductos nacionales pertenecientes al sistema de transporte interno. Este absurdo, en un país que produce 120 a 125 millones de metros cúbicos diarios y consume entre 100 y 120 millones diarios, pero con tendencia creciente, sólo fue posible en el marco de las políticas de libre contratación y utilización de los recursos naturales que el propio economista de FIEL defiende.

El estrangulamiento del abastecimiento en los últimos días no impidió que Chile continuara recibiendo entre 3,5 y 4 millones de m3 de gas entre el fin de semana y el martes último, y que a partir de la mañana de ayer reanudara el abastecimiento normal para esta época.

Pese a las pretensiones privadas, las exportaciones a Chile quedaron incluidas en el volumen de operaciones sujetas a suspensión en caso de necesidad de abastecimiento al mercado interno. Igual ocurre con las ventas con contrato “interrumpible” a la industria y grandes usuarios, y el mismo concepto se hizo extensible a los contratos “en firme” –teóricamente sin interrupción– de esos mismos clientes y de las centrales térmicas. El objetivo explícito es preservar el suministro a los hogares, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor demanda tiene que ver con las inclemencias de las bajas temperaturas invernales. Lo que desde ayer se discute es si las ventas de GNC deben contemplarse como un rubro “interrumpible” más o a la par del consumo domiciliario.

Todo ello tiene que ver con la administración, en el corto plazo, de un recurso escaso. En el mediano y largo plazo, la cuestión es si apuntar a un sistema que deba estar capacitado para atender los consumos extremos que sólo se producen unos pocos días al año o si, por el contrario, debe buscar regular el consumo orientándolo hacia aquellos usos socialmente más deseables. Por ejemplo, no tendría sentido hacer inversiones antieconómicas –sólo rendirían para cubrir la demanda de unos pocos días en el año– para abastecer combustible barato a industrias contaminantes, consumos suntuarios o exportaciones en provecho de multinacionales petroleras.

Cualquiera sea la meta de capacidad disponible a la que se aspire, la otra cuestión de fondo es quién hará las inversiones. Pese a las evidencias en contrario, desde los sectores económicos dominantes se insiste en que lo más eficiente es dar señales en favor del sector privado para alentar las inversiones. Esto quiere decir altas ganancias aseguradas. El fracaso del sistema a de los ’90 demuestra que, otra vez, el Estado deberá ser el actor principal, al definir las inversiones prioritarias e incluso –por sí o asociado– en la realización de las mismas. Lentamente, se perfilan algunas respuestas en este último sentido. Pero demasiado lentamente, frente a un consumo que crece a ritmo muy acelerado.