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El Ministerio de Economía envió ayer a Washington un borrador con algunas cifras para la carta de intención de un nuevo programa con el FMI. La estimación oficial es que el Producto Bruto Interno caerá en el año un 11 por ciento. Hay dos formas de ver ese dato. Una es que se trata del mayor descenso de la historia, que es dos veces y media superior a la baja de 4,5 puntos del 2001 y que supera incluso el retroceso de 8,7 por ciento acumulado a lo largo de la crisis. Pero en el Palacio de Hacienda destacan que el nivel es muy inferior al 16 por ciento que proyectaba el FMI hasta el mes pasado e incluso más bajo de lo que suponía el propio Gobierno. Los datos del segundo trimestre, que se darán a conocer en los próximos días, arrojaron una caída interanual del PBI del 14 por ciento, cuando el Fondo estimaba que sería del 20,3 por ciento. Esto, para Economía, es una señal de recuperación.
Las proyecciones oficiales establecen que a lo largo del año la inflación será algo inferior al 45 por ciento. En este punto, los funcionarios también sienten que les ganaron una pulseada a los técnicos del FMI, dado que éstos habían barajado que el Indice de Precios al Consumidor registraría una suba anual del 80 por ciento. Las primeras informaciones que recogieron en Hacienda sobre la evolución de los precios este mes indican que el IPC estaría por debajo del 3 por ciento. Con respecto al impacto que un incremento en las tarifas de los servicios públicos tendría sobre la inflación minorista, los datos que manejan en Hacienda son que un ajuste del 10 por ciento en electricidad, agua, gas y telefonía produciría un alza del IPC del 0,8 por ciento. Esto no quiere decir que los aumentos vayan a ser de esa magnitud, aclaran.
Para el dólar, en tanto, la cotización que figura en el borrador de la carta de intención para fin de año es 3,60. Otro dato es que la pauta de crecimiento de la actividad económica para el 2003 es del 3 por ciento. El intercambio de borradores de la carta de intención ocupará la atención del Ministerio de Economía durante las próximas semanas. Una tarea más urgente que se reserva Roberto Lavagna es intentar convencer a los jueces de primera instancia en lo Contencioso Administrativo que dejen de conceder amparos a los ahorristas atrapados en el corralito. Para ello, las autoridades de Economía pidieron audiencias con los magistrados. En Economía reconocieron que, hace un mes, Lavagna tuvo reuniones con algunos de los miembros de la Corte Suprema para solicitarles que apoyen el corralito y terminen con los amparos.
“Queremos explicarles cómo estos recursos afectan al sector financiero en particular y a la economía en general”, dijeron cerca de Lavagna. A la par de este intento por frenar el drenaje de dinero del corralón, el equipo económico estudia alguna nueva medida de carácter legal para reforzar la Ley Tapón y el decreto antiamparos, ambos de escasa efectividad. Lavagna llama a esa medida el Plan B, y se tomaría hacia fines de esta misma semana.
Lavagna insistió ayer en que no habrá una apertura del corralito “hasta que los amparos estén cerrados”. “Nada que nos haga correr algún peligro en materia inflacionaria y que no tenga algún efecto positivo en la producción se hará hasta que los amparos estén cerrados”, remarcó. Otro tema que anunció el ministro, en línea con lo acordado con el FMI, es que el Gobierno aceptó un canje de la deuda provincial con los bancos, por 24 mil millones de pesos, por un título con respaldo del Estado nacional a 16 años. “Esto es fundamental porque permite el reordenamiento financiero de las provincias”, destacó. El bono pagará una tasa de interés del 2 por ciento anual más el ajuste por el CER, y se cancelará con la afectación del 15 por ciento de los recursos coparticipables.