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Las principales empresas proveedoras de servicios públicos mantienen resultados operativos considerablemente positivos a pesar de la fuerte recesión. Lo mismo ocurre con muchas de las grandes firmas de otros sectores. La devaluación, no obstante, provocó una situación de “quiebra contable”, que es utilizada por las empresas para demandar aumentos tarifarios que no guardan relación con los costos de provisión, o como argumento para intentar cargar el costo financiero del endeudamiento privado al conjunto de la sociedad. Un análisis sobre los principales rubros de los balances de estas firmas, realizado por el Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina (Cespa), muestra, además, que el resultado inmediato de esta ficción contable es la virtual desaparición de la base del impuesto a las ganancias.
La discusión sobre los efectos de la salida de la convertibilidad en la situación patrimonial de las empresas comenzó con la misma devaluación. El debate, que asumió muchas veces la forma de presiones empresarias, incluyó desde noticias alarmantes sobre la quiebra masiva de firmas hasta demandas por seguros de cambio y recomposiciones tarifarias desproporcionadas. La investigación realizada sobre 3 variables clave de los balances de una reducida muestra de grandes empresas –ventas, beneficios y situación patrimonial– presenta una base real sobre la cual ponderar los verdaderos efectos de la devaluación en la operatoria de las firmas locales.
La muestra considerada por el Cespa, entidad que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, incluye a 6 de las principales proveedoras de servicios públicos –Edenor, Edesur, Metrogas, Metrovías, Telecom y Telefónica–, cuya evolución está fuertemente condicionada por el consumo popular, y a 6 de actividades varias, pero con un fuente componente de exportaciones –Acindar, Siderar, Siderca, Repsol-YPF, TGN y TGS–. Aunque reducida en cantidad de firmas, la composición escogida sintetiza las nuevas tendencias de la economía argentina.
Del análisis surge que durante el primer semestre de 2002 las ventas de las empresas de servicios públicos, comparadas con igual período de 2001, mostraron una baja del 3 por ciento. Sin embargo, si se excluye a Telefónica –firma que presenta una suba no explicada del 20 por ciento entre ambos períodos– la caída promedio alcanza el 13 por ciento. En el otro extremo se encuentra Metrovías, la más dependiente de la evolución del consumo popular, que mostró una baja entre los dos trimestres del 30 por ciento. Estos datos son explicados completamente por la caída de la actividad interna. En contraste, las 6 empresas de actividades diversas muestran una tendencia reciente al incremento de sus ventas, el que se explica principalmente por el impacto positivo del mayor valor en pesos de las exportaciones. Aunque con diferencias apreciables entre sus integrantes, el grupo presenta un aumento promedio del 20 por ciento. Todavía no se conocen los balances de las 12 firmas consideradas para el segundo trimestre, pero todo indica que estas tendencias se profundizarán cuando se conozcan todos los balances del segundo trimestre de 2002.
Uno de los datos llamativos del trabajo del Cespa surge del análisis de los resultados de explotación de las privatizadas, las que “a pesar del efecto combinado del congelamiento de tarifas y de la caída de la demanda, mantienen resultados operativos que no son desdeñables” (cuadro 1). Salvo en los casos de Metrogas y Metrovías, los beneficios del primer trimestre de 2002 fueron superiores a los del trimestre anterior. En la comparación interanual, en tanto, los resultados son heterogéneos. Para las dos empresas nombradas los resultados fueron negativos, las eléctricas mantuvieron sus niveles y las telefónicas cayeron levemente. La primera consecuencia de esta evolución es que el congelamiento de tarifas, segúnmuestran los balances, “no provocó deterioros significativos en la rentabilidad operativa de las empresas”.
Para las restantes 6 empresas, en cambio, los resultados de explotación durante el primer trimestre de 2002 fueron claramente positivos (con la sola excepción de Siderar, ver cuadro 2) y más elevados en magnitud que en cualquiera de los 4 trimestres previos. Dada la nueva estructura de precios relativos, estos resultados eran previsibles.
Una vez considerados las ventas y los beneficios operativos, las cosas cambian significativamente. Los resultados ordinarios exhiben diferencias extremas a las mencionadas (ver cuadros 3 y 4). Las 6 empresas de servicios suman pérdidas superiores a los 6000 millones de pesos. La cifra contrasta con la ganancia de 112 millones del primer trimestre de 2001 y la pérdida de apenas 13 millones a final del año. En las 6 firmas restantes las pérdidas también son importantes, aunque algo menores, 2336 millones. La causa de estos resultados fue la devaluación, que multiplicó abruptamente el valor de los pasivos en divisas sin que se registren revalúos acordes para los activos.
Si se evalúa el pasivo total del conjunto de las 12 empresas se encuentra que los casi 15.600 millones existentes al 31 de diciembre de 2001 pasaron a 37.200 millones tres meses después. Esto significó una punción de 7300 millones de pesos en los patrimonios netos, disminución que habría sido mucho mayor si no se hubiesen revaluado parcialmente algunos activos.
Sobre estos datos, el trabajo elaborado por Jorge Schvarzer y Mariana Rojas Breu obtiene tres consecuencias:
- La devaluación impacta sobre la deuda y el flujo de pagos de intereses generando resultados negativos “que no siempre están en correspondencia con la situación real de la empresa en cuestión”. Este efecto es más pronunciado en el caso de las firmas de servicios.
- A pesar de la normativa contable que obliga a dividir las pérdidas por devaluación en 5 períodos, “posiblemente la mayoría de las empresas no pagará impuestos a las ganancias”. Si este efecto no es compensado por otros tributos habrá una significativa disminución en los ingresos fiscales.
- Por último, el grupo de las privatizadas puede demandar aumentos de tarifas que no guardan relación con sus necesidades operativas, aunque sí con sus registros contables.
Frente a la demanda de transferir el costo financiero a la sociedad o a los usuarios –y más allá del trabajo del Cespa– caben algunas preguntas cuyas respuestas no pueden extraerse de los balances: ¿Cuál fue el destino de las ganancias extraordinarias obtenidas durante la década del 90? En el caso de estar en el exterior, ¿no fueron invertidas en otros activos que deberían estar generando dividendos en divisas? Si los planes comprometidos en las licitaciones establecían que las inversiones a realizar no podían tener como contrapartida pasivos, ¿por qué entonces los pasivos en dólares son tan altos? ¿Cómo se componen esos pasivos? Por último: ¿Por qué no existen datos contables que permitan conocer el costo de producción de los servicios?