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Con su fallo redolarizador del miércoles, la Corte Suprema reafirmó su oficioso papel de conducción económica paralela. Más que un tribunal es un policy maker, un cuerpo que dicta políticas, so pretexto de velar por las garantías constitucionales. Pero con una peculiaridad inquietante: sus criterios son inescrutables, lo que multiplica su capacidad de suscitar incertidumbre. Mientras que el ministro de Economía o el presidente del Banco Central dan a conocer sus ideas y en general anticipan las grandes líneas de su gestión, aunque después puedan desviarse en mayor o menor grado de la ruta, los miembros de la Corte actúan según criterios herméticos. Como además no tienen plazos, nunca se sabe cuándo descargarán sus golpes. Se diría que hasta les gusta el factor sorpresa.
Este juego macabro condiciona a todo el mundo. A punto tal de que ahora entre el ministro de Economía y los banqueros se discute si el Gobierno debe o no aprovechar los 60 días que la Corte les dio a San Luis y al Banco Nación para ponerse de acuerdo, y anticiparse con alguna medida (un bono compulsivo, por ejemplo) a la expiración del término, porque tras su caducidad se vendrá otro temible pronunciamiento del alto tribunal. Pero Roberto Lavagna se rehúsa a las presiones, argumentando que no tiene por qué mover ninguna pieza mientras no haya otro fallo. La lógica se ha invertido: ahora Economía actúa por reacción. La iniciativa no la tiene el Poder Ejecutivo sino la Justicia.
Eduardo Duhalde va aún más allá, y confiesa radialmente su preocupación de que los jueces también demuelan la pesificación de las deudas, y no sólo de las bancarias. El Presidente vaticina que ello generaría una situación muy difícil. Aunque la desdolarización lleva ya más de un año, cinco supremos magistrados amenazan todavía con deshacerla, y el ocupante de la Casa Rosada admite sin pudor su impotencia ante el peligro. Ni siquiera tiene en cuenta que Roberto Lavagna optó, tras el fallo, por restarle toda importancia y aventar cualquier temor (o esperanza) de que la despesificación se propagará a todos los depósitos y también a todas las deudas.
Mientras tanto, tribunales inferiores siguen soltando sentencias redolarizadoras de toda clase de obligaciones. Cuando el juez Gerardo Nani, que falló contra la deudora de una hipoteca entre particulares, llama al peso “moneda envilecida”, está dejando traslucir la concepción monetaria que prevalece en algunos ámbitos judiciales y ciertamente en la Corte. Esta, como herencia de la era menemista, considera en definitiva que la moneda de la Argentina debe ser el dólar y no el peso. De hecho, a éste le va a costar mucho reinstalarse plenamente como signo monetario mientras siga merodeando el dólar como medio superior.
La interferencia de la Justicia acompañará a Duhalde-Lavagna hasta el final y luego jaqueará la posibilidad del futuro gobierno de diseñar y ejecutar un plan. De las elecciones no sólo surgirá un gobierno débil, desprovisto de suficiente apoyo parlamentario, sino también expuesto a que los jueces deshagan sus actos, temporaria o definitivamente. Podrá decirse que así se garantiza la seguridad jurídica. Pero, a los efectos prácticos y por la politización de la Justicia, la sensación es que los jueces también pueden aumentar la inseguridad, como es hoy la experiencia de cualquier deudor pesificado. Y esa inseguridad tiene un pesado costo para la economía porque paraliza las decisiones.