Los bancos y las empresas emisoras de tarjetas de crédito se reunirán entre hoy y mañana para iniciar una negociación sobre las comisiones que cobran a los supermercados por el uso de los plásticos. La intención de la Secretaría de Comercio Interior es lograr que esos costos pasen del tres al 0,75 por ciento sobre el total de las compras facturadas y así prolongar el congelamiento de precios acordado con las grandes cadenas de supermercados.

El sector bancario, a través de sus distintas cámaras empresarias, se caracteriza por demorar una respuesta a los reclamos de cambios de política presentados por el Gobierno, pero cuando los interlocutores del Poder Ejecutivo, ya sea el Banco Central o Comercio Interior, se ponen firmes, las entidades terminan implementándolos. Así sucedió cuando después de un año de infructuosas reuniones y conversaciones con la autoridad monetaria, el sector fue forzado a través de una regulación del BCRA a prestar el equivalente al cinco por ciento de sus depósitos para financiar inversiones productivas a una tasa fija accesible y mediano plazo. La política se terminó cumpliendo sin inconvenientes.

En esta oportunidad, los bancos no esperaban quedar involucrados en los acuerdos de congelamiento de precios y fueron sorprendidos por el pedido del Gobierno, pero saben que deben negociar en los términos y condiciones que plantea Moreno. Para las grandes entidades como Santander Río, Galicia, BBVA Francés y Standard, las comisiones que cobran a los supermercados por compras con crédito y débito así como el financiamiento de saldos representan un rentable y voluminoso negocio que no quieren perder a manos de una nueva tarjeta. Por eso las entidades deberán negociar con Visa y Mastercard para ofrecer al Gobierno una rebaja de comisiones –y otros elementos– que les permita conservar la operatoria.

La Secretaría de Comercio Interior es la autoridad de aplicación de la Ley de Tarjetas de Crédito en todas las cuestiones referidas a aspectos comerciales, “pudiendo dictar las respectivas normas reglamentarias y ejercer las atribuciones de control, vigilancia y juzgamiento sobre su cumplimiento”. Por su parte, el BCRA es autoridad de aplicación en los aspectos financieros. La legislación sancionada en 1998 sostiene que el emisor de un plástico “no puede fijar aranceles diferenciados en concepto de comisiones u otros cargos, entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación con iguales o similares productos o servicios”. El máximo que pueden cobrar de comisiones es tres por ciento para las tarjetas de crédito y 1,5 por ciento para las de débito.

Además de las comisiones que cobran Visa y Mastercard por las compras con tarjetas de crédito, el objetivo del Gobierno es discutir las comisiones por las operaciones con débito y la tasa de financiación que los bancos cargan por los saldos en los plásticos.