En febrero de 2014, la Agencia Tributaria de España anunció que investigaría las declaraciones de contribuyentes que habían ingresado a la amnistía fiscal y que presentaban indicios de provenir del lavado de dinero. A través de esa moratoria, el Ejecutivo español esperaba recaudar 2500 millones de euros, además de atraer miles de millones de dólares del dinero fugado hacia paraísos fiscales. La fiscalía de Madrid ordenó arrestar ayer por ocho horas a Rodrigo Rato para allanar su casa y su oficina en busca de información que pueda corroborar la hipótesis de delito, ya que Rato está en la lista de 705 contribuyentes que están en la mira. Por otro lado, Rato enfrenta dos procesos judiciales por su actuación presuntamente fraudulenta en Bankia y la Caja Madrid.

Uno de los juicios que enfrenta Rato es por el cobro de un sueldo de seis millones de euros de la banca de inversiones Lazard, en la que trabajó como asesor, firma que luego hizo el informe financiero para que Bankia cotizara en la Bolsa. El problema surgió porque luego de Lazard, Rato pasó a ser el presidente de Bankia, y la salida bursátil de la empresa, según confirmó el Banco de España, se realizó en base a números irreales. Rato está imputado por presuntos delitos de estafa, falsedad contable y administración desleal, entre otros.

Por otro lado, Rato también está acusado de haber aprobado el uso indebido de fondos de Caja Madrid y Bankia a través de “tarjetas opacas” en las que él y otros directivos cargaban exorbitantes gastos personales. Bankia fue rescatada en 22.500 millones de euros por el Estado español en el medio de la crisis financiera, lo que constituye para muchas analistas uno de los mayores bochornos económicos de la historia del país. Con esos antecedentes, Rato fue expulsado del Partido Popular y también de su puesto en el consejo asesor internacional del Santander, que ocupó entre 2008 y 2010.