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La decisión de aplicar cortes programados de luz registra su último antecedente durante la etapa final del gobierno de Raúl Alfonsín. La crisis energética había activado las primeras alarmas en abril de 1988. El lunes 18, el gobierno empezó a aplicar cortes de luz rotativos en tres turnos de cinco horas. El entonces secretario de Energía, Roberto Echarte, informó que la medida se había tomado por el bajo caudal de los ríos que alimentaban a grandes represas, como El Chocón, Alicurá y Salto Grande, y porque las dos centrales nucleares –Atucha y Embalse– se encontraban fuera de servicio. Además, la escasa disponibilidad del parque térmico también había generado complicaciones. Aquella serie de cortes concluyó el 2 de mayo, una vez que Atucha y Embalse comenzaron a operar de nuevo, pero el sistema eléctrico continuó entre algodones.

El 15 de agosto, Atucha salió de servicio nuevamente por un desperfecto. Entonces, el aporte de las represas hidroeléctricas continuaba siendo escaso por la sequía, lo que obligó a forzar aún más a las centrales térmicas hasta que en diciembre el sistema colapsó. El lunes 12 volvieron los cortes de luz. La empresa estatal Segba dividió a la ciudad de Buenos Aires en diez zonas, desde A1 hasta E2, y después dividió esas áreas hasta conformar 212 cuadrículas en las que iba cortando la luz rotativamente en turnos de cinco horas. Un esquema similar implementó en el conurbano. Todos los días se difundía un largo listado con el detalle de los cortes por área. La promesa oficial fue que la interrupción del servicio duraría dos semanas, pero lo que vino después fue peor.

El 20 de diciembre, el gobierno limitó el horario de emisión de los canales de 12 a 24 horas, redujo el alumbrado público a la mitad y ordenó apagar vidrieras y marquesinas. Una semana después, ya con Embalse también fuera de servicio por otro desperfecto, se ampliaron los cortes a todo el microcentro, incluyendo sanatorios, hospitales, bancos y dependencias oficiales. Finalmente, el gobierno decretó la emergencia energética en todo el país el 4 de enero. La medida extendió los cortes de luz a seis horas diarias, en dos turnos de tres horas, y redujo las transmisiones televisivas a cuatro horas (de 19 a 23).

La noche del viernes 13 de enero de 1989, el presidente Alfonsín convocó a sus principales colaboradores a la quinta de Olivos para analizar la situación. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, detalló ante sus pares del gabinete el estado del suministro y las medidas adoptadas para tratar de evitar un apagón generalizado. Lo hizo en una sala iluminada apenas con un sol de noche. Por entonces, los cortes habían comenzado a ser sorpresivos. Ya ni siquiera se respetaba el cronograma de seis horas diarias por zona. Las protestas de la población eran generalizadas e incluso llegó a haber enfrentamientos entre los que no tenían energía y los que la “derrochaban”. Una madrugada, una mujer rompió con una maza cuatro vidrieras del supermercado El Hogar Obrero en Rivadavia al 5100. “Yo no puedo dormir por el calor y la falta de luz y acá la derrochan alumbrando vidrieras”, afirmó. Recién a partir de abril de 1989 la situación comenzó a “normalizarse” y con la crisis hiperinflacionaria de los meses siguientes pasó a segundo plano.